Pide Suecia a Reino Unido detener a fundador de WikiLeaks

lunes, 6 de diciembre de 2010

MÉXICO, D.F., 6 de diciembre (apro).- Al tiempo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró los ataques y amenazas contra WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, la orden de detención emitida por la fiscalía de Suecia contra el creador de la página web llegó al Reino Unido.
    Según informaciones difundidas por la BBC de Londres, las autoridades británicas deben analizar el contenido de dicha orden, que modificaba una anterior con deficiencias, antes de proceder a ejecutarla.
La fiscalía sueca acusa a Assange de delitos de agresión sexual, cargos que el australiano niega y que su abogado británico ha relacionado con una posible "maniobra política".
El asunto "es bastante extraño, porque el fiscal sueco abandonó todo el caso contra él en septiembre (...) y unas semanas más tarde --tras la intervención de un político sueco-, un nuevo fiscal, no en Estocolmo, donde se encontraban Julian y esas mujeres, sino en Gotemburgo, comenzó un nuevo caso que ha resultado en estas órdenes y en la notificación roja de la Interpol", señaló el abogado de Assange en Reino Unido, Mark Stephens.
Asimismo, señaló que si su cliente es finalmente detenido, luchará contra su posible extradición a Suecia, ya que teme que de ahí pueda ser entregado a Estados Unidos, donde algunos políticos han llegado a pedir su ejecución.
En tanto, el Tribunal Supremo de Suecia decidió hace tres días desestimar un recurso presentado por Assange contra la orden de detención girada en su contra.
    De otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró los ataques y amenazas contra WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, y exhortó al gobierno de Estados Unidos a cesar cualquier estrategia política, legal o en el ciberespacio, que limite la libertad de expresión en Internet.
WikiLeaks, responsable de filtrar miles de documentos diplomáticos clasificados de EU, ha denunciado haber sido blanco de ataques cibernéticos.
Ante ello, el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, condenó la creación de nuevas normas legales para desmantelar WikiLeaks, así como las presiones políticas e intimidación contra compañías privadas de Internet para suprimir el sitio de la red o los ciberataques desde servidores localizados en diversas partes del mundo.
Marroquín aclaró que la SIP no avala ninguna medida que pudiera ser considerada ilegal por parte de WikiLeaks ni de su director.
Sin embargo, sostuvo que deben buscarse “canales legales normales para perseguir los supuestos delitos, sin tener que entrar en una caza de brujas en los que los gobiernos se transformen también en delincuentes”.
Marroquín y Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijeron que el temor de la SIP es que estos episodios terminen desencadenando legislaciones adversas en Estados Unidos que pudieran limitar la libertad de expresión en Internet.
“La amenaza es que una legislación restrictiva contra la neutralidad y la libertad en Internet favorezca la posición de otros gobiernos menos democráticos en el mundo que siempre han visto a la red como una amenaza para sus políticas poco transparentes”, apuntaron.
En una declaración emitida desde El Paso, Texas, subrayaron que Estados Unidos y los demás gobiernos deben actuar con sabiduría y prudencia para no confundir lo que pudieran ser delitos sobre los que existen normas apropiadas, con los principios fundamentales de la libertad de expresión por los que también se debe regir Internet y que tampoco está ajena a responsabilidades.
“Restringir la red tendría un impacto catastrófico para toda la humanidad y estaríamos retrocediendo a periodos de oscurantismo”, enfatizaron.