Chile: el retorno de los Chicago Boys

miércoles, 17 de febrero de 2010

VALPARAÍSO, 17 de febrero (apro).- El actual presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, finalmente optó por un gabinete de tecnócratas, gerentes y empresarios vinculados directamente a los más poderosos grupos económicos del país.

De esta forma repite lo realizado por Jorge Alessandri, el anterior presidente derechista elegido en las urnas (1958), quien instaló el “gobierno de los gerentes”, en el que los políticos profesionales fueron desplazados por administradores de empresas. Él mismo había dirigido La Papelera, empresa propiedad del grupo Matte.

Sin embargo, el experimento de Alessandri resultó un fracaso y luego de un periodo de conflictos sociales y políticos, y de perder las elecciones parlamentarias de 1961, retrocedió y nombró un gabinete marcadamente político. No pocos analistas se han encargado de recordar este hecho después conocerse el perfil del que será el próximo gobierno en Chile.

Piñera reveló la identidad de quienes serán los miembros de su gabinete en una solemne ceremonia que tuvo lugar la tarde del pasado martes 9 en el Museo Histórico Nacional, ubicado frente de la Plaza de Armas de Santiago.

El presidente electo escogió este lugar, de enorme significación histórica, para darle una impronta republicana a su naciente gobierno, lo que contrasta, sin embargo, con la escasa trayectoria de servicio público y el sello eminentemente empresarial de los escogidos.

Estos asumirán sus cargos el próximo 11 de marzo cuando se produzca el traspaso de mando presidencial en el salón de honor del Congreso Nacional, con sede en Valparaíso.

Según el historiador y columnista de El Clarín de Chile, Rafael Gumucio, Piñera “gobernará de la única forma en que sabe hacerlo la derecha chilena: concibiendo al país como una empresa”.

En entrevista con Apro, Gumucio destacó que al alcanzar el gobierno, la derecha tendrá “el poder total”, puesto que este sector controla la prensa, las industrias extractivas, educación y salud privadas, carreteras concesionadas, puertos y el sistema electoral, a lo que ahora se sumará el control del Estado. “Es el mejor de los escenarios” para este sector político y económico, sentencia Gumucio.

Este ensayista sostiene que uno de los primeros objetivos de Piñera será minar el poder de la Concertación de Partidos por la Democracia, que pronto dejará el poder y deberá ser oposición.

La estrategia del magnate derechista será entonces captar el máximo número de altos dirigentes de esta coalición para que ocupen cargos de gobierno y así poder “desangrar” a esta alianza política, tarea que se enfoca especialmente en el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

A contrapelo de esta interpretación, Piñera sostiene que lo que busca al integrar representantes de la Concertación es hacer “un gobierno de los mejores” y de “unidad nacional”.

Pese a que el entorno de Piñera hizo cuantiosos esfuerzos con el fin de conseguir la inclusión de figuras concertacionistas, al final sólo obtuvo un logro importante: fichar como ministro de Defensa al emblemático dirigente democratacristiano Jaime Ravinet, quien ya había ocupado ese cargo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).

Ravinet, quien renunció a su cargo político el mismo 9 de febrero, ha recibido un vendaval de críticas de sus camaradas de partido luego de conocerse su nueva investidura.

El presidente subrogante del PDC, Renán Fuentealba, declaró a la prensa --apenas enterado de la noticia-- que Ravinet es un “traidor” por haberse unido a la derecha. Éste respondió que había pensado en el “interés superior del país” al aceptar el ofrecimiento ministerial.

Se prevé que este será el primero de muchos otros personeros concertacionistas que aparecerán apuntalando el gobierno de Piñera.

Sin embargo, los cuatro partidos que forman la Concertación (Por la Democracia, Socialista, Radical y PDC) han advertido públicamente que expulsarán de sus filas a quienes se integren a cargos políticos en el nuevo gobierno.

 

El turno de los tecnócratas

 

En el gabinete de Piñera habrá una clara mayoría de ingenieros sin militancia política. Eso sí, cuentan con buenos antecedentes académicos: ocho de los 22 ministros nombrados son ingenieros comerciales y seis ingenieros civiles. Seis de los ministros exhibe doctorados, cuatro de ellos en Economía.

Y 17 de los futuros ministros egresaron de las aulas de la Universidad Católica, la mayor parte de los cuales exhibe diplomas de postgrado en universidades estadunidenses, sobre todo de las de Chicago y de Harvard.

Según advirtió el analista político Patricio Navia en su habitual columna de La Tercera, “será este el gabinete con más credenciales académicas en la historia de Chile, pero también el de menos experiencia política”.

Sin duda que el criterio de selección utilizado por el presidente electo postergó las aspiraciones de la derecha política en beneficio de la derecha económica: 13 de los nominados no tienen filiación partidaria. Cuatro pertenecen a Renovación Nacional (RN, el partido de Piñera) y el mismo número a la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

Ninguno de estos dos partidos se sintió debidamente representado por las decisiones de Piñera pero claramente los más molestos eran los representantes de la UDI, que es el mayor partido político de Chile.

Su fundador, el senador Pablo Longueira, realizó, luego de conocer las nominaciones, un publicitado viaje a la capital desde su lugar de vacaciones en el Lago Villarrica --700 kilómetros al sur de Santiago-- que tuvo por fin expresar su malestar porque ninguno de los dirigentes históricos de su partido fue considerado para los cargos clave del nuevo gobierno. Longueira quería para él un ministerio del área social que lo favoreciera en sus aspiraciones presidenciales.

Consciente de los problemas que este creciente malestar podría traerle, Piñera almorzó el pasado jueves 11 con Longueira en “La Moneda chica”, que es como se conoce a su casa de campaña ubicada en la elegante comuna de Las Condes.

En la cita le ofreció integrarlo al comité estratégico que le asesora en sus decisiones más importantes, lo que Longueira aceptó.

Este comité está integrado por Cristián Larroulet, economista director del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) y próximo ministro secretario general de la Presidencia; por María Luisa Brahm, directora del Instituto Libertad (ligado a RN) y futura coordinadora ministerial; y por Rodrigo Hinzpeter, futuro ministro del Interior y mano derecha de Piñera.

Este equipo tiene la responsabilidad de orientar la designación de los cientos de cargos de confianza política del presidente que quedan por establecer, entre los que destacan los subsecretarios (viceministros), intendentes regionales (gobernadores), gerentes de empresas públicas y embajadores.

Longueira no era el único parlamentario que quería dejar su escaño para asumir tareas de gobierno. El senador de RN, Andrés Allamand, aspiraba a ser canciller mientras que el también senador de esta colectividad, Alberto Espina, buscaba un cargo en el “gabinete político” junto a Piñera.

Este interés por remplazar la función parlamentaria por cargos en el Ejecutivo se debe, en gran parte, a que el centro de poder del futuro gobierno no estará determinado por la generación de nuevas leyes sino que se centrará en la gestión.

“Piñera viene a ‘gerenciar’, no a construir un mundo distinto”, según sostiene Rafael Gumucio, quien declara, además, que la Concertación ha promovido políticas económicas y leyes “que han sido completamente favorables a los intereses del empresariado”, por lo que Piñera no tiene interés, según el periodista, de hacer ningún cambio al modelo económico y político vigente.

A pesar de experimentar una crisis que ha aumentado el desempleo y ha deteriorado la actividad productiva, Chile cuenta con cuantiosas reservas en dólares fruto del alto precio del cobre, su principal fuente de divisas.

Gumucio estima que el nuevo gobierno hará uso de parte de esos dineros para sostener políticas asistencialistas que acompañarán “el enfoque claramente tecnocrático y capitalista que tendrá esta administración”.

 

Conflicto de intereses

 

Uno de los temas que más ha llamado la atención es la participación de los ministros como gerentes, directores o dueños de empresas que podrían verse favorecidas por su gestión gubernamental. Ocho de los nuevos ministros integran directorios de grandes compañías.

Jorge Insunza, vocero del Partido Comunista, emitió el pasado 10 de febrero una declaración pública en la que expresó que “todos los designados, sin excepción, son representantes calificados del gran capital, y esto de poner el acento en el carácter de la alta calidad técnica que tendrían los designados es un modo de engañar, pues lo esencial no es que sean técnicos de calidad mayor o menor, sino que, sin excepción, son calificados defensores de los intereses del gran capital nacional y transnacional”.

Felipe Larraín, quien ocupará la cartera de Hacienda, es miembro de Antar Chile, conglomerado que está vinculado a la eléctrica Guacolda y a Celulosa Arauco (del grupo Angelini). Fue miembro del directorio de DyS (supermercado líder del grupo Ibáñez), y cuenta con un doctorado en Harvard.

La nueva ministra de Medio Ambiente, la ingeniera María Ignacia Benítez, es profesional de la consultora Gestión Ambiental Consultores. Como tal ha asesorado a empresas energéticas y extractivas en la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) requeridos por la institucionalidad chilena.

También ha formulado los EIA de la central térmica Punta Alcalde, de Endesa, en la comuna de Huasco, región de Atacama; y la Central Térmica Cruz Grande, de la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

Ambos proyectos, que se perfilan como altamente contaminantes, han enfrentado el rechazo de las comunidades involucradas. Ahora, como ministra, le tocará incidir en la suerte de estos y otros proyectos que podrían afectar al medio ambiente.

“Es como poner al gato a cuidar la carnicería”, sostuvo en relación a esta designación Juan Carlos Cárdenas, presidente de la ONG ambientalista Ecoceános.

Juan Andrés Fontaine, el próximo ministro de Economía, es director del Centro de Estudios Públicos (vinculado al grupo Matte), el principal think thank del neoliberalismo chileno junto con Libertad y Desarrollo. Fontaine, quien participa en el directorio de cinco grandes empresas privadas, promoverá –de acuerdo con lo estipulado en el programa de Piñera-- rebajas tributarias a las grandes empresas y un amplio plan de concesiones de obras públicas a privados.

Larroulet será el ministro secretario general de la Presidencia. Tendrá la misión de promover los proyectos de ley en el Congreso.

Por cierto Larroulet jugó un papel clave en las reformas privatizadoras de los años ochenta, periodo en que, entre otros cargos, fue jefe de departamento del Ministerio de Planificación y jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Büchi.

Además Larroulet, junto a Lavín, es uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo, uno de los proyectos educativos privados más exitosos de las últimas dos décadas. Esto, desde el punto de vista de la ganancia de sus propietarios y de la aceptación que tiene en la alta sociedad chilena.

El nefrólogo Jaime Mañalich será el ministro de Salud. En la actualidad es director médico de Clínica Las Condes, uno de los centros de salud privados más grande de Chile.

Como ministro deberá implementar las políticas privatizadoras que fueron establecidas en el grupo Tantauco –que preparó el programa de Piñera-- y que consisten en derivar a centros privados de salud a todos los pacientes que no puedan ser atendidos en el sistema público.

El Estado se hará cargo de cancelar los gastos, aunque cabe tener presente que Piñera posee 9% de la propiedad de la citada Clínica, cuyo valor se estima en 360 millones de dólares.

El pasado 10 de abril, Ena Von Baer –vocera del futuro gobierno– divulgó la existencia del Estatuto del ministro de Estado, que establece que éstos –al igual que el futuro presidente-- deberán renunciar a los directorios de empresas de los que formen parte, así como desprenderse de la propiedad que tengan en empresas que pudieran verse beneficiadas por su labor ministerial. Este anuncio se hacía en medio de una avalancha de críticas surgidas al conocerse la identidad de los ministros y su cuantioso patrimonio.

En tanto el nuevo canciller Alfredo Moreno evidencia una trayectoria de gerente de empresas y líder empresarial pero un nulo manejo en lo relativo a las Relaciones Exteriores.

Moreno es director de Falabella SA, una empresa de retail que se está expandiendo fuertemente por América Latina. Con un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, experto en fusiones empresariales, ha formado parte de casi una docena de directorios de grandes empresas.

Pero salvo una cierta cercanía con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, Moreno no tiene contactos ni redes que puedan ayudarle en su compleja tarea de canciller. Entre los temas que deberá afrontar está la candente controversia limítrofe con Perú.

Moreno, al igual que Lavín, Fontaine y Larroulet, es muy cercano a Agustín Edwards, propietario de El Mercurio y uno de los hombres más poderosos de Chile. Jugó un rol clave en la preparación ideológica y militar del golpe que significó la caída del socialista Salvador Allende.

Es importante consignar, dado los antecedentes de los nuevos ministros, que dos décadas antes del golpe de 1973, un numeroso grupo de economistas de la Universidad Católica fueron becados en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago (dirigida por el ultraneoliberal Milton Friedman).

Al producirse el golpe, los que allí se graduaron ocuparon todos los puestos clave en materias de economía y producción. Se acababa con esto el modelo desarrollista ‘cepaliano’ del que Chile había sido principal impulsor y se tomaba –en forma pionera-- el rumbo de las reformas neoliberales. Símbolo de esto fue la retirada de Chile del Pacto Andino en 1976.

Con esas designaciones, el gobierno de Piñera determinará el retorno de los Chicago boys, como fueron conocidos los tecnócratas que en la déca de los ochenta se ocuparon en desarticular el Estado y sentar las bases de una nueva economía y sociedad.

 

mav

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