RIVIERA MAYA, Q. Roo, 22 de febrero (apro).- El presidente ecuatoriano Rafael Correa se vio obligado a dejar el tono beligerante de días atrás, cuando en su emisión radial sabatina calificó de “entreguistas” a los gobiernos de México, Brasil y Argentina.
Ello, por haber avalado la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, de incluir a Ecuador entre los países que poco hacen en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional.
Hoy, en la sesión inaugural de la Cumbre de la Unidad Latinoamericana, Correa hizo a un lado los denuestos y pidió a sus pares su solidaridad para que Ecuador salga de la lista negra del GAFI.
Sin duda, no hubo coordinación entre el presidente Correa y su ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, que el sábado había planteado el problema en la reunión de cancilleres –previa a la cumbre-- y quien, por lo menos del canciller de Argentina, recibió apoyo, al grado que el funcionario argentino que participó en la reunión del GAFI, el 18 de febrero, fue separado de su cargo, pues su opinión en ese encuentro no representaba el pensamiento del gobierno de Cristina Fernández.
En efecto, la tarde del sábado, durante la reunión de cancilleres –en la que se discutieron los documentos básicos de la cumbre--, el representante ecuatoriano reclamó que “tres gobiernos amigos”, México, Brasil y Argentina, avalaron la decisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de incluir a Ecuador –junto con Angola, Etiopía y Corea del Norte-- en una lista de países que “representan un alto riesgo para el sistema financiero internacional”, toda vez que presentan “deficiencias estructurales” para perseguir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El canciller ecuatoriano expuso ante sus homólogos que ese hecho significaba una afrenta para su país, pues ponía en alto riesgo su credibilidad ante el mundo.
Enfático, el canciller Ricardo Patiño dijo que la inclusión del Ecuador en la lista negra del GAFI y el aval de los “gobiernos amigos” tiene “la intención de perturbar, minar la decisión nuestra de tener relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, en particular con Irán”.
Por cierto Irán es, para el GAFI, el principal país promotor y financiador del terrorismo en el mundo, de acuerdo con su reporte del 18 de febrero, en el que quedó incluido Ecuador.
Patiño lamentó que ese hecho se haya dado aun cuando Ecuador ha sido puntual en la información sobre lo que ha hecho y hace en relación al tema del lavado y el terrorismo.
Ahí mismo, el canciller ecuatoriano entregó una carpeta con documentación oficial, que incluye una amplia argumentación del procurador general de Justicia de su país, Diego García Carrión –dirigida a Paul Vlaanderen, presidente del GAFI--, que desmiente el dicho de ese organismo, en el sentido de que el país sudamericano presenta “deficiencias en sus medidas antilavado de dinero y estratégicas contra el financiamiento del terrorismo y que no se ha comprometido a desarrollar un plan de acción para superarlas”.
En su respuesta, el procurador general ecuatoriano adelanta que las consideraciones del GAFI se basan en una evaluación realizada en ese país en 2007, pero que de entonces a la fecha, Ecuador “presenta avances significativos que no han sido tomados en cuenta”.
Justamente desde 2007, explica el procurador en su misiva, Ecuador emprendió no sólo modificaciones constitucionales sino cambios agresivos en su legislación sobre la materia, que “actualmente permiten combatir efectivamente el delito de financiamiento al terrorismo”.
El sábado pasado, el canciller Ricardo Patiño expresó la “absoluta desazón” de su país no sólo por la decisión del GAFI sino por el aval de los países amigos.
Al término de la exposición del canciller, el ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Taiana, se apresuró a pedir la palabra para decir que “el funcionario que concurrió a la reunión del GAFI no representa el pensamiento del gobierno argentino. Inclusive, esa persona ha sido separada de su cargo”.
Sin embargo, los representantes de los otros dos países aludidos guardaron un significativo silencio: Patricia Espinosa, canciller mexicana, y Antonio José Simoes, embajador brasileño que representó al canciller de su país.
Al día siguiente, en la ronda final de discusiones de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe, Espinosa, le dijo al canciller ecuatoriano que lo lamentaba, pero no daba tiempo para incluir el tema en las discusiones y en el borrador de la Declaración de Cancún, donde se expresan los compromisos de todos los gobiernos de la región.
A pregunta expresa de Apro, el canciller Patiño lamentó el silencio de su par mexicana. “Me preocupa mucho esa actitud”, dijo.
Pero este lunes, el presidente Rafael Correa, más diplomático, expuso el problema ante el resto de presidentes de la región, manifestó su rechazo a la decisión del GAFI y aseguró que su país “tiene como política de Estado no tolerar las actividades financieras ilícitas, en aplicación del ordenamiento jurídico nacional y de varias convenciones internacionales.
Y dejó a un lado los calificativos, y pidió al resto de países que se solidaricen con Ecuador para que este país recupere su imagen y credibilidad.
En el borrador de la Declaración –cuya versión final se conocerá este martes-- quedó anotado que “los jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe rechazaron la decisión adoptada por el GAFI referente a Ecuador y se solidarizaron con la posición digna y soberana de este país”.