LONDRES, 5 de febrero (apro).- Haití, que el pasado 12 de enero sufrió un devastador terremoto que causó unos 200 mil muertos y 1.5 millones de desplazados, enfrenta además una grave crisis de derechos humanos.

Cientos de niños desprotegidos son objeto de tráfico y explotación; los ciudadanos enfrentan la falta de seguridad; las personas desplazadas carecen de derechos; las mujeres y niñas sufren violencia; las fuerzas internacionales no rinden cuentas de su actuación en el país…

En un documento publicado el pasado 29 de enero en Londres, el grupo humanitario Amnistía Internacional (AI) dio a conocer algunos de los principales retos y problemas más graves que enfrenta el país caribeño en materia de derechos humanos.

“Para AI, el punto de mayor preocupación es la situación de las mujeres y niñas. En el país había un alto índice de violencia sexual contra ellas, y en vista de que los principales mecanismos de protección fueron destruidos o dañados durante el terremoto, su vulnerabilidad ha aumentado considerablemente. Dentro de los campamentos (de refugiados) nos han informado de niñas y mujeres violadas, como también mujeres que han salido fuera de los campamentos en busca de ayuda humanitaria y fueron atacadas", declaró en entrevista con Apro Gerardo Ducof, investigador principal de AI para Haití y el Caribe.

“Esto se debe a la falta de seguridad dentro y fuera de estos campamentos. No hay mucha información para saber quién se está ocupando de la seguridad y (por ende) mucha gente se está autoprotegiendo”, agregó el experto, quien organiza un viaje de investigación de AI a Puerto Príncipe.

Tráfico infantil

El documento destaca que otro de los problemas centrales en materia de derechos humanos en Haití es el de la explotación de niños.

Según la ong británica, con la disgregación de las familias y la destrucción de las escuelas, miles de niños y niñas han quedado sin protección, y debido a que ellos son los más vulnerables en la sociedad, “podrían convertirse en víctimas de los traficantes”.

“Existe también el riesgo de que niños y niñas puedan verse envueltos en procesos de adopción irregulares. Un riesgo agudizado por el interés de familias de otros países que desean adoptar a un niño o niña haitiano que se haya quedado huérfano a causa del terremoto. Las instituciones haitianas carecen de la capacidad para determinar la condición de los menores de edad y garantizar la protección de sus derechos", señala la investigación, y aclara que cientos de niños y niñas no acompañados y separados podrían ser considerados huérfanos erróneamente.

El documento sostiene también que la adopción internacional "debe ser la última opción, a la que se recurrirá únicamente cuando se hayan agotado todas las demás posibilidades a nivel nacional".

“Las autoridades haitianas deben asegurarse de que no se saquen niños y niñas del país sin que se hayan ultimado los procedimientos legales formales para la adopción internacional”, agrega.

Afirma que la localización de las familias "debe ser una prioridad para la comunidad internacional, las autoridades haitianas y las agencias de ayuda internacionales".

En ese sentido, Ducof sostuvo que, a partir de información que recogió de investigaciones en el terreno, AI teme ahora que el tráfico de niños se esté practicando "con mayor intensidad".

"El control fronterizo se ejerce en pocos puntos con la República Dominicana. El tráfico de personas y de niños se ejerce mayoritariamente a través de puntos no oficiales. En Haití operaban muchos orfanatos que no estaban registrados. Los niños no eran necesariamente huérfanos, sino que habían sido abandonados por sus familiares porque no podían alimentarlos o educarlos. Con el colapso de estas instituciones y el apoyo que recibían de organizaciones extranjeras, estos niños se encuentran a la merced de redes de traficantes", denunció el experto.

Ducof dio cuenta también del caso de 10 ciudadanos estadunidenses que fueron detenidos en la frontera a mediados de enero pasado. "Todavía sus intenciones no son muy claras, pero el hecho es que estaban tratando de cruzar la frontera con 33 niños, supuestamente huérfanos, pero no todos lo eran".

"Se debe ejercer una moratoria sobre las adopciones internacionales, que muchas veces no eran conducidas en forma legal o de forma irregular y alimentaban el tráfico de niños hacia América del Norte, Europa y República Dominicana", subrayó el investigador.

“Espiral de violencia”

El documento de AI subraya, además, el problema de la seguridad e incumplimiento de la ley en Haití.

“La capacidad del gobierno haitiano para garantizar el estado de derecho se ha visto gravemente afectada por el terremoto. El establecimiento de un sistema de justicia operativo para juzgar los delitos más graves debe constituir una prioridad", indica el informe.

Señala que preocupa cada vez más que los presos condenados por delitos violentos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe "estén intentando recuperar el control de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables".

También denuncia que ciudadanos se han organizado para impedir que las bandas se hagan con el control de sus comunidades, lo que ha llevado en algunos casos "a una espiral de violencia".

AI sostuvo que ha recibido informes de linchamientos e incidentes, en los que presuntos saqueadores murieron a manos de la turba, en casos de clara violación de derechos humanos.

Al denunciar que la policía disparó contra presuntos saqueadores, la ong británica instó al gobierno de Haití "a garantizar que la policía haga uso de armas de fuego sólo en defensa propia y como último recurso".

"Las autoridades haitianas deben establecer asimismo un centro de detención provisional, puesto que la principal prisión del país ha quedado destruida y otros centros de detención se encuentran saturados ", agregó.

En el caso de los derechos de las personas desplazadas, que hasta principios de este mes se estimaban en al menos 1.5 millones, indicó que éstas deben recibir todo el apoyo para tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.

“Todo traslado de personas desplazadas desde campos o zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que su salud y su seguridad haga necesaria la evacuación", subraya el documento, al aclarar que no se las debe coaccionar en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda.

“Todas las personas desplazadas tienen derecho a regresas a sus antiguos hogares, salvo impedimento por motivos de seguridad", añade.

Además, AI informó, que debido a que más de 10 mil soldados estadunidenses, 150 miembros del personal militar de República Dominicana y 800 soldados canadienses han sido desplegados en Haití con el fin de garantizar la seguridad durante el reparto de la ayuda humanitaria, éstas deben rendir cuentas por sus acciones.

"Las condiciones del despliegue y las reglas de intervención deben establecerse claramente desde el principio y todas las fuerzas internacionales deben respetarlas. El personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) debe regirse asimismo por estrictas normas de rendición de cuentas", indica el informe.

Y aclara que, en el pasado, dejar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos exclusivamente al arbitrio de los países que aportan tropas a las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz, "ha conducido a la impunidad de graves abusos contra los derechos humanos".

"Nosotros queremos resaltar la necesidad de que las reglas de enfrentamiento (rules of engagement) sean claras y comunicadas a la población haitiana para que se sepa qué misión están llevando a cabo estas fuerzas militares internacionales presentes en Haití. Sabemos que están apoyando las tareas de ayuda humanitaria, pero la población haitiana merece recibir más información sobre la misión. Por ejemplo, cómo están operando, por cuánto tiempo van a quedarse en el país, etcétera", indicó Ducof.

Finalmente, el informe de AI hace mención al problema de la deuda externa en Haití. Destaca que en 2009, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cancelaron mi1 200 millones de dólares estadunidenses de la deuda externa del país caribeño. Sin embargo, afirma que, a pesar de ello, Haití debe aún cientos de millones de dólares a sus acreedores.

"En este momento, la devolución de esta deuda constituye una carga inaceptable para la población y la economía nacional de Haití. AI pide a todos los acreedores que cancelen la deuda. Insistir en su devolución comprometería la capacidad de Haití para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos", continuó.

Sostuvo que todos los recursos económicos que se pongan a disposición de Haití en los próximos años "deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar de la población haitiana y su acceso a los servicios básicos”.

--¿Cree que se puede lograr la cancelación total de la deuda externa de Haití? –se pregunta a Ducof.

--Es algo que puede lograrse, ya que el año pasado el Club de París y otras organizaciones financieras internacionales cancelaron dos tercios de la deuda externa, que sumaba mil 200 millones de dólares. Actualmente la deuda del país es de cerca de mil millones de dólares. El servicio de esa deuda, ya sea tanto al FMI, al Banco Mundial o al BID, o hacia otras entidades que hayan prestado dinero a Haití, le quita recursos a un Estado que ha sido fragilizado por el terremoto y que le son necesarios para proveer a la población de servicios básicos, como salud y educación.

Según Ducof, lo principal es que ya se habla de la reconstrucción de Haití. "Nosotros queremos hacer énfasis en que se incluyan en todos los programas de reconstrucción un marco de protección de los derechos humanos. No estamos hablando sólo de derechos civiles y políticos, sino también de económicos, sociales y culturales", dijo.

"De cierta manera, lo que pedimos es que no se repitan las diferencias o desigualdades que ya existían dentro de la sociedad haitiana y que, como consecuencia, mantenían al 80 por ciento de la población en extrema pobreza", agregó.

Para el investigador, todos los esfuerzos de reconstrucción deben ser llevados a cabo "con el objetivo de cumplir con las obligaciones de Haití en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en acceso a la educación y a la salud; que se elimine la discriminación de género, y que haya  acceso al agua potable, que era otro problema del 40 por ciento de la población haitiana antes del terremoto".

Mr

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