MÉXICO, D.F., 5 de febrero (apro).- Considerada por Naciones Unidas como la peor crisis humanitaria que ha tenido que enfrentar en sus seis décadas de historia, la catástrofe derivada del terremoto del 12 de enero en Haití no hizo sino exponer en forma descarnada lo que ya estaba ahí: un Estado prácticamente inexistente, con una economía arrasada, donde el pueblo y las precarias instituciones públicas y privadas batallaban cotidianamente por subsistir, mientras una minoría corrupta sacaba provecho de ello.

         Debido a esta situación previa, el de Haití es sin duda un caso extremo. Pero desastre tras desastre, la naturaleza se ha empeñado en desnudar los errores y omisiones humanos, particularmente los de los gobiernos, que si bien no pueden impedir sus embates, supuestamente deberían hacer todo lo que está en sus manos para paliar sus efectos.

         Ejemplos sobran. Pero baste citar algunos casos desde el terremoto de 1985 en la Ciudad de México hasta éste de Puerto Príncipe, pasando por tsunamis, huracanes e inundaciones que han golpeado lo mismo a países ricos que pobres, evidenciando que, pese a los avances tecnológicos de estos últimos 25 años, la capacidad y, sobre todo, la voluntad humana para enfrentar a la naturaleza sigue siendo muy limitada.

         Al contrario, existe la percepción de que cada vez hay más desastres y de mayores dimensiones. Esto se debe en parte a los medios de comunicación, que casi inmediatemente informan desde el lugar de los hechos, dando énfasis a la destrucción material y humana. Pero según los expertos, también hay factores objetivos como el crecimiento de la población mundial, su asentamiento en zonas de riesgo, las constantes migraciones, la falta de políticas de prevención, la corrupción y, no por último, la voracidad de particulares y gobiernos que, en su afán de lucro, han envenenado el agua, contaminado el aire y erosionado la tierra, creando entre otros el “efecto invernadero” que, a su vez, traerá otras catástrofes.

Aquí en México, aparte de la incapacidad del gobierno para reaccionar organizadamente y con rapidez al terremoto, muy pronto se supo que muchos de los edificios colapsados eran concesiones gubernamentales en las que se usó material deficiente; entonces, se trató de minimizar el número de muertos. La corrupción afloró en la distribución de ayuda y luego en la reconstrucción. Eso sí, se establecieron normas de construcción más rígidas y se crearon programas de prevención, pero ningún funcionario fue enjuiciado por su negligencia criminal.

En Centroamérica, en 1998 el huracán Mitch dejó un escenario apocalíptico. En conjunto, los muertos, heridos, desaparecidos y damnificados se contaron por cientos de miles. Honduras vio arrasado un tercio de su territorio; Nicaragua un cuarto, y Guatemala y el Salvador, una quinta parte. Las tierras de explotación agrícola y ganadera quedaron inhabilitadas, la planta productiva dañada, la infraestructura civil destrozada y el tejido social lastimado.

Naciones Unidas estimó que con el meteoro la región había retrocedido por lo menos 20 años en su desarrollo, lo cual era un eufemismo, ya que en ese periodo previo los cuatro países, más que construir, se habían destruido mediante sendos conflictos armados. Así las cosas, la ONU alertó que la magnitud de la catástrofe podía convertirse en un factor de desestabilización política y social en toda la zona, y llegar hasta México y el sur de Estados Unidos.

Con menos víctimas y daños, siete años después el huracán Stan vino a ratificar estos temores, al destapar que ni los acuerdos de pacificación ni la reconstrucción después de Mitch habían hecho nada para superar los rezagos económicos y sociales derivados de la guerra y las inequitativas estructuras de producción. Hoy, las migraciones masivas, la violencia social, los gobiernos autoritarios y hasta los golpes de Estado han vuelto a Centroamérica una zona volcánica de alta sismicidad, donde además los terremotos causan recurrentemente grandes estragos.

En 1999 dos fuertes sismos dejaron a Turquía expuesta al escrutinio público. El primero y más mortífero, en agosto, se agravó por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos que arrasaron con los refugios provisionales, y el segundo, ocurrido en noviembre, dejó a los damnificados prácticamente tiritando en la intemperie.

Ansioso por incorporarse a la Unión Europea, el gobierno turco descubrió que su estructura vertical y autoritaria no servía para enfrentar este tipo de desastres. Invocando a Alá se lanzó a un caótico rescate, obstaculizando hasta la ayuda internacional que fue enviada primero a donde no se necesitaba, en detrimento de las zonas donde se desarrollaba el verdadero drama. También los donativos fueron distribuidos en forma desorganizada y hubo múltiples denuncias de corrupción.

No se había acabado de sacar todavía a los últimos sobrevivientes de los escombros, cuando ante las evidencias vino la revelación: el principal constructor turco había mezclado el cemento con arena de mar y utilizado otros materiales de construcción deficientes. La mayoría de los inmuebles que se vinieron abajo eran viviendas para trabajadores y otros edificios construidos bajo auspicio del gobierno. Éste se comprometió a llevar a juicio a todos los responsables, pero, por lo pronto, redujo el número de víctimas probables de 80 mil a 40 mil.

Catástrofe por antonomasia fue el terremoto de 8.9 grados que a fines de 2004 sacudió a la provincia indonesia de Aceh y provocó el tsunami que golpeó al sureste de Asia y llegó hasta el África oriental. Con alrededor de 250 mil víctimas mortales en conjunto y graves daños en la infraestructura costera, el fenómeno dejó al descubierto no sólo los problemas internos de cada una de las naciones, sino también la disparidad de desarrollo y capacidad de organización entre ellas.

Mientras la India, los llamados “tigres” asiáticos, Tailandia y aun la propia Indonesia lograron activar algunos mecanismos de auxilio, otros países como Bangladesh, Sri Lanka y Myanmar quedaron a expensas de la ayuda exterior. Todos, empero, comparten una historia de desigualdad social, pobreza endémica, movimientos separatistas, conflictos interétnicos e interreligiosos y, en los últimos años, procesos de radicalización islámica.

A cinco años de este desastre colectivo y pese a la multimillonaria ayuda internacional para la reconstrucción, ninguna de estas tendencias ha sido revertida y, al contrario, reportes de prensa han dado cuenta de que organizaciones criminales y grupos fanáticos han pescado en las aguas revueltas a favor de sus intereses. Más aún, las organizaciones humanitarias revelaron que, conforme la zona fue saliendo de los reflectores, los fondos de apoyo empezaron a disminuir, y algunos simplemente dejaron de llegar.

Afectada ya por el maremoto, en 2008 Myanmar fue golpeada por el huracán Nargis que dejó tras de sí 138 mil muertos y desaparecidos, cientos de miles de desplazados y dos millones de afectados. Destrozada la muy escasa infrestructura de comunicaciones, con muy pocas organizaciones civiles sobre el terreno, la ayuda humanitaria internacional fue todavía condicionada por el régimen militar, que desde 1962 gobierna con mano férrea a la antigua Birmania.

Con una de las tasas de ingreso y de esperanza de vida más bajas del mundo, dos terceras partes de la población birmana se dedican a la producción agrícola de subsistencia, sobre todo de arroz, que fue arrasada. También se vieron afectadas las pocas materias primas de exportación y hasta los cultivos de amapola que abastecen al mercado regional del opio. Todo lo demás es corrupción, contrabando y economía informal.

Justo un año atrás, después del incremento de 500% al precio de la gasolina, en el país estallaron protestas masivas conocidas como la “Revolución de Azafrán”, por el color de las túnicas de los monjes budistas que las encabezaron. La represión fue brutal, pero al final el régimen militar se comprometió a un referendum para una nueva Constitución que garantizara elecciones libres. La consulta se realizó en medio del caos, cinco días después de que golpeó Nargis, y fue aprobada por 92.4%, sin que hasta hoy se haya sabido de algún cambio.

Pero no sólo en el Tercer Mundo hay imprevisión y desorden. “¿Está esto realmente pasando aquí (en Estados Unidos)?”, preguntó la agencia Associated Press ante el desastre que dejó tras de sí en 2005 la furia del huracán Katrina.

Miles de víctimas mortales, muchas de ellas flotando junto con animales en las interminables áreas de inundación o atrapadas bajo los escombros de sus casas. Heridos y enfermos sin asistencia. Damnificados hacinados en estadios sin agua, comida ni sanitarios suficientes. Desalojos caóticos sin horario ni transportes. Violencia, saqueos, violaciones, suicidios y hasta balazos contra los rescatistas fueron las escenas que pudieron ver en esos días los azorados ciudadanos norteamericanos y de todo el mundo.

Nueva Orléans casi desapareció, al romperse los diques que la protegían, pero todo el estado de Louisiana se vio afectado, al igual que Alabama y Mississipi. Y en ellos, quienes perdieron todo fueron quienes no pudieron contratar un seguro, es decir los más pobres, la mayoría negros y latinos. La desigualdad social con tintes raciales fue uno de los sacudimientos para la conciencia colectiva estadounidense.

Pero los mayores reclamos fueron para las autoridades, que por días vieron acercarse el peligro y no hicieron gran cosa para enfrentarlo. Es más, se sabía que los diques no soportarían un huracán de esa magnitud, pero los recursos para reforzarlos se desviaron hacia otras “prioridades”, como la guerra contra el terrorismo.

Los estadounidenses se preguntaron qué pasaría ante un ataque terrorista sorpresivo, si no eran capaces de enfrentar fenómenos naturales previsibles. George W. Bush sólo atinó a invocar a Dios y dar palmaditas de consuelo a los afectados. Algunos funcionarios fueron despedidos, pero en los tres años restantes de  su gobierno no se modificaron de fondo sus políticas de contingencia.

A mediados de 2008, un sismo de 7.8 grados devastó la provincia china de Sichuan, dejando casi cien mil muertos, 375 mil heridos y 15 millones de afectados y desplazados. Cinco millones de casas quedaron destruidas y los daños fueron calculados en 85 mil millones de dólares, el equivalente a 15 años del PIB regional.

Con los reflectores del mundo ya encima, por los inminentes Juegos Olímpicos y las protestas masivas en el Tíbet, el gobierno de Beijing hizo gala de su control y poderío, para emprender uno de los procesos de rescate y ayuda más organizados y rápidos en la historia de los grandes desastres. Sin despreciar la ayuda internacional, movilizó a grandes contingentes de su ejército y hasta a 3 millones de voluntarios que se dieron a las tareas de auxilio, construcción de refugios, distribución de ayuda y hasta recolección de fondos para la reconstrucción.

Todo ello, sin embargo, no pudo ocultar la disparidad entre los relumbrantes escenarios olímpicos de la costa oriental y el atraso de las zonas campesinas del interior. Con una proporción de ingreso de 3.2 a 1, esta brecha está considerada como una de las más grandes del mundo y ha provocado no pocas protestas campesinas que casi siempre han culminado con una violenta represión.

Hábilmente, sin embargo, esta vez el gobierno chino aprovechó la reconstrucción obligada después del sismo para modernizar los arcaicos sistemas de producción agrícola y mejorar el nivel de vida en la región. Para ello no ha escatimado recursos materiales ni humanos, y se espera que para fines de este año los programas queden concluidos.

Lo deseable para Haití sería que se tomara este último ejemplo y se aprovechara la tragedia para reconstruirlo mejor. Es poco probable, porque justamente carece de las sólidas estructuras que caracterizan a la sociedad china y depende por completo de la ayuda exterior.

Pero por lo menos habría que estar atentos para que los esfuerzos no se diluyan cuando desaparezca de las noticias y, como en la mayoría de los casos, la situación quede igual que antes, o quizás peor.

cvb

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