Escala tensión entre embajada de Cuba y Senado

jueves, 18 de marzo de 2010

MEXICO, DF, 18 de marzo (apro).- La tensión entre el embajador cubano en México, Manuel Aguilera de la Paz, y la bancada del PAN en el Senado se agudizó este jueves al darle entrada a un punto de acuerdo promovido por los legisladores panistas Rubén Camarillo y Adriana González Carrillo, en el que se condena la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo como “representativa de la arbitraria detención y agravios físicos que reciben los acusados por disidencia en las prisiones de Cuba”.
En tribuna, Camarillo afirmó que el embajador cubano Aguilera de la Paz le envió una misiva para calificar como “improcedente” este punto de acuerdo, ya que “puede incidir negativamente en las relaciones entre nuestros dos países, porque exhortaría al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba”.
La misiva del diplomático le advierte a Rubén Camarillo que nunca se le solicitó información a la embajada cubana y que Zapata Tamayo no era un preso de “conciencia”.
Estaba preso, acusa, “porque cometió múltiples delitos tipificados en el Código Penal cubano, entre ellos el de colaborar con una potencia extranjera que promueve activamente la desestabilización de nuestro país”.
El punto de acuerdo promovido por los panistas y apoyado por una parte de los legisladores de PRD y PRI, advierte que “el encarcelamiento de disidentes políticos en Cuba es contrario a los valores reconocidos por la Declaración Americana, la cual consagra el libre ejercicio de derechos que, además, están contenidos en otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”.
“El gobierno cubano, como todos los gobiernos del orbe, tiene la responsabilidad de proteger a los prisioneros que están bajo su jurisdicción, por lo que las restricciones a las libertades de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del Poder Judicial, configuran una situación permanente de transgresión a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de Cuba”, concluyó Camarillo Ortega.
El senador por Aguascalientes advirtió que en la bancada panista “rechazamos contundentemente” los términos en los que se expresó el embajador cubano y calificó la misiva de “un ejemplo de intransigencia”.
En el debate participaron también los senadores Graco Ramírez, del PRD; Rosario Green, del PRI, y Pablo Gómez, del PRD.
La senadora Green, exsecretaria de Relaciones Exteriores, se sumó a la petición de Graco Ramírez para que el embajador de Cuba les envíe una visa para ingresar a Cuba, con el fin de entrevistarse con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, presos políticos y sus familias.
La solicitud formal de Graco Ramírez, a través de una misiva enviada al embajador de Cuba, afirma que su interés es “entrevistarme con representantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, con presos políticos y sus familias. Es un deber que tenemos que asumir quienes, desde la izquierda, hemos luchado por esos derechos”.
La senadora Green hizo un exhorto a la cancillería mexicana para que haga extensiva esta preocupación de los senadores y pase del discurso a la acción.
Pablo Gómez rechazó que abordar el tema de la muerte del disidente cubano signifique que el Senado se inmiscuya en los asuntos internos de Cuba.
Antes de que iniciara la sesión, el presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD, Carlos Navarrete, avaló el punto de acuerdo que fue presentado por la bancada del PAN.
“Respetamos la opinión de todos los gobiernos que tienen relaciones diplomáticas con nuestro país, expresadas a través de sus embajadores. Sin embargo, el Senado de la República acordará sus posiciones respecto a acontecimientos que ocurran en cualquier parte del mundo con plena libertad y de acuerdo al consenso mayoritario de sus grupos parlamentarios”, afirmó Navarrete.
Sin embargo, en el seno de la bancada del PRD hubo posiciones encontradas.
Un día antes, la senadora Yeidckol Polevnsky se opuso a que el Senado abordara el tema del disidente fallecido, ya que la visión imperante era producto de la falta de información sobre lo que realmente ocurre en Cuba.