España: Baltazar Garzón intenta frenar suspensión de funciones

viernes, 5 de marzo de 2010

MADRID, 5 de marzo (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España que no lo suspenda de sus funciones, luego de que el Tribunal Superior (TS) admitió darle trámite a tres acciones judiciales en su contra.
    En sus alegatos, el magistrado también pide que tres vocales del CGPJ se abstengan de participar en las deliberaciones por la “enemistad manifiesta” que le profesan porque al menos uno de ellos, dijo, tiene amistad con un cargo del Partido Popular (PP) implicado en la trama de corrupción conocida como “caso Gürtel”.
    En forma coincidente, si bien no orquestada, Garzón es objeto de diversas denuncias en su contra por tres vías distintas: por haber abierto las investigaciones de los más de 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-38) y el franquismo (1938-75), por la autorización judicial de escuchas telefónicas por el caso Gürtel, y por la supuesta aceptación de una suma de dinero con la que se organizaron seminarios en la Universidad de Nueva York.
    En relación con la investigación de las escuchas a tres cabecillas de la trama corrupta y sus abogados, Garzón afirma que el Supremo abrió su investigación a partir de una querella que “manipula gravemente los hechos”, pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó el uso legal de dichas escuchas.
    La defensa del juez, que encabeza el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, documentó la falta de elementos en cada una de las acusaciones y aún así el TS les dio entrada y sigue su curso judicial.
    Con esas peticiones, Garzón se dirigió al máximo órgano de gobierno de los jueces, a quienes ha solicitado que no le retiren su responsabilidad, ya que “no existe ningún antecedente” de que el CGPJ “haya suspendido a un magistrado-juez por la mera admisión de una querella, cuando el Ministerio Fiscal no advierte indicios de la comisión de un delito y cuando el fiscal ha mostrado formalmente su oposición a la suspensión”.
    En el documento de 26 páginas, Garzón señala que el diputado del PP Federico Trillo, exministro de Defensa en el gobierno de José María Aznar, lanzó expresiones reiteradas cuestionando el papel del juez en el caso de la trama de corrupción y señalando que actúan con “manifiesta injusticia” y “manifiesta ilegalidad”.
    En el caso del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, Garzón pide se abstenga de participar en el juicio porque fue miembro del gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps, “persona de la cual se dedujeron indicios de delito” en la trama Gürtel.
    Camps, uno de los varones del PP con más fuerza política, fue recusado en el juicio por recibir regalos costosos (trajes) a cambio de otorgar contratos para la organización de eventos del PP y del gobierno valenciano a una empresa propiedad de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta.
    Fernando de Rosa y Camps mantienen una “amistad íntima” y lo que Garzón llama la “relación de servicio” entre los dos personajes, así como el “interés personal” del vocal en este asunto, que lo aleja de “guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo lo obligaba”.
De Rosa calificó de “absolutamente honorable” a Camps y emitió declaraciones descalificando las pesquisas del juez Garzón, quien también señala la “enemistad profunda” que, a su juicio, le profesa Margarita Robles, exsecretaria de Estado del Interior en el gobierno de Felipe González, gestión de gobierno en que ambos coincidieron, en los años 90.
    Garzón recuerda que una vez que él salió del gobierno de Felipe González para ocupar el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, con Margarita Robles mantuvo diferendos por sus actuaciones judiciales en varios escándalos, el más relevante de ellos el de los GAL, una agrupación armada parapolicial que inició una “guerra sucia” contra ETA y por el cual Garzón mandó a prisión a varias personas.
    Asimismo, pide que la magistrada Gema Gallego Suárez se abstenga de conocer las acusaciones en contra de él, porque considera que está “desautorizada” y por su “nula disposición para enfrentar de forma objetiva y serena” el estudio de su situación personal.
    La razón, explica, es que Gallego Suárez inició una “constante persecución” de su persona después de que la Audiencia Nacional demostró la instrucción de esa juez, quien instruyó la supuesta falsificación del informe pericial que pretendía vincular “la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 (11 M), con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA”.
    Y agrega: “Sólo puedo entender esta manifiesta falta de objetividad en la enemistad que me profesaría esta vocal”.
    En días recientes, en el gremio judicial se ventilaron comentarios en el sentido de que era inminente la suspensión de Garzón.

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