La muerte de un disidente

martes, 9 de marzo de 2010

LA HABANA, Cuba, 9 de marzo (Proceso).- En vida, Orlando Zapata Tamayo fue un opositor político prácticamente desconocido. Su muerte –ocurrida después de 85 días de huelga de hambre– lo convirtió de golpe en mártir y símbolo de la disidencia. Más aún: su trágico deceso no sólo daña las relaciones de Cuba con la Unión Europea, también ha funcionado como acicate para aglutinar, por primera vez en décadas, a los diversos grupos de oposición dentro de la isla.

Orlando Zapata Tamayo era un opositor al régimen cubano prácticamente desconocido: reservado, ajeno a los reflectores, sin tablas para los discursos o las declaraciones de prensa, su nombre no apareció en la lista del Grupo de los 75, como se le llamó a los “famosos” disidentes cubanos detenidos y enjuiciados en 2003.

Pero su muerte –ocurrida el pasado 23 de febrero después de realizar en prisión una huelga de hambre de 85 días– lo convirtió de golpe en símbolo y mártir de la disidencia.

Más aún, logró lo que los grupos opositores –casi un centenar regados en toda la isla– no habían hecho en décadas: la unidad en torno a un proyecto político común.

“La muerte de Zapata hizo lo que parecía imposible hacer: nos unió”, asegura Manuel Cuesta, vocero de la organización socialdemócrata Partido Arco Progresista, quien, en entrevista con Proceso, adelanta que los grupos disidentes acordaron impulsar un nuevo proyecto opositor que aglutine a todas las corrientes contrarias al gobierno del presidente Castro.

“Se impondrá (después de la muerte de Orlando Zapata) con mayor fuerza la agenda de los derecho humanos. Vamos a sacar adelante un proyecto global: Refundación Nacional, Nuevo País. Es un proyecto que trata de darle protagonismo a los ciudadanos. Sin los ciudadanos no se podrá salir adelante”, subraya.

Marta Beatriz Roque, una de los 75 opositores condenados en 2003 y excarcelada por problemas de salud, coincide con Cuesta en que la muerte del disidente ha unificado a los grupos opositores. Además, señala que los “errores” cometidos por el gobierno –que lo “dejó morir y difundió un video sobre la atención que le proporcionaron”– provocaron “rechazo” entre la población.

Para Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), la muerte de Zapata radicalizará las acciones de los opositores al gobierno de la isla. Considera que la indignación se traducirá en la unidad de activistas de derechos humanos, blogueros, ciberdisidentes y de las esposas de los presos, conocidas como Damas de Blanco.

“Desacato” en prisión

Orlando Zapata Tamayo nació en el seno de una humilde familia de Banes, un pueblo de 130 mil habitantes situado en la oriental provincia de Holguín. A mediados de los noventa emigró a La Habana. Trabajó en lo que pudo: plomero y albañil. Según sus compañeros disidentes, recibía un salario de miseria y se sentía engañado. Se quejaba de que violaban sus derechos.

Al parecer, su enojo lo acercó a la disidencia. Se vinculó primero a la Fundación Lawton, que encabezaba Óscar Elías Biscet. Posteriormente, participó en el Proyecto Varela, iniciativa impulsada en el año 2000 por el opositor Oswaldo Paya –de tendencia demócrata cristiana– que consistía en reunir 1 millón de firmas en apoyo a una solicitud de reforma a la Constitución que permitiera una “apertura democrática”. Luego militó en el Movimiento Alternativo Republicano, un pequeño grupo opositor.

Marta Beatriz Roque, miembro de la organización Agenda para la Transición, fue quien más conoció a Zapata Tamayo. Lo recuerda cuando él y Elías Biscet organizaron en 2002 una “peña de debate social” en el Parque Central de La Habana. “Eran peñas de discusión sobre los derechos humanos que tenían el propósito de atraer la atención de los ciudadanos”, explica.

La policía detuvo a Zapata Tamayo en diciembre de 2002, cuando participaba en una de esas peñas. Fue acusado por los delitos de “alteración del orden” y “desórdenes públicos”. Tres meses después –9 de marzo de 2003– logró su libertad condicional. Ésta duró muy poco: apenas 11 días. La policía lo volvió a detener el 20 de marzo de ese año junto con Marta Beatriz Roque. “Participábamos en un ayuno en demanda de la libertad de Biscet, Nelson Molinet y tres disidentes más”, recuerda ella.

En esa fecha, la policía cubana realizó una redada de opositores en todo el país. Tribunales de la isla realizaron juicios express y los sentenciaron a penas que, en algunos casos, fueron de 28 años de prisión. El supuesto delito: conspirar contra la revolución bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos contabilizaron 75 “presos de conciencia”. De ahí surgió el nombre del Grupo de los 75.

Pero Zapata Tamayo –entonces de 35 años de edad– no fue incluido en ese grupo. Ni el gobierno ni los propios disidentes lo consideraban un opositor de primera línea. A diferencia de ellos, el tribunal de justicia de La Habana no le aplicó un juicio rápido ni una sentencia extrema: demoró varios meses en emitir un dictamen y le aplicó una sanción de tres años de prisión por los delitos de “desobediencia”.

Pero “sucesivas acusaciones dentro de la prisión, como desacato, acabaron sumando condenas por un periodo de 36 años de reclusión, que cumplía al momento de su muerte”, señala Marta Beatriz Roque.

A partir de 2004, Amnistía Internacional (AI) consideró a Zapata como prisionero de conciencia, entre los 55 cubanos que la organización mantiene en su lista. El pasado 3 de diciembre, incluso fue trasladado de la prisión de Holguín a la llamada Kilo 8, ubicada en la provincia vecina de Camaguey.

Según fuentes opositoras, Zapata Tamayo protestó por dicho traslado y pidió un “trato humanitario” acorde con su condición de “preso político”, estatus que el gobierno cubano no reconoce en ninguno de los prisioneros del país.

Inició ese día la huelga de hambre que a la postre fue fatal. La mantuvo durante 40 días. La llevó a cabo dentro de su celda, semidesnudo, pues se negó a usar el uniforme de prisionero. El 10 de enero lo llevaron a la clínica del penal y el 20 de enero ingresó a terapia intensiva del hospital Amalia Simoni de Camagüey, donde los médicos lo alimentaron por vía intravenosa. El 16 de febrero una ambulancia lo trasladó al Hospital Nacional de Internos, instalada en la prisión Combinado del Este, de La Habana. El 22 de febrero lo ingresaron de manera urgente en el hospital Hermanos Ameijeiras, también en La Habana. Murió un día después.

“Muerte voluntaria”

Si la disidencia destaca la valentía de Zapata Tamayo para luchar por medios pacíficos en contra del régimen de la isla, el gobierno cubano lo descalifica: dice que era “un preso común” con “graves antecedentes penales”. Asegura que su “muerte voluntaria” es utilizada por los enemigos de la Revolución cubana –tan necesitados de “héroes”– para subvertir el orden en el país.

“Zapata era el candidato perfecto: un hombre prescindible para los enemigos de la Revolución, y fácil de convencer para que persistiera en un empeño absurdo, de imposibles demandas (televisión, cocina y teléfono personales en la celda) que ninguno de los cabecillas reales tuvo la valentía de mantener”, afirmó un artículo publicado por el diario Granma –órgano del Partido Comunista de Cuba– el 26 de febrero, tres días después de la muerte del disidente.

Más: “Zapata Tamayo fue manipulado y de cierta forma conducido a la autodestrucción premeditadamente, para satisfacer necesidades políticas ajenas (…) Este caso es consecuencia directa de la asesina política contra Cuba, que estimula a la emigración ilegal, al desacato y a la violación de las leyes y el orden establecidos. Allí está la única causa de esa muerte indeseable”.

Y aseguró que Zapata nunca realizó actividades antigubernamentales antes de su encarcelamiento. Era, según Granma, un preso común que “inició su actividad delictiva” en 1988.

“Procesado por los delitos de violación de domicilio (1993), lesiones menos graves, estafa, lesiones y tenencia de arma blanca (2000) provocando heridas y fractura lineal de cráneo al ciudadano Leonardo Simón, con el empleo de un machete (…) Alteración del orden y desórdenes públicos (2002), entre otras causas en nada vinculadas a la política, fue liberado bajo fianza el 9 de marzo de 2003 y volvió a delinquir el 20 del propio mes. Dados sus antecedentes y condición penal, fue condenado esta vez a tres años de cárcel, pero la sentencia inicial se amplió de forma considerable en los años siguientes por su conducta agresiva en prisión”.

Granma destacó que Zapata Tamayo no aparece en la lista de los llamados presos políticos elaborada para “condenar a Cuba en 2003 por la manipulada y extinta” Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

“Ávidos de enrolar a la mayor cantidad posible de supuestos o reales correligionarios en las filas de la contrarrevolución, por una parte, y convencido por la otra de las ventajas materiales que entrañaba una ‘militancia’ amamantada por embajadas extranjeras, Zapata Tamayo adoptó el perfil político cuando ya su biografía penal era extensa”, afirmó el diario.

“En el nuevo papel fue estimulado una y otra vez por sus mentores políticos a iniciar huelgas de hambre que minaron definitivamente su organismo”, puntualizó.

El presidente cubano, Raúl Castro, fue el primero en resaltar el historial de delitos en los que se había involucrado Zapata. Entrevistado por periodistas brasileños que cubrían la gira del presidente Ignacio Lula da Silva, por el Puerto de Mariel, dijo: “Fue condenado a tres años, pero en la cárcel cometió delitos. Se le incrementó la sanción. Luego, se le llevó a nuestros mejores hospitales. Murió. Lo lamentamos mucho”, apuntó el 24 de febrero, un día después de la muerte del disidente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue más allá. El miércoles 3, durante su participación en la décimo tercera sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, acusó a Washington de haber lanzado a Zapata Tamayo “a la muerte para obtener dividendos políticos” y no dudo en afirmar que el disidente fue “otra víctima de la política subversiva de Estados Unidos contra Cuba”.

Grabaciones secretas

A las ocho de la noche del lunes 1 de marzo, en el noticiario estelar de la televisión cubana se escuchó en forma sorpresiva una voz en off:

“La muerte, el pasado 23 de febrero, de Orlando Zapata Tamayo en el hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana como consecuencia de más de 80 días de ayuno voluntario, ha ocasionado críticas a Cuba de parte de algunos medios de prensa y de determinados gobiernos que acusan a las autoridades de la isla de no hacer nada por salvarle la vida.”

En el reportaje de nueve minutos con 15 segundos aparece la señora Reyna Luisa Tamayo, madre del disidente fallecido, agradeciendo a los médicos cubanos la atención brindada a su hijo: “Nosotros tenemos la plena confianza de que, ¡vaya!, lo estamos viendo, la preocupación y todo lo que se esta haciendo por salvarlo”, dice ella.

Además, se escucha el audio de una conversación telefónica –grabada subrepticiamente– en la que Yaniset Rivero, miembro del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, y Juan Carlos González Leyva, miembro de un grupo opositor en Cuba, se ponen de acuerdo para presionar a la madre con el propósito de que ésta realice una conferencia de prensa.

Juan Carlos: “Sí, sí, sí, pero ella ya lo vio ayer, lo vio y ella no lo va curar. Ella o se decide por la conferencia de prensa o se decide por ir a verlo. Tú me entiendes, una de dos”.

Yaniset: “No, pero por eso hubiera hecho falta que tú le hablaras.

Juan Carlos: “Yo esta tarde voy a verla y le voy hablar así mismitico, porque yo soy un guajiro bruto. ¿Oye, o haces la conferencia o vas a verlo a él?”.

En el reportaje televisivo los médicos que atendieron a Zapata Tamayo en diferentes clínicas y hospitales aseguran que lo trataron de convencer para que levantara su prolongado ayuno y dan detalles de todas las atenciones que le brindaron.

Con este video el gobierno cubano intentó amortiguar el golpe que sufrió su imagen en el exterior por “dejar morir a un preso de conciencia”. De hecho, la muerte de Zapata Tamayo ya le implicó costos en política exterior: regresó a las acusaciones y recriminaciones mutuas con Washington propias de la Guerra Fría y puso en peligro las negociaciones que, impulsadas por España, pretenden cambiar la llamada “posición común” de la Unión Europea hacia Cuba, la cual condiciona las relaciones entre los países del viejo continente al mejoramiento de los derechos humanos.

Reportaje publicado en la edición 1740 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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