ONU: golpe de Estado de los islámicos

viernes, 2 de abril de 2010

GINEBRA., 2 de abril (apro).- Minoritarios en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, los países musulmanes han echado a andar una vasta operación diplomática para imponer sus designios en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quieren plantarle a la comunidad internacional el equivalente a un tribunal de facto, susceptible de sancionar toda presunta difamación al Islam. La maniobra criminaliza el derecho a disentir con las religiones, sostenido por el principio de la libertad de expresión, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados que se van rotando anualmente, elegidos mediante papeleta secreta en la Asamblea General de la ONU, según una distribución equitativa por zonas geograficas del planeta. Los 57 países adherentes a la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) son mayoritarios entre los africanos y asiaticos, que cuentan con 26 escaños en este Consejo, actualmente suficientes para hegemonizar posiciones, frente a la división que domina el resto de la diplomacia de la ONU.

América Latina y el Caribe, con 8 bancas, han perdido influencia en las decisiones, minados por las desavenencias entre Brasil, quien se decanta por la abstención, pero aliado de los países del ALBA que votan en asociación con la OCI (Cuba, Bolivia y Nicaragua), mientras que Chile, México, Argentina y Uruguay se oponen. A los Estados Unidos y la Unión Europea no les alcanzan los 6 sufragios de su grupo para torcer el escrutinio. Los otros 6 asientos que van para el este europeo, liderados por Rusia, parecen inclinados hacia la postura de los “países emergentes” (Brasil, Rusia, India y China), renuentes a confrontar con los seguidores del Corán.

Durante las últimas semanas se le atribuyó a Nigeria, que está al frente del grupo africano, el patrocinio de un proyecto de Protocolo Facultativo que debería acoplarse a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Adoptada en 1965 para luchar contra el apartheid, entonces vigente en Africa del Sur, esta convención prohibe a los 173 Estados que ya la han ratificado, conductas discriminatorias, basadas esencialmente en razones étnicas o raciales.

El instrumento vinculante que ahora se le pretende endosar, busca extender el mandato a la religión. Es sabido que sus expresiones sean dogmas, rituales y divinidades, u oraciones y sacrificios, carecen de amparo en el derecho internacional, que no protege las doctrinas, sino a los fieles que deseen profesarlas, o a los agnósticos y ateos, hostiles a cultivarlas.

Nigeria pilotea la maquinación, asistida por Argelia, Egipto, Libia, Senegal y Sudáfrica, cuya política exterior se ha convertido en el apoyo permanente de las tesis más conservadoras y reaccionarias sobre derechos humanos. Pakistán, Arabia Saudita, Irán, Indonesia y Qatar los apuntalan desde Asia.

Con esos padrinos, el borrador antes aludido resulta un revelador documento llamado a trazar las líneas rectoras de la futura herramienta jurídica. Su autor es el especialista argelino, Fatsih Ouguergouz. Propone que, para su entrada en vigor, hacen falta sólo 27 países que lo suscriban, un número insignificante para instaurar una norma internacional tan controvertida en el concierto de los 192 Estados que integran Naciones Unidas.        

Los Protocolos a los Pactos o Convenciones de la ONU tienden a precisar ciertos aspectos de su contenido: la prostitución infantil en los derechos del niño, la abolición de la pena de muerte y los derechos civiles y políticos, las visitas sorpresa a centros de detención sospechosos de aplicar la tortura. También suelen facultar a los comités de expertos independientes designados para vigilar su cumplimiento por los Estados, a tratar querellas de personas o grupos contra gobiernos, una vez agotadas las instancias judiciales internas dentro de los países. En materia de discriminación racial, la Convención en vigor admite abordar casos individuales.

El Protocolo que le adjuntaría la iniciativa islámica que se acaba de poner en marcha no clarifica ni profundiza ningun tópico de sus disposiciones que hipotéticamente merecieran esclarecerse, sino que amplia el fenomeno del que se ocupa, agregándole una suerte de segunda Convención, en la que se asimila la critica de la religión al racismo, excluyendo posibles reservas.   

Dirigiéndose a los Estados, pero habilitando paralelamente a individuos y organizaciones a litigar ante un Comité de la ONU inicialmente concebido para ocuparse de la discriminación racial, originariamente sin vínculo alguno con pleitos atribuidos a la religión, se articula de tal modo una especie de doble vía de presión hacia los Estados.

Desde la ONU y a partir de quejas emanadas de  particulares, se va a exigir a los países modificar sus leyes nacionales, en la perspectiva de suprimir la supuesta difamación de religiones, la islamofobia y el sacrilegio. Asimismo, las conjeturales o genéricas perturbaciones, disturbios, desordenes o desconciertos que pudieren afectar el ejercicio del culto.

No obstante, dado el carácter prácticamente inasible de estos conceptos, los eventuales delitos quedarán sometidos a las arbitrariedades de las interpretaciones, en el marco de las diferentes lecturas del Corán vigentes hoy en día. Podrían abarcar cualquier alegación, irreverencia o indisciplina para con los sentimientos y valores del Islam, en particular la voluntad de abandonarlo, considerada apostasía, un insulto en los países donde impera como religión de Estado.

El texto de Fatsih Ouguergouz atiza el choque de civilizaciones. Olvida la distinción de dos cuestiones difíciles de mezclar: la religión se escoge, no así la raza o la pertenencia étnica. Instala la falsa idea de un Islam monolítico, empeñado en hacer escarmentar a los que violan o no acatan sus reglas. Va a desatar un combate feroz contra los disidentes de las versiones oficiales en distintos rincones del globo. Esa cruel faena, a la luz de las noticias que recogen los medios de comunicación a escala mundial, servirá, preferentemente, para recrudecer la represión: amordazar opositores, acallar periodistas, acorralar minorías religiosas, estigmatizar comportamientos, mantener en la sumición a las mujeres y amenazar a los que osaran cambiar de religión.

Si el proyecto lograra promulgarse, se avecinará una involución para la jurisprudencia internacional, que ha resistido durante los 60 años de historia de la ONU a definir la libertad de religión o de convicción espiritual, desistiendo de obligar a observar sus preceptos, signos y simbolos, para no cercenar la libertad de expresión, la que, por supuesto, no es ilimitada. Sus fronteras se encuentran en proscribir las invocaciones “al odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia”, vedadas por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas, que conmina a sus miembros a legislar y penalizar en consecuencia.

Sin embargo, a los países islamicos no les basta. A través de este nuevo Protocolo apuntan a constituir un arsenal complementario para que los Estados garanticen reparación ante el daño material o moral que acarrearía la comisión de un acto de difamación de religión. Bajo el paraguas de las especificidades culturales y religiosas, las comunidades inmigrantes de obediencia islamica en los países occidentales, podrán vivir de acuerdo a sus creencias, por encima de las leyes locales, y utilizando prioritariamente el idioma de sus lugares de procedencia.

Por primera vez en la historia de la ONU, el mentado Protocolo va a generar más restricciones que nuevos derechos en beneficio de las personas. Y será categóricamente censurado evocar al Islam como fuente o motivación del terrorismo internacional.

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