MEXICO, DF, 20 de abril (apro).- El montaje para Televisa que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la captura de Florence Cassez, condenada a 60 años de cárcel por complicidad en secuestro, prueba su inocencia, declaró hoy Bernard Cassez, padre de la ciudadana francesa.

El lunes pasado, la PGR reconoció en un documento que las fuerzas federales de seguridad mintieron cuando se hizo creer a la prensa que el 9 de diciembre de 2005 efectuaba un operativo en vivo para detener a la francesa y a su exnovio, Israel Vallarta, acusados de secuestro.

“La justicia mexicana por fin reconoce su error. Florence es libre. Florence debe salir, no tiene nada qué hacer allí”, denunció Bernard Cassez a la radio France Info.

“Es una mentira y eso cambia todo. Han mentido, han mentido a la justicia”, exclamó el padre de Florence a otra emisora francesa, Europe 1.

Florence Cassez, de 35 años, que desde el principio ha presumido su inocencia, ha afirmado que su detención, el 9 de diciembre de 2005, fue un montaje para la televisión, puesto que había sido detenida en la víspera de ese día.

El documento de la PGR admite que “no se precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada”, es decir, de la llegada de los periodistas a la finca de Vallarta.

La defensa de Cassez, Franck Berton, afirmó que tras la revelación de la PGR todo el caso se hunde:

“Para mí, a partir del momento en que el acta de la detención de mi cliente es falsa, creo que está todo dicho”, afirmó el abogado francés.

Berton también advirtió que presentará en Francia una demanda contra dos funcionarios federales, entre éstos el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por falsificación.

García Luna era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cuando Cassez fue detenida.

En el libro Florence Cassez, Jacinta, Ignacio et les autres peines mexicaines, dos periodistas franceses denunciaron que la detención de Florence fue un montaje mediático de la AFI que Televisa transmitió en directo.

Aunque Francia y México son signatarios de la Convención de Estrasburgo, que estipula la posibilidad de que un recluso cumpla la condena en su país de origen, las autoridades mexicanas rechazaron su aplicación en este caso.