MADRID, DF, 8 de abril (apro).- Convocados por medio de las redes sociales Twitter y Facebook, cientos de personas se concentraron esta tarde frente a la Audiencia Nacional para manifestar su apoyo al juez Baltasar Garzón, a quien la víspera el Tribunal Superior le abrió un procedimiento penal por el presunto delito de prevaricación, luego que encabezó una investigación por los crímenes de la dictadura franquista.
    Los convocantes --entre los que destacan las asociaciones Memoria Histórica, “Investigar el Franquismo no es delito” y la plataforma “Un millón de firmas de apoyo a Garzón”-- anunciaron que seguirán movilizándose en protesta por la decisión del Poder Judicial de sentar en el banquillo de los acusados a Garzón y la intención de inhabilitarlo hasta por 20 años.
    Con pancartas, los manifestantes gritaron consignas a las puertas de la Audiencia Nacional, entre ellas “Justicia 0 y Falange 1”, “Garzón estamos aquí” y “España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez”.
    Garzón también enfrenta otras dos causas, una por iniciar un caso penal contra la mayor trama de corrupción en el entorno del Partido Popular (PP), la principal oposición en España, y que llegó hasta el mismo tesorero general de la dirección nacional, Luis Bárcenas.
    Otra más está relacionada con los pagos que recibió del Banco Santander para financiar una serie de seminarios en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.
    El magistrado, sin duda el más mediático de todos los jueces españoles, es ampliamente conocido en el mundo por llevar a juicio a dictadores como el chileno Augusto Pinochet y a la Junta de Gobierno argentina y otros, además de iniciar procedimientos que han debilitado a la banda terrorista ETA.
También firmó la primera orden de aprehensión contra el terrorista musulmán Osama Bin Laden y llevó a los tribunales a decenas de presuntos narcotraficantes.
    Luego del auto que emitió ayer el Tribunal Constitucional, Garzón se sentará en el banquillo de los acusados el día 15 de este mes, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá si lo suspende provisionalmente el día 22 de abril.
    El juez del Tribunal Constitucional, Luciano Varela, emitió un auto, conocido el día anterior, que dispone encausar a Garzón por lo que califica como “múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico”, como el pretender “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas del franquismo”, lo que considera un delito de prevaricación, esto es, emitir una decisión judicial a sabiendas que es injusta.
    Las asociaciones de memoria histórica lograron documentar ante el juez Garzón la desaparición de más de 114 mil personas, muchas de las cuales terminaron asesinadas y enterradas en las cunetas de la geografía española, todo ello a manos del régimen dictatorial de Francisco Franco.
    Por su parte, las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) dispusieron salir a las calles el día 13, en apoyo al conocido juez español.