MADRID, 11 de mayo (apro).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó esta mañana su traslado a una plaza de asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a invitación del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo. La decisión deberá ser ratificada este miércoles 12 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial español.

         Torpedeado por tres causas penales y administrativas que busca inhabilitarlo por 10 a 20 años, por el supuesto de haber cometido el delito de prevaricación—tomar una decisión judicial a sabiendas que es injusta—, Garzón abandonaría su cargo como magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional por un plazo de siete meses, con posibilidad de prorrogarlo.

         Con esta decisión, de ser aprobada, Garzón no perdería su posición en la Audiencia Nacional, como tampoco se frenarían las tres causas abiertas en su contra. El magistrado ha ocupado ese cargo desde 1988.

         Desde su posición en la Audiencia Nacional, Garzón ha instruido algunas de las más importantes causas penales en contra de los dictadores sudamericanos, contra mafias del narcotráfico, así como acciones contra el terrorismo doméstico de la banda terrorista ETA y del internacional, de las células yihaidistas, en especial en contra de Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden.

         El fiscal Moreno Ocampo le cursó a Garzón, el pasado 6 de mayo, la invitación para que sea asistente de su oficina, para que le asista como asesor externo mejorar las prácticas de investigación en crímenes organizados y masivos.

         En noviembre pasado, el periódico español El País publicó una entrevista con Moreno Ocampo, quien aseguró que “el mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrentan al poder”.

         Recordó que fue Garzón quien fue el primer juez que abrió “el primer gran caso de justicia universal”, al aludir al caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, recordó hoy el matutino, en su página electrónica.

         En un escrito del 10 de mayo, el juez Garzón refiere que en el proceso que se le sigue en su contra, en el caso de la investigación de los crímenes del franquismo, se han vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, el del principio de igualdad de partes y el derecho a un juez justo, en alusión a las prácticas del juez Luciano Varela Castro, quien ha desestimado los alegatos de Garzón y prácticamente ha dirigido a la parte acusadora en la presentación de los términos de la querella.

         Aparte del caso de las pesquisas de los crímenes del franquismo, Garzón tiene abierta una causa por ordenar la intervención telefónica y escuchas de las comunicaciones entre los abogados y los implicados del caso Gürtel, el máximo caso de corrupción que implica a miembros del Partido Popular (PP) y uno más por los supuestos pagos que recibió del banco Santander para financiar unos cursos en la Universidad de Nueva York.