Haití: El desafío político y social de la reconstrucción

miércoles, 12 de mayo de 2010

MÉXICO, D. F., 12 de mayo (apro).- A cuatro meses del terremoto que devastó Puerto Píncipe, con casi 800 mil damnificados asentados en albergues precarios en la capital, que todavía requieren de asistencia humanitaria, y otros 600 mil desplazados a localidades provinciales que carecen de condiciones para acogerlos; con la temporada de lluvias encima y la de huracanes por venir, que amenazan a la ya de por sí frágil infraestructura nacional, Haití no ha salido aún de su fase de emergencia y apenas empieza a sentar las bases de su reconstrucción.

         Los recursos financieros esta vez no parecen ser un problema. Como nunca, la comunidad internacional se volcó desde un principio para ayudar a la nación más pobre del continente, y el 31 de marzo, en la sede de Naciones Unidas, 138 de sus miembros acordaron una primera entrega de 5 mil 300 millones de dólares –que en diez años deberá extenderse a 11 mil 500 millones– para la reconstrucción, aparte de los mil 440 millones que la ONU pidió para ayuda humanitaria de coyuntura y que aún no han sido completados.

         La cantidad supera con mucho los 3 mil 800 millones de dólares solicitados por el gobierno haitaino para la fase inicial de reconstrucción, que prevé la reedificación de hospitales, escuelas, edificios públicos e infraestructura básica; la creación de empleos y la recuperación del sector agrícola. Aparte, están los apoyos humanos y en especie, ofrecidos por foros regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), y organismos específicos, gubernamentales o privados.

         Los recursos, pues, están ahí. La preocupación de los donantes internacionales, sin embargo, es cómo hacer para que se apliquen en forma transparente y efectiva, y no se diluyan como los 15 mil millones de dólares que han sido inyectados a la nación caribeña desde la caída del régimen duvalierista, a fines de los ochenta, sin que se haya logrado vencer su pobreza endémica ni construir un sistema de gobierno estable.

         Dos son las propuestas comunes para la actual coyuntura: la supervisión rigurosa de la aplicación de los fondos, para acotar la endémica corrupción haitiana, y el involucramiento de los actores locales, ya que todos los anteriores esfuerzos internacionales han sido externos, o directamente intervenciones extranjeras, que han fracasado una y otra vez.

         A la cabeza de estas labores quedó la comisón integrada por el expresidente estadounidense, Bill Clinton, y el presidente de Haití, René Preval. Y es aquí donde empiezan los problemas, ya que el primero privilegia la participación privada y foránea, y el segundo carece de la confianza de sus compatriotas, dado su desempeño en la gestión gubernamental y sus lazos con las corruptas redes de poder haitaianas.

         Según ha trascendido en la prensa de la isla, las élites económicas y políticas han recibido bien el plan Préval-Clinton, no así la oposición, los sectores intelectuales y académicos, y las organizaciones ciudadanas independientes, que ya promueven la creación de un observatorio social civil, que supervise tanto la ayuda de urgencia como la ejecución –“ética”, dicen ellos– de la reconstrucción.

         Un mes antes del terremoto, cuando se discutían las reformas a la Constitución de 1987, Pierre Richard Cajuste, director ejecutivo del Consejo de Análisis e Investigación sobre Haití y exdelegado ante la ONU, hacía notar que, desde la caída de Baby Doc, una y otra vez se había cambiado de gobierno, sin lograr la anhelada transformación del país. Y es que, decía, si bien se requiere de la construcción de un Estado de derecho fuerte y respetable, y de una administración pública competente y con buenas herramientas de trabajo, nada se logrará sin la partiucipación efectiva del conjunto de actores sociales en la construcción nacional.

         Esta falta de “cohesión social”, reflejada en una frágil institucionalidad, ha impedido la gobernabilidad del país, y “las elecciones por sí mismas –advirtió Cajuste– no garantizan la democracia”. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que de no ser por la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), René Préval no se habría podido sostener en la presidencia, y menos ahora, ante el enojo popular por su inacción inicial frente al desastre.

         Pero junto con el divorcio entre las élites gobernantes y la sociedad, producto de la estructura autoritaria e inequitativa que prevalece en el país desde su independencia, y que no parece subsanable a corto plazo, hay otros factores coyunturales derivados del propio sismo, que dificultan la mínima aplicación del marco legal vigente.

         Dada la magnitud del desastre, por ejemplo, el 28 de febrero no pudieron realizarse las elecciones legislativas que debían renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, por lo que a partir del 10 de este mes, cuando expirará el Congreso y sólo quedará vigente un grupo de senadores, Preval deberá gobernar prácticamente por decreto. Él mismo se encuentra en el último año de su mandato y no podrá postularse para un nuevo periodo, porque ya ha ejercido dos veces la presidencia (1996-2001, 2006-2011) y la Constitución lo prohibe.

         Las mismas elecciones presidenciales, previstas para fin de año, están sujetas a debate. Aunque la lógica política, tanto dentro como fuera, se inclina por su realización para evitar un nuevo vacío institucional, la duda es su viabilidad sobre el terreno. El control indispensable para dar validez a los comicios parece difícil, cuando se perdió gran parte de las listas electorales, muchos votantes se quedaron sin credencial de elector, no hay un registro confiable de los muertos, desparecidos y desplazados; la planta de funcionarios públicos quedó reducida en un cuarto y hasta 60% de los edificios gubernamentales se vino abajo, incluyendo las escuelas, donde solían colocarse las urnas.

         Aparte, de realizarse en sólo unos meses, el gobierno llevaría las de ganar en los comicios, porque es el único que mantiene una cierta organización y el control de los recursos, mientras que la oposición tendría que construir casi de la nada. Por lo demás, y aunque hay una treintena de partidos, no se observa un sucesor evidente, más que quizás el primer ministro Jean-Max Bellerive, del Partido Unidad de Preval, y el sempiterno Jean-Bertrand Aristide, quien desde Sudáfrica valora sus posibilidades de regreso. Por lo pronto, sus seguidores de la Familia Lavalás ya andan muy activos en sus cotos de poder, como Cité Soleil en Puerto Príncipe.

         Además de evidenciar una falta de liderazgo político, la simple postulación de Aristide significaría una renovada polarización social en Haití –y una bofetada para Washigton que en 2004 lo sacó por la fuerza– y el muy probable retorno de la violencia electoral. Esto, sin contar con que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ya ha alertado que, por la fragilidad de las instituciones haitianas, el país está expuesto al resurgimiento de la violencia criminal, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

         De hecho no hay que ir muy lejos para toparse con estos fenómenos. Basta ir a los campamentos de damnificados, que se han convertido en una especie de sucedáneos de las barriadas, para encontrar historias de robos, golpizas, violaciones, tráfico de drogas y hasta asesinatos que los encargados de la seguridad, es decir la Policía Nacional de Haití (PNH) y la Minustah, no han podido controlar. Y se teme que la situación empeore, cuando el próximo 1 de junio salga el último soldado estadounidense desplegado en Haití para la ayuda humanitaria de emergencia.

         Y es que al igual que el resto de las instituciones públicas, los organismo encargados de aplicar la ley en Haití también se vieron afectados por el terremoto. La Minustah, ya se sabe, perdió su sede, a su comandante y a más de un centenar de su personal; pero la PNH también contabilizó 77 oficiales muertos, 253 heridos y 45 estaciones de policía dañadas.

Y aunque ambos cuerpos han buscado reorganizarse con rapidez, las posibilidades de reinstaurar la seguridad y la justicia todavía son precarias.

         Según los datos disponibles, de las cárceles colapsadas o dañadas en la capital y otras ciudades aledañas se fugó hasta el 60% de la población carcelaria, es decir unos 4 mil 200 presos, de los cuales entre 300 y 500 pertenecían a bandas armadas. De ellos, sólo 177 han podido ser reaprehendidos, dos fueron ejecutados por policías y otros tantos linchados por la población. Muchos se han reagrupado en sus anteriores plazas fuertes como Cité Soleil, Bel Air y Martissant, y la población de esas barriadas populares teme venganzas, por haber cooperado antes para su detención.

         Pero también ahora los agentes dudan en detenerlos, porque no tienen a dónde llevarlos ni cómo juzgarlos. Además de la infrestructura carcelaria dañada, la Suprema Corte y otras cortes se colpasaron, haciendo todavía más lenta la aplicación de justicia, que ya antes del terremoto tenía a 76% de los detenidos en prisión preventiva, sin contar, por supuesto, con los casos de abuso y corrupción judicial.

         Ante este panorama de falta de institucionalidad y legalidad, organismos como el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, el International Crisis Group, el Washington Democracy Project, el Foro de Diálogo Interamericano, la OEA y otros, han llamado al gobierno haitiano, haya o no haya elecciones, a trabajar en un amplio consenso nacional que incluya a la oposición, a los grupos civiles, a los intelectuales y artistas, a la Iglesia, a la diáspora haitina y, en fin, a todos los actores sociales, si se quiere alcanzar un mínimo de estabilidad para emprender la reconstrucción.

         Ocupados en atender sus compromisos internacionales y cupulares, Preval y Bellerive, quienes todavía despachan en una estación de policía de Puerto Príncipe que se mantuvo en pie, poco han hecho para construir esta red social de protección. Mientras, las lluvias, las intrigas políticas y el descontrol avanzan, poniendo en jaque la reconstrucción. Ni hablar de un nuevo y mejor Haití.

 

cvb

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