SAN DIEGO, 23 de mayo (apro).- La ley antiinmigrante de Arizona ha provocado una profunda división en la sociedad estadunidense y ha convertido el debate migratorio en parte de la arena política, en la que los republicanos han obtenido una sólida ventaja.

Y es que, a pesar de las movilizaciones de protesta y los llamados a boicotear al estado de Arizona, la percepción del público es que el presidente Barack Obama no ha hecho nada para resolver el problema de la inmigración indocumentada.

“El reconocimiento tácito del presidente Obama de que una reforma migratoria no es factible a corto plazo, y sus declaraciones en contra de la Ley de Arizona, han provocado que haya cada vez más frustración en el debate”, dijo a Los Angeles Times el profesor Jack Pitney, de McKenna College, en Claremont, California.

“Lo que estamos viendo en todo el país es que la paciencia del público ha llegado a su límite por la evidente falta de aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno federal”, dijo el 12 de mayo en un comunicado de prensa Ira Mehlman, portavoz del conservador grupo Federation for American Immigration Reform (FAIR).

“Por lo menos las autoridades locales están respondiendo y haciendo lo que pueden para tratar de enfrentar un gravísimo problema que el gobierno federal no ha querido corregir”, añadió Mehlman.

El sábado 15, la excandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, apareció junto a la gobernadora Jan Brewer, en Phoenix, y criticó al presidente Obama por no aprobar una ley migratoria y por colocar a Arizona en la necesidad de actuar por sí sola.

“Es tiempo de que los ciudadanos de todo el país se levanten y digan ‘todos somos de Arizona’, y le digamos al presidente: ‘Haga su trabajo y resguarde nuestras fronteras’”, arengó Palin en Phoenix.

En ese contexto, una encuesta dada a conocer el 12 de mayo por NBC y el periódico Wall Street Journal arrojó que dos tercios de los estadunidenses apoyan la ley SB1070, ya que es vista como el último recurso ante un sistema migratorio inoperante y obsoleto.

Tras la puesta en marcha de la Operación Guardián en la frontera de California en 1994, los flujos migratorios se dirigieron hacia el estado de Arizona, convirtiéndose en la principal zona de acceso de las corrientes migratorias indocumentadas procedentes del sur.

Se estima que en Arizona viven unas 460 mil personas sin documentos migratorios, en su mayoría mexicanos.

Caldo de cultivo

Sin embargo, el movimiento antiinmigrante que encabeza Arizona no empezó ayer. El 19 de marzo, Catherine Wilson, profesora de Ciencia Política de la Universidad Villanova de Philadelphia, dijo al periódico Christian Science Monitor que “entre 2007 y 2009 fueron aprobadas más de 200 iniciativas de ley, incluyendo 40 iniciativas de carácter estatal, que iban desde la prohibición a jornaleros para buscar empleos en lugares públicos, hasta la verificación de documentos de identidad y restricciones a las licencias de conducir para indocumentados”.

“Podemos esperar que esta tendencia de los estados continúe creciendo a lo largo de este año ante la ausencia de una legislación federal de inmigración”, advirtió Wilson.

Y tiene razón. Al menos diez estados de la Unión Americana están alistando leyes similares.

El candidato a la gubernatura de Colorado, Scott McInnis, ha prometido que seguirá el camino trazado por Arizona y aprobará leyes semejantes.

“Ya estuvo bueno de no hacer nada. Si el gobierno federal no va a hacer su trabajo, lo haremos nosotros”, dijo el 6 de mayo durante una concentración política en Denver.

Los comentarios de McInnis son apenas una muestra de cómo el ejemplo de ese estado se ha extendido por todo el país, que se encuentra inmerso en campañas electorales.

También Oklahoma está por aprobar una ley que endurece las penas en contra de los indocumentados que sean sorprendidos en posesión de armas. Y en Carolina del Sur se convertirá en un delito contratar a trabajadores en áreas públicas o en las calles.

Además, los estados de Idaho, Utah, Missouri, Texas, Carolina del Norte, Maryland, Minnesota y Colorado están considerando aplicar leyes estatales de inmigración.

En California, los aspirantes republicanos a la gubernatura, Steve Poizner y Meg Whitman, compiten entre ellos para ver quién es más antiinmigrante.

Whitman, expresidenta de la compañía eBay, al ver que su ventaja se estaba reduciendo frente a su oponente Poizner, decidió cambiar su estrategia y enfiló sus baterías en contra de la inmigración indocumentada. Para ello recurrió nada más y nada menos que al exgobernador de California, Pete Wilson, quien en 1994 lanzó la Propuesta 187, que negaba cualquier servicio a los inmigrantes indocumentados y a sus hijos.

En un anuncio dado a conocer el 14 de mayo, se escucha: “Soy el exgobernador Pete Wilson. Sé lo importante que es detener la inmigración indocumentada y sé que Meg Whitman será dura como un clavo en cuanto a la inmigración indocumentada. Ella peleará para proteger nuestras fronteras e irá contra las ciudades santuario. Por favor únanse a mí para apoyarla”.

En el mismo anuncio, Whitman aprovecha para reiterar sus posturas sobre la inmigración indocumentada:

“Estoy 100% en contra de la amnistía para los inmigrantes indocumentados. Estos no deben esperar beneficios de California ni licencias de conducir ni ser admitidos en las universidades públicas”.

“En todo este debate acerca de la inmigración hay mucho de oportunismo político”, dice Steven Schier, politólogo de Carleton College, en Northfield Minnesota.

“Es evidente que los republicanos de todo el país ven una conveniencia política apoyando leyes como las de Arizona”, agregó.

En ese ambiente preelectoral, el alcalde de Los Angeles, Antonio Villarraigosa, le ha puesto un poco de buen humor al tema.

El 17 de mayo le escribió una carta a su colega de Phoenix, Phil Gordon, para hacerle una apuesta: “Si pierden los Lakers contra los Suns de Phoenix (en la final de la conferencia Oeste de la liga de basquetbol), nos traeremos a Los Angeles a Joe Arpaio (el sheriff del condado de Maricopa y conocido en todo el país por sus posturas antiinmigrantes). A lo mejor aquí le podremos enseñar que no se puede deducir el estatus migratorio de una persona simplemente por su aspecto”, escribió Villarraigosa.

“Pero si ganan los Lakers, entonces les mandaremos a los candidatos republicanos a la gubernatura de California, Steve Poizner y Meg Whitman, quienes están compitiendo entre ellos para ver quién es más antiinmigrante”.

Esa carta ha sido lo único divertido que ha tenido este debate, ya que Los Angeles ha tomado las cosas con toda seriedad.

El 12 de mayo, el cabildo de la ciudad votó 13 a 1 en favor de prohibir hacer negocios con Arizona, hasta que la ley sea eliminada.

La votación dio paso a una acalorada discusión donde se recordó que la mayoría de los ancestros de los miembros del cabildo fueron inmigrantes.

Con esa decisión, Los Angeles se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar el boicot en contra de Arizona.

“Los Angeles es una ciudad de inmigrantes, es una ciudad internacional y su voz debe ser escuchada”, dijo el regidor Ed Reyes.

“Como estadunidense, no puedo viajar a Arizona sin mi pasaporte. Si me detiene un oficial de policía, puedo ser deportado, sin mayores trámites. Ese no es el país al que pertenezco”, dijo Reyes.

Los Angeles tiene inversiones y contratos en Arizona con valor a 58 millones de dólares, la mayoría involucran al aeropuerto, puerto y servicios de energía que no pueden ser afectados legalmente por el boicot.

Esto deja alrededor de 7 millones 700 mil dólares en contratos de la ciudad que podrían ser afectados, dijo Janice Hahn, coautora de la resolución de boicot.

La mayoría de estos contratos tienen que ver con servicios de helicópteros, pistolas eléctricas, manejo de basura, ingeniería y equipo de vigilancia.

Además de Los Angeles, se han unido al boicot las ciudades de San Francisco, Berkeley, Oakland, San Diego, West Hollywood y Seattle, entre otras que están considerando unirse al rechazo.

Los Angeles llevó a cabo boicots económicos similares en contra de Sudáfrica por sus leyes apartheid y contra Colorado en 1992, cuando ese estado aprobó una ley que propiciaba la discriminación en contra de los homosexuales.

Contra el boicot

Los simpatizantes de la SB1070 hacen también su lucha.

A través de una página de Internet BUYcottArizona llaman a sus seguidores no sólo a ignorar el boicot contra su estado, sino a boicotear a sus propios estados.

Pero las cosas están yendo ya muy lejos.

Gary Pierce, funcionario electo de la Corporación de Servicios de Arizona, le envió una carta al alcalde de Los Angeles, Antonio Villarraigosa, indicándole que el cabildo de su ciudad debería reconsiderar su decisión de boicotear la economía de Arizona.

“Quiero recordarles que Los Angeles recibe una cuarta parte de su energía eléctrica de plantas ubicadas en el estado de Arizona y, si deciden continuar adelante con el boicot, nosotros podríamos renegociar nuestros contratos y desconectar totalmente a la ciudad”, dijo Pierce el pasado 19 de mayo a la cadena FoxNews. “Si van a boicotear nuestra tienda de dulces, que no vengan a comprar nada”, agregó.

Los boicots de las ciudades de Estados Unidos en contra de Arizona tienen un efecto limitado. Sin embargo, el efecto de un boicot de México tendría dimensiones mayúsculas, ya que este país es el socio comercial número uno de Arizona.

De acuerdo a Fernando Jiménez, director de Comercio e Inversiones del Departamento de Comercio de Arizona, en el 2009 cerca de 4 mil 500 millones de dólares en productos fueron exportados desde Arizona hacia México. Entre los productos se encuentran semiconductores, maquinaria y plásticos.

Además, casi 40% de las frutas y vegetales importados por Estados Unidos desde México pasan a través de Arizona, de acuerdo con una investigación de El Colegio de la Frontera Norte de Tijuana.

En los tribunales

Mientras tanto, una coalición de 14 organizaciones de defensa de los derechos civiles inició el 18 de mayo una nueva acción legal colectiva en contra de la SB1070 en una Corte federal en Phoenix, con el argumento de que esa ley es anticonstitucional, porque interfiere de manera ilegal con la autoridad federal en materia de inmigración.

Otro de los puntos de la demanda presentada por la coalición que encabeza la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), es que la SB1070 viola las garantías de igualdad descritas en la Constitución y promueve la persecución de personas por su origen racial.

Aparte, viola las enmiendas Cuarta y Décimo Cuarta de la Constitución, que impiden que las policías realicen detenciones o inspecciones sin motivo alguno.

“Es una ley vergonzosa, antiestadunidense y anticonstitucional”, comentó en conferencia de prensa Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU.

Esta demanda colectiva, interpuesta en la Corte federal del distrito de Arizona, en Phoenix, es ya el quinto recurso legal al que han recurrido grupos pro-inmigrantes después del 23 de abril, cuando la gobernadora Jan Brewer la promulgó.