Argentina: expolio desde la ESMA

domingo, 30 de mayo de 2010

BUENOS AIRES, 30 de mayo (apro).-- La elevación a juicio oral en Argentina del sumario por el expolio de bienes a desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático campo de concentración de Buenos Aires donde liquidaron a 5 mil desaparecidos durante la pasada dictadura (1976-1983), revela que, al parecer, la corrupción contaminó el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.

Está en juego mucho dinero y el procedimiento concierne a figuras conspicuas de la represión, como el exteniente de fragata Ricardo Cavallo, quien fue detenido en México el 24 de agosto de 2000, luego extraditado a Buenos Aires y actualmente juzgado por delitos que perpetró en la ESMA.

Cavallo conserva la distinción de Caballero de la Orden Nacional del Mérito, dada por Francia el 27 de junio de 1985. La condecoración premiaría su tarea de agregado naval adjunto en París de 1982 a 1984.  Cavallo mantiene tal distinción a pesar de que actualmente comparece por el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet en 1977.

Retirado de la Armada en 1990, Cavallo ejerció de agente comercializador en Argentina, El Salvador y México de las licencias de conducir y verificación de vehículos, fabricadas por la multinacional francesa Gemplus, reina planetaria de los chips multiproposito y la tecnología inteligente.

La trama

En el enjuiciamiento por la causa ESMA destaca la voluntad política de imputar a un puñado de militares dejando de lado a los cómplices civiles, participes necesarios en la barbarie. La polémica investigación constituiría la más grande estafa al derecho a la verdad desde que la Argentina recuperó la democracia en 1983.

Con dos resoluciones adoptadas por la justicia federal de Buenos Aires el 21 de mayo de 2009 y el 10 de marzo de 2010, que incriminan a Cavallo, termina la instrucción penal por el saqueo de tierras llevado a cabo en torno al centro clandestino de detención que funcionara en la ESMA. Valuadas en 20 millones de dólares, se encuentran en la provincia de Mendoza, vecina con Chile, en el oeste argentino. Su historia quedará sellada en la anunciada vista oral, cuya fecha está por definir. 

Esos dos fallos le reconocen virtual participación en Cerro Largo S.A., sociedad titular de las tierras, al desaparecido Conrado Gómez. Presuntamente a partir de declaraciones de uno de sus hijos, la justicia le confiere implicitamente derechos de propiedad al extinto padre, pese a no haber sido accionista de la empresa, una supuesta infracción grave al ser responsabilidad de funcionarios del Poder Judicial.

Un juez de instrucción, un fiscal y dos jueces de la instancia de apelación en la Camara Federal de Buenos Aires, habrían vulnerado el derecho a la verdad, la norma que la diplomacia argentina pretende sea asumida por la comunidad internacional en forma autónoma e independiente en materia de derechos humanos, tras la aprobación en la ONU de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas en 2006.   

Los archivos oficiales en Argentina certifican que el dueño original de esos bienes fue Victorio Cerutti, accionista fundador y vicepresidente de Cerro Largo S.A., compañía propietaria de las tierras. Sicarios de la ESMA lo apresaron entre el 11 y 12 de enero de 1977, junto con su yerno, Omar Masera Pincolini, a su vez gerente de la sociedad; y con Horacio Palma, accionista y presidente de la explotación. Con anterioridad los agentes raptaron a Conrado Gómez, presunto abogado o asesor de Cerro Largo S.A.

Federico Gómez, uno de los hijos de ese abogado, se presentó ante la justicia para exigir una reparación, en virtud de la supuesta pérdida que, según dijo, padeció su difunto padre en Cerro Largo S. A., sin que hubiera sido accionista de la firma. No obstante, los magistrados al mando de las diligencias convalidaron su petición por la probable coincidencia de las cercanía en el tiempo de los secuestros de estas personas, todas después masacradas, haciendo la amalgama con que estuvieran relacionadas por un mismo grupo económico, incluyendo el papel de abogado o asesor de la empresa que se le atribuye a Gómez, un vínculo que no ha sido fehacientemente probado.

“Según el testimonio de diversas fuentes” no identificadas, la fortuna de Gómez consentida por la justicia a su hijo “ascendía a cientos de miles de dólares, tal vez un millón, entre moneda extranjera y nacional”, así como “papeles, escritos, documentación, expedientes, el aparato de teléfono, máquinas de escribir y sumar, efectos personales, ropa, artículos de tocador, máquina de afeitar, juegos de sábanas y toallas, planchas y hasta el café, el té, y la yerba mate”. 

Federico Gómez dijo además que a su padre le confiscaron algunos  caballos de carreras, lo que también fue admitido en la instrucción penal.   

 

El primer despojo

 

No se han encontrado huellas de documentos suscritos en cautiverio por Gómez relativos a estos terrenos. En cambio, Victorio Cerutti firmó su traspaso forzoso en la ESMA, antes de que lo asesinaran. Escribanos adictos al régimen militar, dieron cobertura legal a la transacción. Resultaron favorecidos el capitán de corbeta Francis William Whamond y el teniente de navío Alejandro Spinelli, que utilizaron las identidades falsas de Mario Rodríguez y Felipe Pagés. 

Estos dos últimos delegaron en Pascual Gómez, en realidad el teniente de fragata Daniel Berrone, quien ungió abogado en la provincia de Mendoza a Manuel Andrés Campoy, un personaje clave para consumar la confiscación.  

Luego Pascual Gómez cedió los terrenos a Federico Williams, una segunda identidad apócrifa del citado Whamond, quien actuaba en representación de la sociedad instrumental Will Ri. Entre sus representantes destacaba el teniente de fragata y contador naval Jorge Radice, quien era el administrador del pillaje de pertenencias de los 5 mil  desaparecidos en la ESMA, un botín cifrado en 70 millones de dólares por los organismos defensores de derechos humanos.

Will Ri designó apoderado, después síndico y finalmente presidente, al ya mencionado abogado mendocino Manuel Andrés Campoy, quien recurrió a su padre, el escribano Manuel Andrónico Campoy, para protocolizar los terrenos. Los inscribió en el Registro de Propiedad de la misma provincia de su dueño, abatido en la ESMA, pero a nombre de la sociedad  pantalla mandatada por los homicidas.

Luego, Manuel Andrés Campoy transfirió, por intermedio de su padre, las valiosas tierras a otra sociedad, Misa Chico, cuyo control remitía al otrora comandante de la Armada, Eduardo Emilio Massera, miembro de la Junta Militar que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, posiblemente enmascarado detrás de la Financiera del Pacífico y del Banco de Ultramar.

         Las resoluciones judiciales citan a Campoy hijo, sin formularle ninguna recriminación. Menos a su padre, imprescindible para registrar los terrenos y entregarlos subrepticiamente a Massera. Igualmente salieron indemnes su mujer, Silvina Rosenthal, su cuñado, Hernán Lucio Funes, y su primo, Gustavo Campoy, incorporados sucesivamente al directorio de la fantasmal Will Ri.

Cavallo y otros cinco oficiales de la ESMA (Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radice, Pablo García Velasco, Alberto Gonález Menotti, Juan Carlos Rolón) han sido inculpados por estos delitos. Sin embargo, los mercenarios civiles permanecen impunes. Todos los caminos conducen al abogado Nicolás Becerra, defensor y amigo del hoy millonario Campoy. Al estudio de Becerra concurría por entonces el previamente consignado teniente de fragata Jorge Radice, tesorero a cargo de la masiva y sistemática rapiña.

Becerra fue el abogado de la Policía Federal en Mendoza durante la dictadura, y el artífice de la obtención irregular de la ciudadanía argentina del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, recientemente condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de armas. Becerra se hizo intocable al llegar a procurador General de la Nación en época de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Néstor Kirchner, quien lo despidió con un puesto en el Mercosur.

Becerra habría retomado la actividad privada en su natal provincia de Mendoza. Hace casi 10 años, la justicia desistió de bloquear y repatriar su cuenta bancaria secreta en Suiza.

Con la ayuda de un nucleo selecto de periodistas y abogados, que han escrito notas y libros, y sostenido iniciativas judiciales, Federico Gómez estaría usurpando de facto los bienes de Cerro Largo S. A., para eventualmente beneficiarse de una sentencia judicial que lo reconozca como heredero de la víctima de un “desapoderamiento” que él no justifica.

El resultado de la operación lo transfiguraría en asignatario de tierras que, en apariencia, nunca fueron de su progenitor, inaudita obra de ficción que se está blanqueado en los tribunales.

Así se buscaría obtener una sentencia judicial que haga de Federico Gómez legatario de riquezas incautadas violentamente por los esbirros de la ESMA a Cerro Largo S.A. Quedaría consecuentemente habilitado para demandar un resarcimiento por tierras que jamás habrían pertenecido a su familiar desaparecido.

 

mr

--FIN DE NOTA—