SAN SALVADOR, 11 de junio (apro).- En un nuevo escenario sociopolítico, de paz y democracia, en momentos en que la izquierda política y exguerrillera gobierna El Salvador, el número de muertos que cada día deja la violencia social y delincuencial es similar al de la guerra civil, concluida hace 18 años.

La violencia en El Salvador parece ya una epidemia que llega a todos los sectores de la población, pues ricos y pobres se ven afectados por ella, directa o indirectamente.

Empleados, empresarios, hombres y mujeres se miran agobiados e inseguros en el transporte colectivo o por los caminos que transitan, y hasta en sus propios hogares.

El año 2009 fue sangriento para este país centroamericano, considerado el más violento de Latinoamérica: cerró con más de 4 mil 300 asesinatos, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ese año, la tasa de homicidios ascendió a poco más de 70 por cada 100 mil habitantes, siete veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia.

Y a casi la mitad de 2010, el panorama no pinta distinto para la sociedad salvadoreña, pues sólo el pasado fin de semana 31 personas perdieron la vida en 48 horas. Únicamente el pasado domingo 6, la PNC contabilizó 23 homicidios, y la mayoría de estos crímenes ha quedado en total impunidad.

Entre los muertos figuran miembros del transporte colectivo (choferes, cobradores), así como vendedores informales, supuestos miembros de pandilla y otros.

El sector transporte es uno de los blancos cotidianos de la delincuencia (pandilleros), que exige a los conductores una cuota de dinero para no asesinarlos. A la fecha se han registrado más de 70 muertes en sus filas en lo que va del año.

Los distintos rostros de la violencia

En lo que va de 2010, mil 736 personas han sido asesinadas en suelo salvadoreño. Sólo en mayo pasado se reportaron 285 homicidios, pero la sangre no dejará de correr.

La presencia de pandilleros, crimen organizado, narcotráfico y secuestradores, así como el tránsito de armas ilegales y la posibilidad de grupos de exterminio, hacen de El Salvador un terreno fértil para la violencia y el asesinato.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, la posible existencia de grupos de exterminio estaría aumentando el número de homicidios.

El pasado 16 de mayo, un pandillero fue asesinado con señales de haber sido ejecutado sumariamente. Sobre su abdomen estaba marcado “M 18” y en la cabeza tenía un disparo, mientras que sobre su cuerpo había dos mensajes: “La justicia está en nuestras manos” y “La paga del pecado es la muerte".

Al hablar sobre ese hecho, el director de la PNC, Carlos Ascencio, no eludió la posibilidad de la presencia de grupos de exterminio en El Salvador.

“Es más que suficiente para seguir sosteniendo la tesis de que pueden existir personas que estén tomando la justicia por sus manos o grupos empecinados en acciones típicas de exterminio”, dijo.

En lo que va de 2010 se han registrado en El Salvador cinco masacres, la última de las cuales se perpetró en la provincia de La Paz, donde hombres fuertemente armados interrumpieron un partido de fútbol y pidieron a quienes se encontraban ahí que se levantaran las camisas. Los que tenían tatuajes fueron apartados del grupo. Una vez separados, les dispararon con sus fusiles.

Tres personas murieron y cuatro quedaron heridas de gravedad.

En el país centroamericano, el crimen organizado y las pandillas aumentan su poder adquisitivo a través de las extorsiones a comerciantes y empresarios del transporte colectivo. Con el dinero que recaudan compran armas de guerra y granadas a bajo costo en el mercado negro. Y no se descarta que esos grupos se estén infiltrando en los cuerpos de justicia y seguridad de El Salvador.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, afirmó que desde el 1 de enero al 24 de mayo de 2010 se han decomisado 103 fusiles de guerra que entran por “puntos ciegos” en la frontera de El Salvador.

Y si bien la violencia golpea a todo El Salvador, la PNC tiene identificadas zonas puntuales donde está más acentuada: San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate.

Las muertes, una cuota cara para la sociedad

Los números oscilan entre 12 y 14 asesinatos por día, una cuota muy cara para la sociedad salvadoreña, que enfrentó por más de una década una guerra civil que dejó alrededor de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.

Esa guerra tuvo como protagonista al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político después de la firma de los Acuerdo de Paz, en 1992, que desde el 1 de junio de 2009 gobierna al país, luego de vencer a su viejo rival derechista, Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Y ahora la violencia pasa cada día la factura al nuevo gobierno encabezado por el experiodista Mauricio Funes.

Luego de cumplir un año en el poder, las voces de sus opositores y detractores no se han hecho esperar, en virtud de que el combate a la delincuencia no ha dado los frutos esperados, pese a que Funes determinó, el 6 de noviembre de 2009, robustecer la PNC con la presencia de efectivos militares en las calles, a fin de combatir la criminalidad.

De acuerdo con la última encuesta realizada por el prestigioso Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el combate a la delincuencia es el área que obtuvo la evaluación más crítica, ya que según el 63.3% de la población encuestada, en el primer año de gobierno de Funes la delincuencia aumentó
La directora del IUDOP, Jeannette Aguilar, afirmó que El Salvador vive “uno de los escenarios más complejos de violencia criminal de los últimos tiempos”.

Para la especialista, las distintas partes que configuran el rostro de la violencia en El Salvador son múltiples, y con los años tomaron fuerza, hasta desencadenar en lo que ahora vive el país.

“La violencia que el país está enfrentando es el resultado de la confluencia de dinámicas criminales en las que participan el crimen organizado internacional, las mafias, las estructuras de criminalidad a nivel local, las pandillas y la delincuencia común; a esto se suman los grupos armados ilegales (de exterminio, sicarios), asociados a estructuras de poder político, que están generando zozobra en la población”, explicó Aguilar.

Por separado, el analista y actual director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez Ventura, señaló que la criminalidad que sacude a la sociedad salvadoreña tiene otros factores determinantes, como las medidas que impulsó Arena cuando fue gobierno.

“Las políticas erráticas que se impusieron durante más de 20 años, caracterizadas por la prevalencia de un enfoque estrictamente punitivo, de mano dura y concentrado casi exclusivamente en la delincuencia común y en las pandillas”, agregó, dejó de lado otras expresiones de criminalidad y de violencia que ahora agobian a El Salvador.

Al hablar de los vacíos que el actual gobierno tiene frente a la delincuencia, Aguilar manifestó que uno de los puntos desacertados sería la utilización del ejército en labores de seguridad pública, una medida que, dijo, sería “demagógica y mediática”, pues en nada cambian los homicidios y extorsiones.

Como miembro de una estructura estatal, Martínez Ventura habló de las apuestas que el gobierno de Mauricio Funes tiene en estos cuatro años que le quedan en el ejercicio del poder.

“Se está respondiendo con una política integral conformada no sólo por acciones represivas, sino por cinco ejes sistemáticos: el control y represión del delito, la prevención social de la violencia y el crimen; la reforma y fortalecimiento institucional y legal; la ejecución de las penas y medidas (sanción, rehabilitación y reinserción social), y la atención y protección a las víctimas”, detalló el director de la ANSP.

Esta política y la no preeminencia del componente punitivo, agregó, “no significa debilidad alguna contra la criminalidad”.
Sin embargo, la cúpula de la PNC afirma que los homicidios han disminuido.

“Tenemos mejoras importantes. En relación con el mes de abril, tuvimos 386 homicidios, una de las cifras mayores en el presente año; mientras que en el mes de mayo tuvimos una reducción y llegaron a  357”, apuntó el subdirector general de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde.

Por su parte, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, opinó que la policía no debe estar sola en el combate a la criminalidad, y exhortó a las demás instituciones de justicia, como la Fiscalía General de la República y los tribunales, a “llevar esa responsabilidad compartida”. Además, dijo, “no hay capacidad administrativa de ese bulto enorme de expedientes”, y eso no permitirá “superar la impunidad”.