SAN SALVADOR, 24 de junio (apro).- El uso del Ejército en la lucha contra la delincuencia, impulsada por el gobierno salvadoreño desde hace más de seis meses, fue criticada por Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

De visita en la nación centroamericana, dos altos funcionarios de ambas organizaciones afirmaron que los soldados “no sirven para combatir la violencia ni la delincuencia” que agobia a esta nación desde hace más de una década y que la mantiene como una de las más peligrosas del mundo.

Al finalizar 2009, luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) registró 4 mil 365 asesinatos, en un país de 5.7 millones de habitantes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe en el que situaba a El Salvador como uno de los territorios más violentos del mundo, seguido de Honduras y Guatemala.

Frente a esos datos, Centroamérica se convierte en la mancha violenta más oscura de todo el mundo, y en 2010 no parece que será distinto, aunque los gobiernos de la región le apuesten al verde olivo para reducir los homicidios.

En su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos,  dado a conocer en días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un nuevo llamado a los gobiernos de Centroamérica para no seguir utilizando al ejército en la lucha contra la delincuencia, en virtud de que las medidas represivas y populistas no dan frutos reales para la sociedad.

El gobierno de izquierda en El Salvador, encabezado por Mauricio Funes, quien llegó al poder impulsado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –que siempre se opuso al uso de militares en acciones de seguridad pública–, autorizó en noviembre pasado que las tropas salieran a las calles para apoyar la lucha contra la delincuencia, y en mayo pasado afirmó que el ejército estaría un año más fuera de los cuarteles.

Sin embargo, la representante regional para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Carmen Rosa Villa Quintana, señaló que la seguridad ciudadana “no puede estar en manos de fuerzas armadas que tienen en su doctrina y su filosofía la defensa nacional contra el enemigo externo".

Sobre el mismo punto, el subtitular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, afirmó que "el uso de fuerzas armadas es extremadamente inconveniente para la lucha eficaz contra la criminalidad. (Ellos) Están preparados para seguridad nacional".

En su informe, la CIDH señala que la seguridad ciudadana “requiere de una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes”, así como de “una administración de justicia fortalecida, sin corrupción ni impunidad, y de un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido”.

En el mismo tono, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, se ha pronunciado por medidas integrales y no dejar sola a la policía en el combate a la criminalidad.

En días pasados, Campos exhortó a las demás instituciones de justicia, como la Fiscalía General de la República y los tribunales, a “llevar esa responsabilidad compartida” para “superar la impunidad” de una vez por todas.

Y el informe de la CIDH incluye un perfil de cómo deben ser las autoridades policiales: “honesta, profesional, preparada y eficiente”. Es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos, agrega.

En El Salvador, denunciar los tipos de violencia que existen es un riesgo mortal, además de que la gran mayoría de crímenes queda en la impunidad o archivados como casos sin resolver.

El año pasado, El Salvador tuvo una tasa de homicidios mayor a 70 por cada 100 mil habitantes, lo que la ubicó entre las mayores del mundo.

En días recientes, la PNC informó que entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2010, en el país centroamericano hubo 2 mil homicidios, de manera que el promedio es de 11.9 por día, una cifra mayor que la de un año atrás. Con esas cifras, puede verse que los militares en las calles han hecho poco o nada para evitar el derramamiento de sangre en el llado “pulgarcito” de América.

De acuerdo con Villa Quintana y Pinheiro, todas las tesis y números evidencian que la mayoría de homicidios ocurre en zonas pobres y que la mejor forma de combatir la violencia y la delincuencia es a través de políticas públicas sociales y de prevención.

Es la policía la que debe reprimir el delito, no el Ejército, insistieron los funcionarios internacionales, quienes señalaron que deben mejorarse los sistemas de justicia y carcelario, así como la lucha contra la impunidad.

Crimen organizado y sus nexos

Importantes sectores académicos locales, así como defensores de la legalidad y de los derechos humanos, han coincidido desde mucho antes con lo que ahora han expresado los funcionarios internacionales.

La directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillén, afirma que hay varias circunstancias que en El Salvador se están ignorando en la formulación de políticas públicas.

Para Guillen, el crimen organizado sería el principal responsable de la criminalidad y la inseguridad de los salvadoreños, un fenómeno “que aquí y en la China está arropado por el poder político y económico”, anotó.

“Veo muy ausente a la Fiscalía General de República de todo lo que está pasando en el país. Todo se está dejando a la policía y al Órgano Judicial, cuando la conducción de la investigación del delito todos sabemos que es responsabilidad de la Fiscalía”, agregó Guillén.

Y, mientras, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  (PDDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) hay numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares que en los últimos meses han estado en tareas de seguridad pública.

Defensores de los derechos humanos han asegurado que la presencia del ejército en tareas de seguridad pública viola el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz de 1992, firmados por la exguerrilla y el gobierno de  derecha de aquel entonces.

Cabe señalar que, ante la llegada de la paz, una de las aspiraciones y compromisos de los involucrados era desmilitarizar la sociedad y principalmente los cuerpos de seguridad pública.

Y según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, “el gobierno no se ha equivocado en el uso temporal de las fuerzas armadas en la actividad de seguridad pública"; además, dijo, ello no viola la Constitución del país.

El presidente Mauricio Funes también ha defendido su medida, al afirmar que la población se siente segura con las tropas en las calles. Y ese, ha dicho, es un sentimiento que se ve reflejado en las distintas encuestas de opinión pública.

La  utilización del ejército no es nueva en El Salvador. En los gobiernos del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se implementó el uso de los soldados para combatir a las pandillas. No obstante, la medida fue un fracaso durante las administraciones de los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, dado que la represión sólo creo más violencia.

De acuerdo con el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, “en varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad”.

El mismo documento habla de las secuelas que se generan por estas malas medidas, y señala: “La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito, en ocasiones ha conducido a reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal, de los cuales son responsables los llamados grupos de ‘limpieza social’, como los ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”.

Ante ello, la CIDH recomienda al gobierno salvadoreño “garantizar la ejecución por parte de las fuerzas policiales de todas las actividades operativas que permitan la implementación de las funciones de prevención, disuasión y represión legítima de hechos violentos o delictivos, como parte de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos comprometidos directamente en la política de seguridad ciudadana”.

Así, pues, el informe de la organización internacional ofrece una serie de recomendaciones para los gobiernos centroamericanos, a fin de que adopten políticas integrales con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

Son viejos consejos que los gobiernos conocen bien, pero que hasta la fecha no han satisfecho en prácticamente ningún caso.

cvb

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