MEXICO, D.F., 14 de julio (apro).- El 17 de junio pasado, la Corte de Apelación del Tribunal de Génova, en Italia, condenó a un año y cuatro meses de prisión a Gianni De Gennaro, jefe del Departamento para las Informaciones y la Seguridad (DIS), que depende directamente del primer ministro y controla los servicios secretos italianos.

         La sentencia obedece a que De Gennaro indujo el exjefe de la policía de Génova, Francesco Colucci, a mentir frente a los jueces que investigaban el papel mantenido por el entonces jefe nacional de la policía italiana (el mismo De Gennaro) en el operativo de desalojo realizado en las instalaciones del centro de medios del Génova Social Forum (GSF) el 21 de julio de 2001, durante las protestas contra la reunión del Grupo de los 8 (G8).

         Un mes antes, el 18 de mayo, el mismo tribunal, condenó a otros 25 dirigentes de la policía italiana por distintos delitos relacionados con el mismo hecho. Entre ellos se encuentra el hoy jefe de la policía anticrimen, Francesco Gratteri; el excomandante de los antimotines de Roma (enviados en julio de 2001 a garantizar la seguridad en Génova), Vincenzo Canterini, y el exdirector de los repartos especiales de los carabineros, Giovanni Luperi.

         Las condenas, que revocan la absolución de todos los imputados en el primer juicio emitida en 2008, abren la puerta no sólo del tercer y último grado de revisión del caso; es decir, la Corte de Cassazione, sino que abren la posibilidad de una “condena ejemplar” de la llamada “cadena de mando” que instruyó el operativo de desalojo de la Escuela Diaz en Génova, en esos días sede del centro de medios del movimiento que se reunió en la ciudad italiana para protestar contra la reunión de “los ocho Grandes”.

         No obstante, tanto el ministro de Interiores del actual gobierno italiano, Roberto Maroni, como varios exponentes de la política italiana han ratificado el apoyo gubernamental a los funcionarios condenados. “Estos hombres (los condenados) tienen y siguen teniendo la plena confianza del sistema de seguridad (italiano) y del Ministerio de Interiores”, dice el comunicado oficial del gobierno italiano.

Los protagonistas

Tras la absolución (excepto de 13 policía antimotines) de noviembre de 2008, en el aula del tribunal de Génova se levantaron las consignas “¡Qué vergüenza!”, gritaban decenas de manifestantes y familiares de los detenidos aquella noche del 21 de julio cuando la policía italiana irrumpió en la Escuela Díaz y, con lujo de violencia, detuvo a 93 personas.

         Hoy, tras la nueva sentencia, esas mismas personas reivindican “el pedacito de justicia que se nos concedió” y claman porque los funcionarios condenados “dejen su puesto ya”, inclusive antes que el máximo tribunal italiano, la Cassazione, dicte la última sentencia.

         “¡Se hizo justicia!” fue el primer comentario del doctor Vittorio Agnoletto, entonces portavoz del GSF, la red que organizaba el movimiento de protesta.

         “Fueron necesarios nueve años, pero finalmente algunos jueces valientes han reconstruido la cadena de mano de la noche ‘chilena’ en la Díaz”, apuntó. Y añadió: “Dije ‘valientes’ no por casualidad, pues no es sencillo condenar a quien (De Gennaro) está en la jefatura de los servicios de inteligencia” de Italia.

         El también exdiputado en las listas de Izquierda Europea recuerda que todos los funcionarios condenados fueron, desde 2001 a la fecha, promovidos y hoy ocupan puestos de primera importancia en las fuerzas de seguridad italianas.

         Por esta razón, continúa, “con esta sentencia nadie ya puede esconderse tras la retórica de las ‘manzanas podridas’ porque si éstas existen se encuentran en las cumbres de los aparatos policíacos y de los servicios secretos”.

         Y aclara: “Cualquier obra de ‘limpieza’ debe comenzar a ese nivel”.

         Por su parte, Laura Tartarini, abogada de quienes se manifestaron en esos días en Génova, señala: “Estamos satisfechos, pues la sentencia demuestra que por una vez todos somos iguales frente a un tribunal italiano”.

         Sin embargo, el mismo Vittorio Agnoletto, tras aprender la postura del gobierno frente a la condena, afirma que los funcionarios condenados deberían dimitir o, en su caso, ser despedidos por el gobierno. “Espero que al menos este objetivo, que sería obvio en toda Europa, sea perseguido por la oposición” al gobierno de Berlusconi.

         Y abunda: “Ahora hay todos los elementos para remontarse a las responsabilidades políticas de quien en ese entonces era el primer ministro, Silvio Berlusconi, el ministro de Interiores, Claudio Scajola, o se encontraba en la sala de comando de los carabineros, Gianfranco Fini (hoy presidente de la Cámara de Diputados)”.

         Con él coincide Luca Casarini, en ese entonces también portavoz del GSF, quien señala que la sentencia representa mucho más que una “justa y debida” revisión de la absolución en primer grado. Según el activista italiano, la sentencia tiene un grado político importante porque demuestra que “aquellos oficiales, hoy dirigentes de máximo nivel de la policía italiana, decidieron y ordenaron lo que luego sucedió”. Es decir, “es el Estado, en sus articulaciones más importantes, quien tiene la responsabilidad, no un individuo o algún funcionario corrupto”.

         Casarini comenta la posición del gobierno y pregunta: “Si en un país la única categoría (de personas) que se queda en su lugar a pesar de condenas muy graves es la que comprende a las fuerzas armadas, a los policías y a los carabineros, ¿qué es lo que está realmente sucediendo?

            “Para los políticos investigados se pide la renuncia. Los periodistas arriesgan su puesto de trabajo si son condenados (...) no hablemos de los ciudadanos de a pie”, añade. Sin embargo, señala, a policías, carabineros y militares, quienes tienen responsabilidades, “no les sucede nada”.

         Para concluir, Luca Casarini pregunta: “¿Puede un país reivindicarse sólo un poco democráticamente si los únicos por los que hay completa impunidad por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, son los que detienen ‘el monopolio de la fuerza’?”.

“La carnicería mexicana”

La reunión del G8 en Génova en julio de 2001 fue el primer gran evento del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que entró en funciones meses antes. En un contexto que aún no sufría las consecuencias del ataque a  Estados Unidos del 11 de septiembre de ese mismo año, el movimiento social italiano se había organizado alrededor del llamado Génova Social Forum, un espacio de reunión de las corrientes que tenían la intención de contestar a la reunión oficial

         Ante la presencia de por lo menos 300 mil personas en la ciudad italiana, el movimiento prometía organizar magnas protestas y amenazaba con romper el cerco (la llamada “zona roja”) que el gobierno había instituido en el centro histórico de Génova. Tras el primer día de manifestaciones pacíficas, el 20 de julio se desató la represión policíaca que, provocada aparentemente por los actos vandálicos de algunos manifestantes vestidos de negro, arrastró con todas las marchas que se dirigían hacia el centro de la ciudad.

         Ese día se recordará después sobre todo por la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani quien, durante los enfrentamientos con los cuerpos antimotines, recibió un balazo en la cara por parte del también joven carabinero Mario Placanica.

         El 21 de julio una marcha de magnas proporciones invadió la ciudad. A mitad del recorrido, la marcha fue otra vez atacada sin aparente razón por los cuerpos policíacos, que se dedicaron a golpear a los manifestantes y a detener a cuantos podían. Las decenas de denuncias de tortura sufridas en las celdas de la cárcel de Bolzaneto llegaron semanas después.

         Esa noche del 21 de julio, cuando un gran número de manifestantes se retiraba de la ciudad, la policía italiana decidió desalojar el centro de medios del GSF instalado en la escuela primaria “Armando Díaz” concedida por la municipalidad local al movimiento social.

           El cateo previsto inicialmente se convirtió desde el primer momento en un asalto realizado con lujo de violencia y una larga lista de abusos. A las 21 horas de esa noche, los cuerpos antimotines entraron a la escuela dejando 93 heridos, charcos de sangre en cada uno de los cuartos de los edificios, dos días en coma para unos de los manifestantes arrestado. Michelangelo Fournier, funcionario investigado por los hechos, al hablar del escenario de violencia que presenció, dirá frente a los jueces: “Parecía una carnicería mexicana”.

               Para justificar la “rudeza” de la intervención, primero los entonces jefes de la policía local narraron una agresión sufrida por parte de algunos manifestantes que se alojaban en el edificio. La versión fue desmentida por los jueces. Luego, aportaron como “evidencia” en contra de los manifestantes la existencia de dos botellas incendiarias en el interior del edificio.

         Años después, los jueces vieron claramente en un video a dos funcionarios de policía ingresar al edificio con esas botellas y salir pocos minutos después con las manos vacías.

         Tras los acontecimientos, no sólo fue condenado Gianni De Gennaro por haber instigado a sus subordinados a mentir frente a los jueces que investigaban los hechos, sino también fueron condenados 25 oficiales mandos medios de la policía italiana.

         En la intervención final antes de la condena del 18 de mayo, el fiscal Pio Machiavello afirmó: “No se pueden olvidar las terribles heridas procuradas a personas inermes, la premeditación, los rostros cubiertos, la falsificación de los testimonios, la detención de 93 manifestantes, las mentiras acerca de su presumida resistencia. Ni se puede olvidar la sistemática e indiscriminada agresión y la tentativa de endosar a todos los detenidos las dos botellas incendiarias que, al contrario, fueron llevadas por los policías mismos”.

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