MÉXICO, 15 de julio (apro).- En el que podría ser el último capítulo de su litigio con la justicia internacional, el pasado miércoles 7 el exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega fue condenado por un Tribunal Correccional de París a siete años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, y a pagar 1.25 millones de euros como indemnización por los fondos desviados al Estado de Panamá.

         La resolución de la corte francesa se dio a menos de tres meses de que Noriega fuera extraditado de Estados Unidos a Francia, en medio de una controversia con sus abogados y con el gobierno de su país de origen, que también lo reclama por corrupción, peculado, violación de derechos humanos y asesinato, cargos en opinión de muchos panameños más graves que aquéllos por los que se le juzga en el exterior.

         Olivier Metzner, su abogado en Francia, se quejó de las razones políticas que privaron en el proceso y habló de “una voluntad para complacer a Washington” e impedir que su cliente volviera a Panamá. Lo que no mencionó fue que el anterior gobierno panameño de Martín Torrijos tampoco hizo grandes esfuerzos para lograr que Noriega compareciera ante la justicia local.

         En realidad, desde el 9 de septiembre de 2007, día en que el otrora “hombre fuerte” de Panamá concluyó su condena en una cárcel federal de Miami, quedó claro que su destino inmediato no sería la repatriación, pese a los recursos de habeas corpus y a los alegatos de su abogado, Frank Rubino, en el sentido de que había sido llevado a Estados Unidos como “prisionero de guerra” y que, según la Convención de Ginebra, un militar que ha sido apresado debe obligatoriamente ser repatriado a su país al cumplirse el plazo de su sanción.

         Pero el juez William Hooveler, quien estuvo a cargo del proceso desde que Noriega fue trasladado a territorio estadunidense, luego de la cruenta invasión de Panamá en 1989, no lo consideró así. La condición de prisionero de guerra, dijo, “no es un escudo contra procesos judiciales adicionales, sobre todo cuando se trata de crímenes serios”. Aclaró, además, que tomó su decisión después de obtener garantías del entonces presidente George W. Bush, de que su gobierno haría las gestiones necesarias para que Noriega conservara en Francia ese rango, mientras se desarrollaba su juicio.

         Si bien el Departamento de Estado norteamericano era el que tenía la última palabra para decidir a dónde iría Noriega, rápidamente dos jueces estadunidenses allanaron el camino legal para que pudiera responder a los cargos de lavado de dinero presentados por la justicia francesa, y el Departamento de Justicia transfirió de inmediato la solicitud de extradición presentada por Francia, acortando los habitualmente prolongados plazos burocráticos.

         Tal rapidez en los trámites y los dichos del juez Hoeveler aumentaron las sospechas de que el gobierno estadunidense había presionado para que el exgeneral fuera entregado a las autoridades francesas y no a las panameñas, por temor a que su presencia ahí todavía pudiera provocar disturbios. Ello, a pesar de que la solicitud de extradición por parte de Panamá (1991) antecedía por 13 años a la de Francia (2004). París argumentó que si Noriega volvía a Panamá eludiría los cargos que le tenía fincados, porque la Constitución panameña prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

         De hecho, desde 1999 Noriega ya había sido condenado “en ausencia” en Francia a 10 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. La acusación se basó en las mismas investigaciones de Estados Unidos sobre las actividades delictivas del general, y en testimonios de pilotos y narcotraficantes detenidos, que aseguraron que entre 1983 y 1989 Panamá se convirtió en una base de tránsito de drogas, procedentes del colombiano cártel de Medellín.

         Por permitir este trasiego, Noriega habría recibido compensaciones de hasta cien mil dólares semanales, lo cual le permitió amasar una fortuna considerable, de la cual, concretamente entre diciembre de 1988 y de 1989, habría depositado 3.15 millones de dólares en bancos franceses y utilizado parte de éstos para adquirir lujosos departamentos en los mejores barrios de París. Durante sus breves comparencias ante los tribunales franceses, el exmilitar adujo que los fondos eran producto de su propia herencia familiar, de la fortuna de su esposa, de empresas en las que había sido accionista y, no menos, del pago de sus servicios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense.

         Pese a este antiguo vínculo, y haciendo a un lado toda la parte política que llevó a la invasión de Panamá y a su propia detención, Noriega fue juzgado en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico y por conspirar para introducir cocaína en territorio estadunidense. Por estos cargos fue sentenciado en 1992 a 40 años de prisión, que luego se redujeron a 30 y acabaron en 17 por “buena conducta”. Según los reportes de la prensa de Miami, durante su reclusión el exgeneral se había vuelto muy piadoso, leía la Biblia y gustaba de comer “galletitas”.

         Pero al parecer esto no le alcanzó para convencer a nadie, ni siquiera a los panameños, de que debía volver a Panamá. Aunque el país istmeño ratificó la solicitud de extradición de 1991 poco antes de que Noriega concluyera su condena en Estados Unidos, el propio juez Hoeveler insinuó entonces que el gobierno de Martín Torrijos no habría mostrado un interés proactivo en lograr su repatriación, confirmando las sospechas de la oposición panameña de que no se hizo todo lo necesario para extraditarlo, e inclusive que habría un acuerdo tácito en ese sentido entre Washington, París y Ciudad de Panamá.

         En este enfoque coincidieron también Rubino, el abogado de Miami, y Julio Berríos y Rolando Rodríguez, los dos defensores de Noriega en Panamá, quienes denunciaron presiones del Departamento de Estado, debido a que el gobierno norteamericano temía que, al regresar a su país, Noriega volviera a levantar turbulencias políticas. Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Panamá tácitamente confirmó esta versión, al revelar que antes de que el Departamento de Justicia privilegiara la solicitud de extradición francesa por encima de la panameña, se habló con representantes del gobierno torrijista.

         Ante todos estos señalamientos, la cancillería panameña sostuvo que sí se había hecho una solicitud de extradición firme, pero que, como país receptor, Estados Unidos era el que tomaba la decisión. Y, además, que en caso de que se enviara a Noriega a Francia, también ante ese país se harían las gestiones para que fuera devuelto a Panamá, con el fin de que enfrentara los cargos que tenía ahí todavía pendientes.

         Como quiera que fuera, según una encuesta levantada en ese momento por el diario local La Prensa, 64.7% de los panameños efectivamente creía que había un acuerdo entre los gobiernos estadunidense, francés y panameño para que Noriega siguiera en la cárcel, pero lejos del país. Y esta especie fue alimentada por los opositores al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que antes había constituido la base política del ex“hombre fuerte” y que en ese momento había vuelto al poder.

         El ahora fallecido expresidente Guillermo Endara, quien no se incomodó por tomar posesión en una base militar estadunidense en plena invasión de su país, tomó como una humillación personal la decisión norteamericana de privilegiar a Francia, porque durante su gobierno se hizo el primer pedido de extradición. Por su parte, Guillermo Ford, quien fuera su vicepresidente, opinó que era mejor que Noriega no volviera a Panamá para no crear nuevas divisiones, aunque consideró que los más preocupados podrían ser sus antiguos allegados, “por temor a que empiece a hablar y a involucrarlos”.

         Inclusive Stella Spadafora, familiar de Hugo Spadafora, el médico disidente de cuyo asesinato se acusa a Noriega, confesó que aunque hubiera sido preferible que éste pagara su crimen en una cárcel panameña, “creemos que aquí lo iban a ayudar. En el gobierno hay enquistadas muchas personas que gozaron de privilegios en su época y que siguen siendo sus amigos”.

         Y es que durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) llegó inclusive a hablarse de “un norieguismo sin Noriega”, porque en su gabinete figuraron numerosos personajes cercanísimos al exjefe militar. De hecho, para el entonces presidente resultaba difícil enjuiciar a alguien que ayudó a llegar al poder a su padre, Omar Torrijos, de quien fue durante años su jefe de inteligencia militar y que se mantuvo fiel al torrijismo aun después de su muerte en un dudoso accidente aéreo en 1981 (del que por cierto algunos acusan también a Noriega).

         También para el PRD, que convalidó el accionar político del ex“hombre fuerte” y su toma final del poder, hubiera sido difícil sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero no ejercer acción penal contra él hubiera colocado a gobierno y partido en una situación de descrédito que les habría acarreado serios problemas políticos, tanto en el ámbito doméstico como internacional.

         Ante esta perspectiva se buscaron salidas alternas. A nivel local, la Procuraduría General sugirió que Noriega podría beneficiarse durante su juicio del arresto domiciliario, dispuesto por el nuevo Código Penal para los reos mayores de setenta años. Recientes las reformas, la oposición inluso sugirió que fueron impulsadas por la mayoría oficialista en el Congreso, en previsión de un eventual retorno de Noriega. La otra era apostar a la extradición a Francia.

         Ahora que el torrijismo y el PRD volvieron a perder el poder, habrá que observar qué movimientos hacen las nuevas autoridades panameñas. Por lo pronto, la Cancillería dijo que va a mantener la solicitud de extradición a Francia y la de reparación económica exigida en el proceso por lavado de dinero en París. Panamá, sin embargo, pide 27 millones de euros, mientras que el Tribunal Correccional apenas fijó una indemnización de 1.25 millones.

         Independientemente de que apelen o no la sentencia, los abogados defensores de Noriega, por su parte, buscarán que los 32 meses que éste esperó para su extradición en la cárcel de Miami sean contabilizados en su descargo, y piensan además que en un año podría ser elegible para libertad bajo palabra, debido a su edad (76 años) y a las  varias enfermedades que lo aquejan.

         En cualquier caso, lo que se está jugando es una carrera contra el tiempo. Más que en cualquier otra cosa, Noriega fincó su poder en los servicios de inteligencia del Estado panameño, que controló por decenios. Desde ahí traficó información, compró y vendió secretos, chantajeó y condicionó lealtades, dio y quitó protección y, al final, quedó mal con todos y todos temen que pueda revelar lo que sabe.

         Así, lo más probable es que mientras se desahogan los trámites legales se deje morir tras las rejas francesas al que fuera “el hombre fuerte de Panamá” o, en el mejor de los casos, que se le permita regresar a su país cuando ya esté lo suficientemente débil como para no perjudicar a nadie.

cvb

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