Estados Unidos a Costa Rica: "...Casi una invasión"

viernes, 30 de julio de 2010

Mediante un madruguete legislativo el Congreso de Costa Rica avaló el acuerdo que el gobierno de Laura Chinchilla estableció con Washington: la autorización para que 46 buques de guerra y 13 mil soldados estadunidenses operen en aguas territoriales de ese país. Las autoridades costarricenses aseguran que se trata de una “medida preventiva” para combatir a los cárteles de la droga mexicanos y colombianos que se han expandido a Centroamérica, pero líderes de la oposición sospechan que se trata de una estrategia de Washington para mantener el control de la región. 

 

SAN JOSÉ, 30 de julio (Proceso).- Con el argumento de que los cárteles de la droga de México y Colombia se expanden hacia Centroamérica, el gobierno de Costa Rica autorizó el desembarco de marines estadunidenses en su país.

No es una fuerza militar menor. Se trata de 46 buques de guerra, 200 helicópteros, diez aviones Harrier de combate, dos portaviones, más de mil oficiales y casi 13 mil soldados estadunidenses, según se desprende de un documento de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica que enumera los “barcos y aeronaves autorizados para ingresar” al país centroamericano.

El documento –del que Proceso tiene copia– dice que estas embarcaciones están programadas “para operar en o cerca de la zona económica exclusiva de Costa Rica en los océanos Pacífico y Atlántico y que desean realizar visitas a puertos costarricenses de ser necesario, en apoyo a operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral” suscrito por Estados Unidos y Costa Rica.

Y añade: “La embajada (de Estados Unidos) desea señalar que no todas las embarcaciones indicadas visitarán Costa Rica, solamente lo harán aquellas que necesitan hacer visitas cortas”.

En octubre de 1999 Washington y San José firmaron un convenio de patrullaje conjunto en los 600 mil kilómetros cuadrados que comprenden las aguas territoriales de Costa Rica. Este convenio ha permitido el ingreso de embarcaciones de poco calado pertenecientes al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Ahora, en virtud de ese mismo convenio, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla autorizó la entrada de buques de guerra de gran calado y el desembarco de soldados en su país.

De acuerdo con el convenio, los buques y soldados estadunidenses podrán operar en aguas de Costa Rica a partir del pasado 1 de julio y hasta el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, hasta el miércoles 21 ningún buque militar había llegado a los dos únicos puertos con infraestructura capaz de recibirlos: el de Caldera, en el Pacífico y Limón, en el Caribe.

En la lista de embarcaciones elaborada por la embajada estadunidense destacan dos portaviones. El primero es el USS Kearsarge (LHD-3). Tiene 257 metros de eslora, es tripulado por 104 oficiales de mando y mil marines. Es una embarcación artillada que lleva aeronaves a bordo: 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros HH-60 Blackhawk.

El otro es el USS Makin Island. Tiene 258 metros de eslora, es tripulado por 102 oficiales de mando y mil 450 marines y transporta 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros HH-60 Blackhawk.

Sin embargo, el ministro de Seguridad costarricense José María Tijerino niega en entrevista con Proceso que “siete, 14 o 20 mil” marines estadunidenses vayan a “desembarcar en Costa Rica”, aun cuando la Asamblea Legislativa autorizó su entrada.

Reconoce que el convenio de patrullaje conjunto permite a los buques estadunidenses operar en aguas de Costa Rica, pero sostiene que lo harán sólo de manera eventual y en caso de ser necesario. Rechaza incluso que pueda haber un desembarco masivo, pues lo impide la escasa infraestructura de los puertos del país. “No se trata ni de un Plan Colombia ni de un desembarco de Normandía”, afirma.

 

Madruguete legislativo 

 

El eventual desembarco de esta poderosa fuerza militar en suelo costarricense causó alarma y protestas en diversos sectores políticos y sindicales, los cuales sospechan de la existencia de razones ocultas detrás de esta misión militar y presionan para que el gobierno dé marcha atrás al permiso de ingreso de las tropas estadunidenses a los puertos de este país.

La primera reacción surgió en la Asamblea Legislativa cuando el pasado 30 de junio el presidente del Parlamento, el oficialista Luis Gerardo Villanueva, incluyó en el orden del día el permiso de ingreso a los navíos. Los diputados de la coalición de gobierno lo aprobaron ese día, en medio de las protestas de los legisladores opositores. Éstos reclamaron que existían graves errores en la tramitación del permiso e incongruencias en la solicitud introducida en la agenda del día. 

El Parlamento está integrado por 57 diputados y se requiere al menos el voto de 29 para aprobar cualquier iniciativa por mayoría simple. El partido en el gobierno, Liberación Nacional, cuenta con 24 legisladores, pero mantiene alianza con el Movimiento Libertario (nueve diputados) y con los partidos Restauración Nacional y Renovación Costarricense (con un diputado respectivamente). Esta alianza permite a la presidenta tener mayoría en el Congreso con capacidad para sacar adelante cualquier proyecto de ley. Y ello ocurrió el 30 de junio: 35 diputados aprobaron la autorización para el ingreso de los marines.

José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio (de centroizquierda), recuerda que dicha iniciativa se presentó “de manera atropellada” y que la mayoría oficialista la aprobó “sin conocer el texto y sin dar oportunidad de estudiarlo, plantear dudas o hacer consultas”. 

Por su parte, Jeanette Ruiz, subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, cuenta a este semanario: “Los permisos llegaron en dos partes, uno para los guardacostas y otro para el ingreso del equipo artillado de la Marina (estadunidense), pero lo introdujeron de manera tan inesperada que sólo pudimos hojear la información en los originales al momento de la votación y quedaron en el aire una serie de interrogantes que aún no son respondidas”. 

Agrega: “No sabemos a qué obedecen los cambios (en el convenio), si es una iniciativa de Costa Rica o de Estados Unidos, si es una necesidad imperiosa del país o si es un asunto de respuesta preventiva a una situación que se pueda dar como consecuencia de lo que se está viviendo en México en la lucha contra los cárteles de la droga”. 

Ruiz dice que no se tienen elementos para pensar en un desembarco masivo. Sin embargo señala que los marines “están en nuestros mares territoriales y el permiso también es para que puedan ingresar a tierra firme y las aeronaves puedan aterrizar en el país”.

 

Cheque en blanco

 

El diputado Villalta asegura que la autorización viola el artículo 12 de la Constitución, que prohíbe la existencia de un ejército regular y establece que el orden lo deben mantener fuerzas civiles policiales. “La legislación costarricense no permite que un ejército extranjero pueda realizar operaciones en el territorio nacional”, afirma.

El legislador sostiene que “el gobierno de Estados Unidos, lejos de ganar la guerra contra el narcotráfico, usa cada vez más el convenio de patrullaje con fines militares y este último permiso es abusivo, es un cheque en blanco que se está dando a los militares estadunidenses”.

“Tememos que las autoridades estén usando el convenio como caballo de Troya para realizar maniobras militares como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Estados Unidos en la zona; para tener una base militar más en Centroamérica, en este caso en los mares de Costa Rica, y así complementar las de Panamá y Colombia”, afirma.

Según el legislador, el convenio con Washington “ha complicado”, el problema del narcotráfico, “porque el patrullaje en los mares ha hecho que (los cárteles de la droga) se acerquen a las costas y usen rutas terrestres, con lo cual se aumentó la presencia de las bandas criminales de narcotraficantes en nuestro país”. 

Por su parte el diputado Luis Fishman, del derechista Partido Unidad Socialcristiana, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, que se encuentra en trámite.

En entrevista con Proceso Fishman explica: “Al intervenir fuerzas militares en las actividades de patrullaje conjunto, al margen de lo que establece el convenio, la Asamblea Legislativa está autorizando la participación militar extranjera en labores policiales, lo que está prohibido por nuestra Constitución Política”. 

Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la mayor central sindical del país, dice que el gobierno “debió dar toda clase de explicaciones” acerca de “una solicitud extraordinaria por parte de Estados Unidos en una coyuntura centroamericana muy particular”. 

Precisa: “Tenemos un golpe de Estado en Honduras, una ofensiva brutal contra los derechos de los trabajadores y la represión policial en Panamá y bases militares en Honduras y Colombia (…) En este escenario geopolítico, la presencia inusual de militares estadunidenses va más allá del combate al narcotráfico”.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración de Puertos (Sintrajap) dicen que los sorprendió la inclusión de los buques de guerra para el patrullaje conjunto.

Uno de ellos, Liroy Pérez, afirma en entrevista que a Puerto Limón llegan cada año de tres a cinco buques del Servicio de Guardacostas estadunidense que ocupan el muelle destinado a cruceros. Cada que ello sucede se cierra toda el área. “Ese muelle se usa para descargar barcos roll on-roll off (que utiliza trailers y compuertas para cargar y descargar), pero cuando los guardacostas estadunidenses llegan no se puede ingresar a ese sector del puerto y los cargueros tienen que esperar tres o cinco días, hasta que ellos se van, lo que ocasiona pérdidas económicas al puerto y a las compañías navieras”.

Comenta que “los sindicatos estamos de acuerdo en que debe haber alianzas para combatir el narcotráfico, sobre todo porque lo vivimos en carne propia, pero lo que se está proponiendo para que 46 barcos de guerra ingresen al país nos parece desproporcionado. Si se concretara el ingreso de esa cantidad de barcos y sus marines, sería como una invasión”.

“La inclusión de buques de guerra en la flota de patrullaje de los mares la vemos más como una operación militar en la región. Parece que preparan una guerra o que es una estrategia para presionar a los países del sur del continente”, añade.

 

Medidas preventivas

 

El ministro José María Tijerino, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Roversi, dicen en sendas entrevistas con Proceso que la inclusión de buques de guerra y el aumento en el número de navíos autorizados para ingresar a puertos del país responde “a medidas preventivas”. 

Sostienen que el gobierno costarricense tomó estas medidas debido a que los cárteles de la droga se han desplazado hacia Centroamérica como consecuencia de la “arremetida” realizada en su contra por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia y México.

Tijerino afirma que “ello es un hecho perfectamente verificable: en Centroamérica tenemos representantes de todos los cárteles de la droga”. 

Sin precisar cifras, el ministro dice que este año las autoridades costarricenses han decomisado un mayor volumen de drogas, se han producido numerosos enfrentamientos entre bandas y los ajusticiamientos son más cruentos que los que se dieron en el pasado. 

“Hace apenas un mes se desarticuló una célula del cártel de La Familia michoacana y hemos capturado a muchos narcotraficantes mexicanos, no sólo colombianos. Además, tenemos en el país una forma de violencia a la que nuestra sociedad no está acostumbrada: hay una lucha por las rutas, ejecuciones, sicariato, descuartizamientos, gente torturada”, señala.

Comenta que este modus operandi le hace suponer que La Familia opera ya en Costa Rica.

Roversi, por su parte, advierte que el problema ha crecido y que Costa Rica tiene que recurrir a convenios internacionales para patrullar sus mares porque no puede asumir las operaciones ni los costos de esas operaciones. Además, sostiene que el gobierno está convencido de que sólo mediante estrategias regionales se puede enfrentar el flagelo del narcotráfico. 

La Cancillería costarricense informó el viernes 16 de la entrada en vigor de un nuevo convenio multilateral de Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe, suscrito por 13 naciones y el cual se sustenta en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y en la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar de 1982. 

Tijerino sostiene que la autorización para casi 14 mil marines “no significa que vayan a desembarcar en el país”.

Señala: “Se está manejando una imagen de coco (…) Es absurda la tesis de que nos estamos prestando de plataforma para atacar a un país hermano”, dice en referencia a las advertencia de los opositores al convenio: que a través de Costa Rica, Estados Unidos pretende llevar a cabo acciones militares contra Venezuela. 

Ni el convenio ni la autorización al ingreso de naves “constituye una amenaza para Venezuela ni para Nicaragua, El Salvador o Bolivia”, dice Tijerino. “Costa Rica mantiene su tradición de paz, quiere las mejores relaciones con todos los países, no vamos a prestar el territorio para plataforma de ataque a ningún otro país, sean cuales sean las diferencias políticas”.