LA HABANA, 7 de julio (apro).- Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba realizaron sus respectivas gestiones y presiones para lograr, el primero, la liberación de cinco cubanos presos en el país del norte y, el segundo, de un estadunidense detenido en prisiones de la isla, todos acusados de espiar para sus respectivos países.

           Gloria La Riva, coordinadora del Comité para la Liberación de los Cinco Cubanos, y Leonard Weinglass, un famoso abogado que participó en el derrocamiento del presidente Richard Nixon, iniciaron una nueva embestida jurídica ante la Corte Suprema de Estados Unidos, al presentar una apelación colateral (habeas corpus federal) a favor del cubano Gerardo Hernández Nordelo, condenado a dos cadenas perpetuas.

         El equipo legal que defiende a los cinco cubanos, detenidos hace 12 años en Miami, Florida, en los tribunales de Estados Unidos, confirmó que entregarán también, a mediados de este mes, un expediente con violaciones constitucionales que no había formado parte de la apelación previa, y una declaración de inocencia real.

           Weinglass, quien también participó en el sonado caso de Patty Hearst, se mostró optimista de lograr que la Corte acepté reabrir el caso de Hernández Nordelo porque existen, afirmó, evidencia de inocencia real y de malas conductas por parte de sus acusadores: el gobierno estadunidense.

            “Cualquier evidencia de inocencia real o de mala conducta por parte del gobierno pudiera resultar posiblemente una base para ir nuevamente a la Corte, a pesar de tener un plazo de un año de limitación en la instancia actual”, explicó.

          Las nuevas evidencias que tiene la defensa de Hernández Nordelo (es la misma que defiende a Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González), se refieren a supuestos sobornos que recibieron periodistas en Miami para desprestigiar, durante el juicio, a los cinco cubanos y presionar a jueces.

          “Este es un caso clásico de evidencia recientemente revelada de una dimensión constitucional. El juicio tuvo lugar en el periodo de 2000 a 2001. Nadie sabía que estos periodistas estaban siendo pagados en aquellos momentos por el gobierno. Pero en 2006 fue revelado que los periodistas que reportaban regularmente el caso, estaban también en la nómina del gobierno federal en conexión con Radio y TV Martí.

           “Teniendo en cuenta que esto no fue revelado sino hasta 2006, resulta una evidencia de nueva revelación. Al ser esta es una evidencia de que el gobierno manipuló la actitud de la comunidad, tiene una dimensión constitucional, ya que se violó el derecho constitucional de Gerardo a tener un juicio justo”, señaló.

           Gloria La Riva afirma: “Una de las cosas más importantes en que estamos envueltos actualmente es la investigación sobre periodistas que estaban recibiendo pagos del gobierno federal mientras cubrieron el caso de los cinco cubanos (presos en Estados Unidos) e hicieron una cobertura muy hostil y perjudicial”.

           Señaló que mucha gente ha trabajado en este empeño, una labor colectiva, del comité nacional y también colaboradores en otras partes del país y afuera. Aunque fue descubierto el pago a periodistas por otra solicitud de FOIA (Ley de Libertad de Información) en 2006, esos datos sólo eran de 2001 hasta el 2006.

          “Nuestra labor descubrió esos pagos secretos durante el período que afectaba a los cinco. Y ahora esa información es parte de la última apelación para Gerardo, el habeas corpus”, sostiene La Riva. 

           La estrategia es realizar litigios por los procedimientos de la Ley de Libertad de Información para obtener más información acerca de los sobornos a periodistas, sus acuerdos con el gobierno, lo que hicieron y bajo los auspicios de quién.

          Los cinco cubanos, puntualiza el abogado Leonard Weinglass, fueron hallados culpables y sentenciados a “condenas largas sin precedente”, y confinados en cinco cárceles de máxima seguridad totalmente separadas una de otra.

          Weinglass asegura que el de los cubanos es un caso complicado que ha hecho historia en la justicia norteamericana.

          Resalta el caso de Gerardo Hernández Nordelo porque fue  sentenciado a dos cadenas perpetuas de más 15 años. Por ello, el habeas corpus federal (ahora conocida como “Sección 2255”) fue presentado el pasado 14 de junio a favor de Gerardo Hernández.

           El cubano se ha convertido en la primera persona en la historia de Estados Unidos en ser acusada del derribo de un avión por las fuerzas armadas de otro país (Cuba) actuando en defensa de su espacio aéreo.

         Leonard Weinglass está convencido de que el caso de Gerardo Hernández reclama la intervención de organismos no vinculados a la esfera legal y judicial, y de personas en todo el mundo interesadas en los derechos humanos y la justicia.

Washington sube el tono

El gobierno de Estados Unidos ha subido la presión reclamando al de Cuba que deje en libertad al estadunidense Alan Gross, un subcontratista de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) detenido en La Habana el 4 de diciembre pasado.

          El 18 de junio pasado, la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton pidió a Cuba “libere al contratista” de la empresa Development Alternatives (DAI) que permanece detenido desde hace seis meses en la isla, en la prisión de alta seguridad de Villa Marista, en La Habana, sin cargos formales.

          Clinton hizo un guiño a las autoridades cubanas al señalar que su país vería “favorable” la liberación de Alan Gross para que pueda reunirse con su familia.

         “Estamos profundamente preocupados por su bienestar y su deficiente estado de salud. Hemos utilizado todos los canales disponibles para presionar por su liberación y vamos a seguir haciéndolo”, dijo.

           Para la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Gross es un contratista con “un largo historial proporcionando asistencia y apoyo a las comunidades menos favorecidas en docenas de países”.

         No piensa igual el gobierno cubano.

         El pasado 20 de diciembre, el presidente Raúl Castro Ruz acusó a Gross de haber suministrado a la oposición sofisticados medios de comunicación.

          Lo acusó de espionaje y de dedicarse al abastecimiento ilegal con sofisticados medios de comunicación vía satélite a agrupaciones de la “sociedad civil”, que Washington aspira a conformar contra el pueblo cubano.

          El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Asamblea), Ricardo Alarcón, fue más tajante al asegurar, en enero pasado, que el ciudadano norteamericano, detenido en Cuba, fue contratado por una empresa que recluta para los servicios secretos estadunidenses.

          “Esa es una nueva adquisición que hay en Estados Unidos, y son agentes, torturadores, espías, que en la privatización de la guerra los contratan”, puntualizó el líder parlamentario.

          El presidente de Development Alternatives Inc., James Boomgard, ha defendido desde diciembre pasado a Alan Gross. Asegura que Gross viajó a Cuba en el marco de un programa de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos para “fortalecer la sociedad civil en apoyo a una gobernabilidad justa y democrática en Cuba”.

          Boomgard reconoció que Gross había distribuido teléfonos y computadoras portátiles en Cuba, pero negó que haya entregado equipos satelitales. Estos últimos son ilegales en Cuba y repartirlos puede llevar a severas penas de prisión.

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