ALBUQUERQUE, 23 de agosto (apro).- Mientras los republicanos siguen recolectando fondos para sostener la batalla legal que puede llevar la ley antiinmigrante de Arizona a la Corte Suprema de Justicia, y en Florida hacen avanzar su propia norma contra los indocumentados –“mejor, más fuerte y más dura”, según advirtió el ministro de Justicia, Bill McCollum, también del partido de los Bush--, en Nuevo México se preparan para una posibilidad inédita: que la próxima gobernadora sea una hispana republicana, de raíces mexicanas y que habla en español.

Ella sería la encargada de proponer las nuevas medidas contra la inmigración indocumentada.

Susana Martínez, la candidata republicana, aparece con tres puntos de ventaja sobre su rival demócrata, Diane Denish, en el promedio de las encuestas difundidas por el portal especializado RealClearPolitics.

Las oportunidades de los republicanos, tradicionalmente relegados en este estado al papel de opositores, crecieron sustancialmente gracias a la estrepitosa caída de la popularidad de Bill Richardson, el actual gobernador.

         Richardson, exprecandidato presidencial demócrata y alguna vez considerado el político hispano con más posibilidades de llegar a la Casa Blanca, cayó en desgracia el año pasado cuando estaba a punto de convertirse en el ministro de Comercio del nuevo presidente, Barack Obama, y se presentó en su contra una acusación por haber favorecido a una empresa a cambio de dinero. Su popularidad llegó a caer hasta el 28 por ciento y su carrera política se dio por terminada.

         Activistas hispanos en Nuevo México señalan que la caída de Richardson y el incumplimiento de sus promesas a los latinos del estado, explican la inesperada oportunidad de Martínez de ganar la gubernatura.

         “La carrera electoral será difícil para Diane Denish”, la actual vicegobernadora y candidata demócrata, advierte Ralph Arellanes, presidente de la Hispano Roundtable de Nuevo México y director de la filial local de la poderosa League of United Latin American Citizens (LULAC).

         En declaraciones a Apro, Arellanes explica que la campaña de Denish será complicada porque, “en primer lugar, Richardson fracasó de manera miserable con su gobierno: le falló a los hispanos”.

Y pone un ejemplo: “La pobreza entre los latinos está en un récord histórico, con un ingreso promedio para las familias hispanas de apenas 14 mil 800 dólares anuales”.

         “La comunidad hispana no avanzó para nada durante la administración de Richardson” y no sería extraño que le dé la espalda a su vicegobernadora  en las elecciones del 2 de noviembre, afirma Arellanes.

         En efecto, para acercarse como nunca al sillón del ejecutivo de Nuevo México, los republicanos de Martínez se subieron a la pésima imagen de Richardson, la crisis económica que no termina de irse y al perenne fantasma de los inmigrantes ilegales que, aseguran,  se quedan con los empleos de los estadunidenses.

Santuario

Martínez ha asegurado que no apoya la implementación de una ley como la de Arizona, pero “nunca se declaró totalmente en contra” de la SB1070, explica a Apro el columnista Heath Haussamen, a cargo de uno de los blogs políticos más leídos en Nuevo México.

“Lo que ella dijo es que apoya el derecho de los estados a hacer lo que crean conveniente para combatir el problema de la inmigración ilegal ante la ausencia de acción de parte del gobierno federal”, agrega.

         Si bien hay un consenso generalizado sobre la imposibilidad de que, al menos por ahora, los republicanos puedan hacer avanzar en el parlamento estatal una ley similar a la de Arizona, dirigentes demócratas y comentaristas políticos temen que un eventual gobierno de Martínez vaya en esa dirección a través de otros caminos.

         “Ella ya dijo lo que quiere hacer aquí –señaló Haussamen-: buscará poner fin a la concesión de licencias de conducir y de becas de estudios para los inmigrantes indocumentados. Y también poner fin a las llamadas ‘políticas de santuario’ para los inmigrantes sin papeles y los criminales en Albuquerque”.

         La idea de que la ciudad más grande de Nuevo México es un “santuario” para indocumentados y delincuentes fue instalada por su propio alcalde, el republicano Richard Berry, quien con esas declaraciones despertó la ira de los demócratas y de los hispanos del estado.

En mayo último, incluso antes de que la ley de Arizona acaparara la atención nacional, Berry anunció que todas las personas detenidas en Albuquerque tendrían que confirmar su estatus migratorio legal.

Esa iniciativa, aseguró entonces Berry, “pondrá fin a las políticas de santuario para criminales en esta ciudad, al tiempo que protegerá a los testigos y a las víctimas”.

Según el alcalde, el proyecto surgió “no como una cuestión migratoria, sino de seguridad pública”.

Los pasos de Berry

Demócratas y activistas de derechos civiles están preocupados por la posibilidad de que Martínez siga los pasos de Berry y traslade la iniciativa a todo el estado, repitiendo la ecuación que equipara a inmigrantes hispanos con delincuentes y criminales.

         “Me enferma cuando el alcalde dice que Albuquerque es un santuario para criminales porque, para empezar, eso no es verdad”, dice a Apro el presidente del consejo municipal de la ciudad, Ken Sánchez.

Según el consejal, la norma impuesta por Berry es un típico caso de racial profiling, la persecución policial basada en los prejuicios raciales y étnicos.

         Los latinos en Nuevo México, continuó Sánchez, “tenemos que ponernos de pie y decir que no soportaremos el racial profiling. Tenemos que recordarles a todos que contamos con los mismos derechos constitucionales que el resto de los estadunidenses y que incluso los inmigrantes ilegales están protegidos por la Constitución y tienen derecho al debido proceso”.

         Los temores sobre una posible extensión de la iniciativa “anti-santuario” de Albuquerque a todo el estado fueron alimentados en estos días por la propia Martínez. El pasado 9 de agosto, en una declaración pública, la candidata republicana “aplaudió” el hecho de que 150 personas fueran identificadas como los primeros inmigrantes sin documentos desde que Barry implantó su ley.

         Barry y Martínez acusan al gobierno de Richardson y Denish de “mano blanda” frente a la inmigración ilegal y los crímenes que, según los republicanos, están asociados al flujo de personas sin papeles a través de la frontera sur.

El gobierno estatal demócrata saliente, dijo la candidata, “nunca apoyó esta posición basada en el sentido común, y prefirió abogar por medidas que hicieron de Nuevo México un santuario para los inmigrantes ilegales, al proveerles licencias de conducir y la oportunidad de que su situación migratoria permaneciera desconocida incluso después de haber cometido delitos”.

         Ante estas advertencias de Martínez, los demócratas ya no dudan de que “enfrentamos una elección crítica en Nuevo México, con una opción muy clara entre Martínez y Denish”, afirma Sánchez. “Diane apoya la reforma integral, en cambio, Martínez nos llevará un paso en la dirección equivocada”, lamenta.

         Sánchez recuerda que “no se puede equiparar a los inmigrantes que vienen aquí buscando hacer algún dinero y sostener a su familia con terroristas que vienen para hacernos daño, que buscan destruir este país”.

Los inmigrantes, abunda, “no son terroristas; son gente que viene a ganarse la vida, pero, de todas maneras –continúa, en sintonía con la Casa Blanca--, tenemos que asegurar la frontera por todo lo que está pasando en México, donde hay un serio problema de drogas, con los carteles en lucha con el gobierno (de Felipe Calderón) para demostrar quién está a cargo”.

         Si bien los demócratas esperan mantener la mayoría en el Parlamento en Santa Fe y bloquear indefinidamente cualquier intento de impulsar una ley del tipo de la de Arizona, reconocen que la llamada “falta de acción” del gobierno federal en el tema migratorio y fronterizo puede crear malhumor también en Nuevo México, al igual que lo hizo en el estado vecino.

“El gobierno federal tiene que garantizar una frontera segura –dice Sánchez--, y eso tiene que hacerlo a través de la reforma migratoria integral, tal como dijo el presidente Obama”.

El concejal reconoció que, “para esos individuos que contratan trabajadores indocumentados tiene que haber penalidades”, pero al mismo tiempo recordó que “nosotros mismos creamos estos puestos de trabajo en este país y abrimos el sueño americano para la gente que emigró”.

          “Los habitantes de Nuevo México, al igual que los de todo Estados Unidos, piensan que se tiene que hacer algo”, señala, por su lado, Raymond Sandoval, director de la filial local de Organizing for America (OFA), la organización de base sostenida por el comité central demócrata.

“Cuanto más tiempo se prolongue esta situación en la que el gobierno federal no toma el control del asunto, y no hace que los responsables rindan cuentas, entonces permite que las autoridades locales tomen las cosas en sus manos”, añade Sandoval, según el cual “el gobierno federal no puede esquivar más su responsabilidad en este asunto, porque es demasiado importante y se corre el riesgo de poner a mucha gente en peligro”.

         Sandoval indica que, a la situación de “limbo” en la que los estadunidenses se perciben en cuestiones migratorias, se agrega el problema de la economía que no termina de recuperarse de la crisis y la recesión, y que exhibe todavía un índice de desempleo del 9.5 por ciento a nivel nacional y del 8.2 por ciento para junio en Nuevo México.

         “Todo termina relacionándose con la economía”, admite Sandoval, según el cual antes de poder hacer avanzar una reforma migratoria integral “primero hay que arreglar esto”. Si la economía no mejora, “seguiremos viviendo en medio de este proteccionismo, con la gente teniendo miedo de los inmigrantes, creyendo que le están robando los empleos”.

El dirigente de OFA estima que “cuando se empiecen a aliviar las tensiones económicas sobre la clase media, entonces habrá una situación positiva para poder tener una discusión racional sobre la reforma migratoria”.

            Sánchez, por su parte, recuerda que “cuando la economía andaba muy bien, hace tres o cuatro años, esto no era un asunto central, porque había trabajo para todos, pero ahora que la economía trastabilla, se convirtió en un tema mayor de la campaña electoral”.

         Martínez obviamente instaló la cuestión de la economía en el centro de su campaña, junto con la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana, una de sus especialidades, teniendo en cuenta su pasado como fiscal de distrito del condado de Doña Ana, donde se destacó afrontando casos de violencia contra menores y jóvenes.

         A la candidata le gusta destacar que sus padres “comenzaron con su empresa de seguridad con apenas 400 dólares en el bolsillo”. Sus padres, cuenta el sitio de internet de su campaña, “construyeron su negocio con la mamá haciendo el papeleo en la cocina y Susana trabajando como guardia de seguridad durante el día y estudiando de noche”.

         Pero ahora el dinero no parece ser un problema para la candidata demócrata, quien inició su campaña con una donación de 450 mil dólares de Bob Perry, el magnate texano del petróleo y el desarrollo inmobiliario, cercano al Tea Party y uno de los financiadores de la recordada campaña Swift Boat Veterans for Truth, que en 2004 puso en duda el desempeño militar del entonces candidato demócrata a la Casa Blanca, John Kerry.

         Arellanes resume la preocupación central de los hispanos en Nuevo México. Con gente como Perry detrás, Martínez puede convertirse “en un canal para que el Tea Party lleve adelante su agenda racista”, incluso en Nuevo México.

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