SAN SALVADOR., 24 de agosto (apro).- Un poco más de 30 años han transcurrido desde que un francotirador –aún no identificado- disparara al corazón del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, con lo que segó la vida del que se considera el más universal de los salvadoreños.

Tres décadas después del magnicidio, la verdad y la justicia aún esperan el turno de una larga lista de hechos en la impunidad.

Los pasos dados por el actual gobierno de izquierda en El Salvador han marcado una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en los últimos 20 años de regímenes civiles de derecha (1989-2009). El actual presidente Mauricio Funes reconoció el enero pasado la responsabilidad del Estado en graves crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante la guerra civil, misma que inició precisamente con el asesinato de Romero el 24 de marzo de 1980, y que culminó en 1992.

Nunca los cuatro mandatarios antecesores a Funes, miembros del partido de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ofrecieron perdón a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones, asesinatos y masacres cometidas por el ejército contra la población civil.

Funes si pidió perdón oficial en dos ocasiones: el 16 de enero de 2010, cuando se conmemoraba el 18 aniversario del fin de la guerra y el 24 de marzo de 2010, cuando se conmemoraba el martirio de Oscar Romero.

Sin embargo, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos agrupadas en la llamada Concertación Mons. Romero catalogaron el martes 17 de agosto pasado como  “incompleto” el pedido de perdón hecho por el presidente Funes en el 30 aniversario de su magnicidio.

La Concertación Mons. Romero catalogó el perdón presidencial como "un reconocimiento notable y gravemente incompleto de las responsabilidades estatales" en el asesinato del entonces Arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, debido a que el Estado Salvadoreño no ha cumplido en su totalidad las recomendaciones que emanaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son vinculantes para los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Incumplimientos internacionales

Loyda Robles, de la referida concertación cívica explicó que el Estado no ha cumplido tres recomendaciones hechas desde el año 2000 y que se refiere a realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas, sin perjuicio de la amnistía decretada; reparar todas las consecuencias de las violaciones encontradas, incluyendo el pago de una justa indemnización; y adecuar la legislación interna a la Convención Americana a fin de dejar sin efecto la Ley de amnistía (1993). 

Romero, un obispo destacado en la defensa de los derechos humanos durante los años en que imperaba una dictadura militar represiva, fue asesinado por escuadrones de la muerte de ultraderecha, a través de un francotirador del que aún no se conoce identidad. Varias investigaciones indican que el francotirador “contratado” abría sido un dentista salvadoreño, un militar argentino o un miembro de la Guardia Nacional (GN) de El Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) catalogó al Estado como responsable de varias violaciones a los derechos de Romero reconocidos en la Convención Americana, como el derecho a la vida, garantías judiciales y a la tutela efectiva, entre otros.

No obstante, la agrupación cívica considera que Funes no consideró en su totalidad la responsabilidad estatal en el magnicidio de Romero ni la identificación completa de los autores materiales, intelectuales y estatales del crimen que conmocionó al mundo.

Los demandantes consideraron igualmente que el presidente Funes no explicó cómo el Estado cumplirá en adelante con las recomendaciones de la CIDH, que se refieren concretamente al establecimiento de la verdad y justicia, reparación para las víctimas y la derogación de la amnistía que protege a militares y guerrilleros que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Por estar vigente una ley de amnistía no se ha podido establecer justicia en ninguno de los casos de la guerra civil salvadoreña.

La Concertación Mons. Romero exhortó al mandatario a realizar un acto público y exclusivo con la presencia de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público, así como de todas las víctimas, en el que se ofrezca el perdón estatal por el magnicidio del Arzobispo Oscar Romero, quien fue asesinado a los 63 años de edad cuando oficiaba una misa en un hospital de cancerosos.

Déficits sustanciales

Defensores de los derechos, como Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), estiman que el actual gobierno ha dado pasos en el cumplimiento de algunas recomendaciones que le atañen como órgano ejecutivo, como es el pago de indemnizaciones, el ofrecimiento de perdones y atención a las víctimas.

No obstante, se ha dejado de lado lo “sustancial”. A ello se refiere el incumplimiento ya que persiste la impunidad debido a que no se han investigado los hechos ni se han sancionado a los responsables; en algunos casos ni siquiera se han identificado a los posibles culpables.

Recientemente Pro-Búsqueda, organización defensora de los niños desaparecidos durante la guerra civil, denunció que el Estado no ha investigado la desaparición forzosa de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, desaparecidas en 1981 en una zona rural.

El Estado Salvadoreño ha incumplido, en el caso de las Serrano, no sólo recomendaciones de la CIDH, sino sanciones de la Corte Interamericana, que constituyen niveles superiores de responsabilidad.

De acuerdo con funcionarios de la administración de Funes, la investigación le corresponde a la Fiscalía General, no al gobierno. Aunque ante los organismos internacionales la cancillería salvadoreña actúa como representante del Estado, no únicamente del gobierno.

Graves crímenes contra la humanidad están sin justicia en El Salvador: el asesinato de Romero, el múltiple homicidio de seis sacerdotes jesuitas y las masacres campesinas de El Mozote y El Río Sumpul. Sus autores materiales e intelectuales se mantienen impunes.

La Comisión de la Verdad, de 1993 y auspiciada por Naciones Unidas (ONU), estableció que el autor intelectual del asesinato de Romero era el ya fallecido Mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido ARENA. Las investigaciones internacionales dan cuenta de una confabulación extensa y con nexos oficiales para la comisión del magnicidio.

En cuanto a la abolición de la Ley de Amnistía, el gobierno de Mauricio Funes se ha mostrado reacio a interponer un anteproyecto de ley ante el Congreso para derogarla, aduciendo, como lo hacían los gobiernos de derecha, que no es conveniente “abrir las heridas” del pasado.

La no derogación de la amnistía es también apoyada por la ex guerrilla y actual partido de gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), debido a que también exjefes rebeldes podrían ser procesados penalmente por crímenes de lesa humanidad, como secuestros, masacres y desapariciones, entre otras.

La guerra civil salvadoreña inició en 1980 y culminó con un acuerdo político de paz en 1992. Murieron 75 mil personas y desaparecieron otras 8 mil, cuyos casos no han sido investigados.

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