Extraditarán a México a responsable de "Casitas del Sur"

viernes, 3 de septiembre de 2010

MADRID, 3 de septiembre (apro).- El gobierno español acordó este viernes dar vía libre al proceso de extradición a México de Antonio Domingo Paniagua Escandón, Kelú, acusado de los delitos de detención ilegal y abandono de menores, en la trama criminal de Casitas del Sur.

El Consejo de Ministros reunido la mañana de este viernes en el Palacio de la Moncloa aprobó un informe del caso presentado por el Ministerio de Justicia, luego que el día 2 de agosto pasado México solicitara la extradición de Paniagua Escandón, implicado en la desaparición de menores, señala el comunicado de la presidencia.

En el mismo se destaca que el acusado es fundador de la Iglesia Cristiana restaurada en la Ciudad de México, misma que creó y administró la casa hogar denominada Casitas del Sur, en marzo de 2002.

El objetivo de esta institución era cuidar a menores de edad que hubiesen sufrido violencia familiar o bien fueran víctimas de abuso sexual o incumplimiento de obligaciones por parte de sus padres, señala.

Desde el año 2005, ocho menores tutelados por dicha organización han sido retenidos en contra de su voluntad para posteriormente ser entregados a familias afines a la congregación religiosa en México.

El consejo de ministros señala que el reclamado es sospechoso de haber tenido una “participación fundamental en estas desapariciones”, debido a su condición de máxima autoridad de la casa-hogar donde se produjeron.

También señala que el caso se ha visto reflejado en toda la prensa mexicana, causando una enorme alarma social

El ciudadano de origen español Antonio Domingo Paniagua Escandón fue detenido en la ciudad de Toledo, el pasado 21 de junio de 2010 como consecuencia de una orden de arresto cursada por las autoridades policiales de México.

El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ante el que fue presentado, le dictó auto de prisión provisional el día 22 de junio de 2010.

Posteriormente, el 29 de junio decretó la libertad provisional al haber abonado el reclamado una fianza de 40 mil euros y de haberle sido retenido su pasaporte.

La agregaduría jurídica de la PGR en España recurrió esta decisión con el objetivo que se revirtiera la libertad provisional por el riesgo de evasión, sin embargo, el juzgado revisó el caso e incrementó las exigencias para dar la certeza que el inculpado no podía darse a la fuga.

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