El "gasolinazo" de Evo

martes, 11 de enero de 2011

MÉXICO, D.F., 11 de enero (apro).- Esta vez no hubo muertos, aunque sí unos 15 heridos entre manifestantes y policías; vidrios rotos, oficinas públicas tomadas y saqueadas, carreteras bloquedas, vehículos incendiados y miles de marchistas iracundos invadiendo las calles con mantas que resumían su sentir: “Evo, el pueblo está enojado”.

         Y es que en medio de las fiestas navideñas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, emitió un decreto mediante el cual elevaba entre 57% y 82% los precios de la gasolina y el diesel, argumentando la necesidad de suprimir los millonarios subsidios del Estado a los hidrocarburos y frenar su contrabando a causa de los bajos precios a los países vecinos.

         Pero sus argumentos no lograron detener la espiral inflacionaria que se desató de inmediato ni la consiguiente furia de la población, que se sintió traicionada por un mandatario que se ostenta como del pueblo y para el pueblo. En un intento por calmar a sus conciudadanos, a medio camino Morales anunció un aumento de 20% al salario mínimo para compensar los ajustes, pero la presión popular no cedió y, al final, optó por derogar el decreto que había emitido apenas una semana atrás.

         Con este episodio, Evo no sólo sufrió en carne propia la ira de las masas que él encabezó antes como líder cocalero contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa por los mismos motivos, sino que además puso en evidencia que su política de hidrocarburos tampoco ha logrado remontar los efectos negativos de las medidas neoliberales de sus antecesores. Es más, muchos –y no sólo sus detractores de derecha, como él afirma– consideran que la nacionalización de mayo de 2006 ha sido un fracaso.

         El escenario no es todavía tan concluyente, pero podría llegar a serlo de seguir las actuales tendencias. Por eso Evo, al derogar el decreto, insistió que la nivelación de precios de los carburantes era una “necesidad” y sólo reconoció que probablemente no habían sido ni el momento ni la forma “oportunos”.

 

Desconfianza

 

Según datos del sector de hidrocarburos, los ingresos para Bolivia en los cuatro años posteriores a la nacionalización ascendieron a 7,110 millones de dólares, superando en 332% los alcanzados en los ocho años previos. Sin embargo, en el mismo periodo, la importación de los carburantes subió 700% (de 140 a 1,002 millones) y la subvención estatal creció 625% (de 80 a 500 millones). A esto hay que agregar los 150 millones de dólares anuales que pierde el Estado por concepto del contrabando de combustible a otros países.

         El meollo del problema, empero, se centra en la falta de inversiones directas en el sector petrolífero y la consecuente baja de la producción local, producto del aumento hasta en 82% de los gravámenes previsto por el decreto de nacionalización, y en la falta de certidumbre jurídica para las empresas inversionistas, en su mayoría extranjeras, ya que este decreto no ha sido elevado a rango de ley.

         Según el exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos, esta carga impositiva no es del agrado de las petroleras. Para hacerlo más claro, explicó que de los 23 dólares por barril, que es el precio interno, 50%  se va en regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); a esto hay que agregar más de 20% por el pago del IVA y el Impuesto a las Transacciones, por lo que a las empresas, incluida la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sólo les quedan ocho dólares. “Esto hace inatractiva cualquier inversión”, concluye.

         Francesco Zaratti, exdelegado de capitalización de YPFB consideró que la principal causa de la falta de inversiones es la desconfianza, y la remitió a la “irresponsabilidad” de los políticos pasados y presentes. “El Movimiento al Socialismo (MAS de Evo Morales), junto con los partidos tradicionales (MIR, MNR, NFR), aprobó en mayo de 2005 una ley que gravaba con un IDH de 32% a los líquidos, a sabiendas de que los pozos iban en declive y que la producción era insostenible”, dijo y agregó que el gobierno de Carlos Mesa “vio estos riesgos y por eso no promulgó la ley”.

         En julio de 2004, Mesa convocó a un referéndum para modificar la Ley de Hidrocraburos aprobada durante la gestión de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, que reprivatizó los hidrocraburos y suscribió contratos de riesgo, algunos hasta por 40 años, a todas luces ventajosos para las transnacionales petroleras, lo que derivó en la llamada “guerra del gas”, que se saldó con más de 200 muertos y la huida del mandatario a Estados Unidos.

         Aunque con un abstencionismo de 40% y 25% de votos nulos, la nueva propuesta que preveía devolver al Estado la propiedad en boca de pozo de los hidrocarburos, refundar YPFB, incrementar los impuestos hasta 50% para fomentar la industrialización y reforzar la política social, y negociar, a cambio de gas, una salida al mar con Chile, fue claramente aprobada.

         Sin embargo, su redacción ambigua sobre si esto significaba volver a nacionalizar los bienes petroleros o sólo adecuar la ley para incrementar los beneficios de su explotación a favor de los bolivianos, pero sin ahuyentar las inversiones foráneas, desató un nuevo debate en el Congreso. Su eje se centró en el monto de las regalías y, concretamente, en la fórmula 18/32 (regalías/impuestos), que establecía la ley anterior.

         El MAS de Evo, ya con representación en el Congreso, y la mayoría de las organizaciones indígenas y sindicales presionaron para que las regalías se elevaran hasta 50%; el gobierno de Mesa planteó que debía respetarse el porcentaje 18/32 y que éste último, inclusive, debía ser deducible y progresivo.

         En una solución intermedia, para evitar un nuevo quiebre institucional, la Cámara de Diputados aprobó finalmente un proyecto de ley que mantenía el 18/32, pero con aplicación inmediata y no deducible, lo que en la práctica equivalía a la suma del 50% demandado por los sectores populares. En sí, se trató de una maniobra política, ya que las empresas petroleras foráneas no podían interponer por este motivo juicios arbitrales, ya que es potestad del Estado crear nuevos impuestos, no así cambiar las regalías establecidas en los contratos.

         Pero de fondo no se arregló nada. El proyecto de ley tenía que pasar todavía por el Senado y, según la Ley Tributaria, ésta puede ajustarse, pero no se pueden crear impuestos para un solo sector, como es el de los hidrocarburos, por lo que el trámite legal volvió a atorarse. Las petroleras foráneas, por su parte, anunciaron que sí procederían legalmente contra el Estado boliviano, por la violación de los contratos suscritos con anterioridad. Atrapado nuevamente en la pugna de intereses que intentó evitar, Mesa acabó por presentar su renuncia irrevocable.

         Convocadas elecciones generales, Evo Morales retomó la bandera de los hidrocarburos y se alzó como vencedor incuestionable. Su decreto de nacionalización del año siguiente, empero, habría de toparse con las mismas trabas legales que enfrentó su antecesor, y ahí sigue, siendo la fuente de muchos de los problemas que hoy resurgen. Por lo demás, su fórmula de “nacionalizar, pero sin expropiar ni confiscar”, no hizo sino recoger los planteamientos ambiguos del proyecto de ley en trámite.

         Para los sectores más radicales, se trata inclusive de una “falsa nacionalización”, que legalizó la capitalización de las transnacionales llevada a cabo por Sánchez de Lozada. Más aún, hablan de un boicot petrolero contra el Estado boliviano, ya que al convertir a las empresas foráneas en “socias”, pero sin expropiar sus activos, éstas se han dado el lujo de decidir montos y tiempos de inversión según su conveniencia. Lo que se hizo en realidad, dijo el exsuperintendente de Hidocarburos de YPFB, Carlos Miranda, “es incrementar la dependencia del Estado hacia las transnacionales”.

 

Contra la pared

 

En una entrevista concedida a un periódico de Tarija, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, reveló la larga y ardua negociación de los nuevos contratos petroleros derivados del decreto de nacionalización, y cómo las compañías petroleras nacionales y extranjeras se unieron después para incumplir el compromiso de invertir, con la esperanza de debilitar al gobierno “para que caiga y todo vuelva al régimen anterior”.

         El periodista y senador del MAS, Antonio Peredo, alertó inclusive en 2008 que detrás de la sublevación autonomista de las prefecturas de la llamada “media luna” boliviana estarían las transnacionales petroleras, con el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, “para desgastar silenciosamente al gobierno de Evo”.

         Como quiera que sea, Morales y su equipo se encuentran contra la pared, ante la falta de carburantes que ahora tienen que importar, la disminución de ingresos por concepto de exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil, y la merma gradual de excedentes fiscales, que impide la reinversión estatal en el sector energético, frena el proceso de industrialización de otros sectores productivos, reduce el gasto social e impide la aplicación de medidas de protección ambiental.

         Es en este contexto que Evo lanzó el aumento de los precios de los energéticos, con el argumento claro de que “si queremos inversiones en petróleo, es obligado que los inversores tengan utilidades”. Los especialistas en el ramo consideran, sin embargo, que todavía tenía un colchón financiero suficiente como para haberlo hecho con más habilidad.

         Mario Suárez Riglós, geólogo petrolero, opinó por ejemplo que la nivelación de precios de los combustibles debió de ser gradual. Javier Mansilla, exgerente de YPFB, dijo que primero se debería haber procedido al aumento salarial y luego aumentar poco a poco el precio de los hidrocarburos. Carlos Chalup, expresidente de la Feria del Gas, dijo no entender la contradicción entre el discurso oficial de bonanza económica y fiscal y una medida que pretende incrementar los ingresos a costa de la inflación general.

         Todos coincidieron en que si bien los ajustes de precios son necesarios para fomentar la inversión, acabar con la subvención y frenar el contrabando, debería consultarse primero a expertos, con el fin de que tales medidas no afecten la ya difícil situación económica de la población, el desarrollo de otros sectores productivos y amenacen con romper el orden institucional, como ocurrió con los disturbios postnavideños.

         Al parecer, Evo ya anda en eso. Aunque en un principio intentó culpar a “la derecha” de las protestas en su contra, al final tuvo que convencerse de que aun entre sus más allegados –la Central Obrera Boliviana (COB), por ejemplo– hubo molestia por lo sorpresivo y radical del decreto. Convocó por lo tanto a un debate nacional y a la formación de una comisión integrada por representantes de los diversos sectores sociales, para estudiar la mejor forma de superar la situación. Hubiera empezado por ahí.