Argentina: La guerra de los parques

jueves, 13 de enero de 2011

A dos meses de la muerte de Néstor Kirchner se desató una ola de ocupaciones de predios públicos por toda Argentina. El resultado: tres muertos, cambios en el gabinete y una serie de acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición. Los parques turísticos de Buenos Aires llegaron a tener custodia policial y los vecinos defendieron a pedradas y botellazos los espacios verdes de sus barrios. Por primera vez la presidenta Cristina Fernández enfrenta sola un problema político de gran calado.

BUENOS AIRES, 13 de enero (Proceso).- A lo largo de diciembre, las peleas entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los partidos de oposición se libraron en un terreno inédito para la política argentina: los parques.

El 4 de diciembre, 13 mil 333 indigentes se instalaron ilegalmente en el Parque Indoamericano, la segunda más importante área verde de esta capital. Días después, la usurpación –que tuvo picos de violencia y terminó con tres precaristas muertos– provocó una reacción en cadena que devino en casi 30 tomas de espacios en el resto de Argentina.

Todo el espectro partidista coincidió en que estas avanzadas no son espontáneas, sino alentadas por una mano política que se vería beneficiada con un escenario inestable de cara a las elecciones presidenciales de 2011. Pero cada sector apunta a distintos responsables. 

El gobierno de la capital, en manos del centroderechista Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (Pro), acusa al gobierno de Fernández y argumenta que la mayor parte de las usurpaciones fueron en un territorio tradicionalmente antikirchnerista.

El Ejecutivo culpa de las tomas a Eduardo Duhalde, figura emblemática del peronismo y uno de los artífices del triunfo de Kirchner en 2003. Hoy Duhalde –quien planea ser candidato a la Presidencia este año– constituye la mayor amenaza política para el kirchnerismo, dado su alejamiento de la política oficial.

En entrevista concedida el pasado 19 de diciembre al diario Perfil, Duhalde dijo: “Creo que a la presidenta se le desbordó la situación. (…) Hay sectores de su gobierno que hacen operaciones de las que ella no está enterada y después la meten en líos. Las cosas que pasaron son muy raras, demasiada gente en las tomas y después todos se van rápidamente. Esto no es normal”.

 

Casa tomada

 

La primera y mayor usurpación se dio en el Parque Indoamericano: 130 hectáreas en el barrio porteño de Villa Soldati, que de un día para otro se vio poblada por 13 mil 333 personas –muchas de ellas inmigrantes– que aceptaban irse sólo si el gobierno les ofrecía una vivienda alternativa.

Los primeros en enfrentarlos –a pedradas y botellazos– fueron los vecinos: ciudadanos de clase media-baja que veían en la usurpación problemas de sanidad, de seguridad y de ética política. Los habitantes del barrio, que a lo largo de su vida han sostenido al Estado con sus impuestos, sintieron que ese Estado los había dejado a la deriva en una zona convertida en tierra de nadie.

La ocupación del Parque Indoamericano provocó un brutal enfrentamiento entre usurpadores y vecinos, un forcejeo violento con la Prefectura, tres precaristas muertos, un prófugo acusado de llevar a los indigentes a ese predio y un forcejeo partidista para definir quién debía asumir el costo político de esas muertes: el gobierno porteño o el nacional.

En medio de eso la presidenta tuvo que salir a matizar las declaraciones de su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien se echó la opinión pública en contra cuando dijo que las tomas “no son un delito” y que el Indoamericano era “un campo roñoso que de parque no tiene nada”.

Para moderar a Aníbal Fernández –quien tenía el control de las tres fuerzas nacionales de seguridad– la presidenta creó un Ministerio de Seguridad y puso al frente a Nilda Garré, hasta ese momento ministra de Defensa.

El día de su asunción, el pasado 15 de diciembre, la ministra prometió entregar a los ocupas un plan de vivienda financiado por los estados nacional y municipal a cambio de que esas miles de personas desalojaran el parque. Además, aseguró que de ahí en adelante cualquier persona que tomara un territorio perdería la posibilidad de un subsidio habitacional. La gente empezó a retirarse en el acto.

Pero lejos de resolver el problema, esa decisión pareció agudizarlo. A lo largo de la segunda quincena de diciembre e ignorando las advertencias de Garré, muchas áreas se fueron ocupando en todo el país hasta llegar a 30 tomas, 17 de ellas en la capital y su zona conurbada.

En algunas oportunidades las usurpaciones terminaron abortadas por la policía, por negociaciones de los ocupantes con las intendencias o por la fuerza de los vecinos.

En otros casos todavía no hay forma de desalojar a los ocupantes. Aún quedan seis espacios tomados en Buenos Aires y cada uno supone un conflicto en el que intervienen siempre los mismos actores: vecinos temerosos, operadores políticos desconcertados y gente capaz de montar un tinglado en cualquier parte. 

 

En la cancha

 

El mayor conflicto –después del que ocurrió en el Parque Indoamericano– fue el de la cancha de futbol del Club Albariño: una sociedad barrial de Villa Lugano, Buenos Aires, cuyo campo de juego estuvo ocupado por unas 400 personas entre el 13 y el 31 de diciembre pasados. Por este episodio ya fueron libradas órdenes de captura contra 14 hombres acusados de haber organizado la toma. Hasta el momento han sido aprehendidos cinco.

Los detenidos niegan los cargos, pero los vecinos de Villa Lugano aseguran que al menos tres de ellos son punteros políticos de la zona: figuras que operan las relaciones clientelares entre los partidos y la población. ¿A qué partidos responden? Una vez más los gobiernos nacional y porteño tienen respuestas contrarias.

Garré asegura que trabajan para el gobierno de la capital:

“El conflicto fue manipulado por punteros del Pro con ayuda de la corporación mediática”, dijo en alusión al Grupo Clarín –que dio amplia cobertura al conflicto– en conferencia de prensa ofrecida el pasado 22 de diciembre. Y agregó: “¿Por qué Macri y los medios le dan tanta atención a la ocupación de un predio menor?”

Por su parte, el gobierno de Macri asegura que los punteros son del kirchnerismo y en su conferencia de prensa del 23 de diciembre pidió a la presidenta Fernández que desalojara el club, que restableciera “el orden” y que bajara “la inflación”, porque “es uno de los desencadenantes de estas tomas de predios”.

El conflicto del Club Albariño crispó la situación política.

Por un lado, nadie quería asumir el costo político de un desalojo por la fuerza, sobre todo con el episodio tan reciente de los muertos en el Parque Indoamericano.

Por otro lado tanto la presidenta como Macri sabían que el ofrecimiento de un nuevo plan de viviendas equivalía a romper el pacto de convivencia que había impuesto Garré: quien ocupara predios, había dicho, no recibiría ayuda estatal.

Frente a este dilema, el kirchnerismo y el Pro sostuvieron durante semanas un diálogo de sordos. La oposición pidió al gobierno federal que desalojara el club y éste respondió rompiendo su propia palabra y prometiendo a los ocupas un nuevo plan de créditos para vivienda (que no pagaría el gobierno nacional sino el municipal).

Esta declaración crispó al gobierno del Pro. Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gabinete capitalino, mostró su desacuerdo en una conferencia de prensa el 24 de diciembre:

“Dicen que el gobierno de la ciudad debe pagar un subsidio una semana después de haber acordado que no se les iba a pagar nada a los que usurpen un espacio público. Eso es injusto para el resto de los porteños que en muchos casos pagan alquileres muy altos por no poder acceder a una vivienda propia y que ahora estarían financiando con sus impuestos el plan que se le ocurrió al kirchnerismo. No se puede anunciar algo así. Si esa medida se concreta, al otro día nos toman toda la ciudad.”

Buena parte de la población parece estar de acuerdo con la postura del Pro. Una encuesta levantada en diciembre por Management & Fit indica que 60% de los encuestados cree que las tomas de predios deberían solucionarse “desalojando como marca la ley” y 60.3% rechaza la decisión conciliadora de la presidenta.

El sondeo también muestra la primera baja de popularidad de la mandataria, quien había alcanzado 70% de imagen positiva tras el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner.

Quizá conciente de esto, el pasado 28 de diciembre Cristina Fernández ordenó un desalojo judicial y lo llevó a cabo sin violencia. Los precaristas se fueron dócilmente porque, en rigor, ya tenían una casa en otro barrio y estaban usurpando el club por órdenes de un cabecilla que lucraba con las tomas y que hoy está preso. Luego del desalojo, Fernández anunció que el club –que estaba abandonado–será transformado en un cuartel de bomberos.

Aunque la toma del Albariño se resolvió favorablemente aún no se sabe qué hará el gobierno con las seis usurpaciones que continúan, una de ellas en un predio vecino. Estos terrenos le recuerdan a la presidenta que, ya sin el respaldo y la intuición política de su esposo, deberá controlar un escenario que en un año electoral posiblemente se vuelva feroz.  l