La matanza de Arizona: Cuando la ley lo permite

lunes, 17 de enero de 2011

Congresistas republicanos y demócratas condenaron la “matanza de Arizona” en que murieron seis personas y resultó herida la legisladora Gabrielle Giffords. Sin embargo, pocos apoyan iniciativas  para reformar las leyes sobre venta y portación de armas de fuego que, entre otros absurdos, permiten a una persona con trastornos mentales adquirir un rifle o una pistola. La inmovilidad del Congreso estadunidense no es gratuita: la mayoría de sus miembros ha recibido dinero de los cabilderos y las organizaciones que representan a la industria de las armas

WASHINGTON., 17 de enero (Proceso).- La llamada “matanza de Tucson” –en la que fueron asesinadas seis personas y herida la legisladora federal demócrata Gabrielle Giffords– puso en la palestra un problema cuya solución de fondo ha sido pospuesta por el Congreso estadunidense: las reformas a las leyes que permiten de manera casi indiscriminada la venta y portación de armas de fuego.

Los legisladores se encuentran maniatados por la industria de las armas, cuyos representantes y cabilderos desembolsaron millones de dólares para financiar campañas electorales de candidatos tanto republicanos como demócratas que ganaron asientos en el Capitolio durante las elecciones de noviembre pasado.

El sábado 8 en Tucson, Arizona, Jared L. Loughner, un hombre de 22 años con trastornos mentales, conmocionó a la sociedad estadunidense cuando disparó a diestra y siniestra durante un evento organizado por Giffords, quien recibió un tiro en la cabeza. El saldo: seis muertos y 14 heridos.

“Lo de Tucson es un hecho lamentable y abominable, que refleja los riesgos que implica tener leyes que prácticamente hacen posible que incluso personas con problemas mentales compren un arma de manera legal”, expone un comunicado que la Coalición para Detener la Violencia de las Armas (CSVG, por sus siglas en inglés) envió por correo electrónico al corresponsal.

La masacre de Tucson tuvo repercusiones inmediatas en los pasillos del Capitolio, donde algunos colegas de Giffords manifestaron que era urgente revisar la legislación regulatoria de la venta de armas. Por el contrario, otros plantearon que no debía hacerse juicios apresurados de un incidente aislado que afecte el derecho de comprar y portar armas consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política.

“El dinero que invierten los defensores de las armas en las campañas de los legisladores es mucho, y eso hace más difícil nuestra lucha, pero ahora le tocó ser la víctima a una congresista federal y eso puede cambiar las cosas”, anota la CSVG.

De acuerdo con cifras actualizadas acerca de los gastos en cabildeo realizados por los defensores de la venta y portación de armas, durante 2010 estos grupos desembolsaron 3 millones 906 mil dólares para que se mantenga intacto al artículo 2 de la Constitución. En contraste, las agrupaciones opuestas a la venta de armas gastaron  en ese mismo periodo unos 180 mil dólares para promover su causa.

Las investigaciones federales sobre la masacre de Tucson revelaron que al no tener antecedentes penales y a pesar de sus problemas mentales, Loughner pudo comprar de manera legal la pistola con la que mató a seis personas e hirió gravemente a Giffords.

“Es abominable lo que pasó en Tucson, pero la vida tiene que seguir adelante. En 1963 mataron el presidente (John F.) Kennedy y la vida siguió su curso; ahora debemos hacer lo mismo”, dijo el senador Lamar Alexander, republicano por el estado de Tennessee, durante una entrevista con la cadena televisiva CNN.

Conveniencia

A raíz de los acontecimientos en Tucson, Grupos como CSVG, la Campaña Brady para Prevenir la Violencia de las Armas (BCPGV, por sus siglas en inglés) y la Agrupación de Alcaldes en Contra de las Armas Ilegales (MAIG, por sus siglas en inglés), reavivaron el debate para prohibir la venta de armas.

“Los congresistas, sobre todo los republicanos, no pueden perder el dinero que la industria de las armas aporta a sus campañas; (esa industria ) los tiene dominados por completo”, comenta a este semanario un vocero de la BCPGV.

Estadísticas proporcionadas a Proceso por la agrupación no gubernamental Open Secrets –dedicada al rastreo del dinero que destinan los grupos de interés al cabildeo en el Congreso y en gobierno de Estados Unidos– indican que durante 2010 ocho agrupaciones defensoras de la venta y portación de armas desembolsaron casi 4 millones de dólares en la contratación de 49 firmas cabilderas para evitar cambios a las leyes en esta materia. 

Este es el desglose de los grupos y los montos:

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), 2 millones 45 mil dólares; el grupo Dueños de Armas en Estados Unidos, 690 mil 239 dólares; el Comité de Ciudadanos por el Derecho a Poseer y Portar Armas, 591 mil 443 dólares; la Fundación Nacional del Deporte del Tiro, 220 mil dólares; el Club Internacional Safari, 150 mil dólares; la agrupación en Pro de las armas NSSF, 95 mil dólares; el Club Boone y Crockett, 85 mil dólares, y la Corporación a favor de la Práctica de Tiro con Rifle, 30 mil dólares.

En 1994 el presidente de Estados Unidos Bill Clinton promulgó una ley para prohibir la venta y portación de armas semiautomáticas con cargadores de más de 12 balas. El Ejecutivo se basó en el Acta de Aplicación de la Ley para el Control de Crímenes Violentos. Sin embargo, el ordenamiento expiró en 2004 y desde entonces a la fecha el Congreso federal no ha intentado renovarlo.

Debido a la masacre de Tucson, Frank Lautenberg, senador por Nueva Jersey, y la representante por Nueva York, Carolyn McCarthy, ambos demócratas, prometieron que elaborarían un proyecto de ley para restablecer la prohibición impuesta por Clinton.

Por su parte, el representante republicano de Nueva York, Pete King, ofreció crear una legislación para prohibir que personas armadas se acerquen a funcionarios gubernamentales.

Históricamente el Partido Republicano ha defendido a ultranza el artículo 2 constitucional. Por ello se ha beneficiado con el financiamiento de campañas proselitistas por parte de grupos como la NRA. No obstante, también los demócratas han recibido su tajada política por parte de estas organizaciones.

 

Beneficios compartidos

 

Open Secrets revela que durante 2010 los ocho grupos destinaron 627 mil dólares para financiar las campañas de candidatos republicanos a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 2 de noviembre último. Asimismo, canalizaron 329 mil 300 dólares a los aspirantes demócratas. También erogaron 126 mil dólares como apoyo para las campañas de candidatos republicanos a la Cámara de Senadores y 22 mil 300 dólares para los candidatos demócratas.

 “Esto significa que los grupos defensores de la venta de armas, contribuyeron a que los republicanos ganaran el control en la Cámara de Representantes, y que el Partido Republicano aumentara su número de curules en el Senado”, destaca un investigador de Open Secrets.

Esta agrupación da a conocer que incluso la propia Giffords, quien está registrada como poseedora de armas de fuego, el año pasado recibió financiamiento por parte de los grupos que se oponen a modificar el artículo 2 de la Constitución Política. 

“La campaña de Giffords captó unos 2 mil dólares en efectivo por parte de grupos y personas que están a favor de la venta de las armas”, comenta a Proceso un integrante de Open Secrets.

La legisladora Giffords, que representa en el Congreso federal al octavo distrito de Arizona, recibió un total 302 mil 312 dólares en efectivo, en donaciones privadas para financiar su campaña de reelección durante el año pasado.

Jason Chaffetz, representante federal por el tercer distrito de Utha, dijo en entrevista con la cadena de televisión CNN que el incidente de Tucson fue simplemente un acto criminal aislado, sin relación con las leyes sobre la venta de armas. “Creo que lo que se debe hacer es que aquí en el Capitolio nosotros mismos decidamos qué mecanismos adoptar para garantizar nuestra seguridad. Yo por lo pronto voy a portar mi pistola por cuestiones de seguridad personal”, subrayó el legislador.

Hasta el cierre de esta edición el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes y el demócrata en el Senado no se habían pronunciado a favor de promover iniciativas de ley para cambiar las reglas sobre la venta y portación de armas; tampoco para revivir el ordenamiento promulgado por Clinton en 1994.

El corresponsal pidió a los grupos defensores de la libre venta y portación de armas de fuego que manifestaran sus puntos de vista acerca de los asesinatos de Tucson. Sólo recibió un correo electrónico en el que la NRA respondió: “No hablamos con la prensa extranjera sobre leyes de Estados Unidos”.

Por su parte, la CSVG asegura: “Cada vez que en Estados Unidos ocurre una matanza con armas de fuego la sociedad se siente conmocionada y su respuesta inmediata es de repudio a la violencia. Sin embargo, la sociedad no hace nada y rechaza que por un incidente de violencia se busque afectar sus derechos constitucionales, lo cual es todavía más lamentable”.

La masacre del 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, donde fueron asesinados 12 estudiantes y un profesor, dio la pauta para que el Congreso discutiera una propuesta destinada a modificar las leyes relativas a la venta y portación de armas de fuego. La iniciativa no prosperó.

Lo mismo ocurrió en el Capitolio siete años después, a consecuencia del asesinato de seis niñas en la escuela primaria de una comunidad menonita. Los hechos ocurrieron en el 3 de octubre de 2006 en el condado Lancaster, del estado de Pensilvania. l

 

 

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