El envejecimiento de la población de Estados Unidos significará que en los próximos años se jubilen 80 millones de trabajadores. Mantenerlos implica un gran reto para la economía estadunidense debido a que las aportaciones para la seguridad social realizadas por la nueva fuerza de trabajo serán insuficientes. Esta podría ser una gran oportunidad para la migración mexicana que, sin embargo, carece de la preparación para llenar las plazas vacantes. En cambio, los beneficiados serán los migrantes de países como India, Paquistán, China, Corea y Japón, entre otros.

SAN DIEGO, 18 de enero (Proceso).- En medio de una gran oposición a la reforma migratoria que legalizaría la estancia de más de 12 millones de migrantes para incorporarlos a un mercado laboral ávido de mano de obra calificada, Estados Unidos enfrenta uno de los cambios demográficos más importantes de su historia: la jubilación de la generación de la posguerra, mejor conocida como los baby boomer. 

A partir del 1 de enero comenzó a jubilarse la primera oleada de los 80 millones de trabajadores nacidos entre 1945 y 1965. La Administración del Seguro Social calcula que durante los próximos 20 años, cada día 10 mil trabajadores presentarán su solicitud de retiro.

Aunque esto provocará grave escasez de mano de obra altamente calificada, ello no significa que los indocumentados latinos puedan tener una buena oportunidad para incorporarse al nuevo mercado laboral.

“Al retirarse esta generación dejará vacantes en áreas de ingeniería industrial, mecánica, automotriz, aeronáutica, farmacéutica, química, entre otros sectores”, dice Timothy Schiller en su libro Growing Slowly, Getting Older, publicado en septiembre de 2008.

Y agrega: “Estas vacantes serán sumamente difíciles de cubrir, pues los niveles de entrenamiento de los trabajadores de la nueva generación no cumplen con las características que requieren esos empleos”.

En entrevista con Proceso David Dyssegaard Kallick, director de Investigación de Migración en el Fiscal Policy Institute, una organización no partidista con sede en Nueva York, comenta:

“Para mantener su crecimiento económico Estados Unidos deberá crear empleos especializados en sectores de punta como aeronáutica, biotecnología o informática y atraer trabajadores altamente calificados de cualquier parte del mundo. Éstos son muy bien remunerados, no ocasionan costo alguno al sistema de servicios sociales y además pagan impuestos en cantidades elevadas. Se calcula que cada trabajador con estudios superiores, en el curso de su vida laboral pagará más de un millón de dólares en impuestos”.

Los indocumentados mexicanos enfrentan muchos problemas. Por un lado están los sentimientos antimexicanos fomentados por grupos radicales de derecha que les achacan todos los males que aquejan a Estados Unidos. Por otro, la realidad innegable de que la gran mayoría de migrantes mexicanos no cuenta con preparación que les permita aspirar a buenos puestos de trabajo.

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México presentada por el Instituto Nacional de Migración en 2008, durante el año anterior llegaron a Estados Unidos 897 mil migrantes mexicanos. De éstos, poco más de 60% no concluyó la primaria y sólo 7% contaba con educación media superior y superior.

“El problema con los migrantes procedentes de México es que no resuelven el problema de fondo de la economía estadunidense: su necesidad de mano de obra altamente calificada”, dice a este semanario John Roberts, especialista en flujos migratorios de la Universidad de California en San Francisco.

Por su parte, Giuseppe Bertola, autor del libro Comparación de los mercados laborales internacionales, publicado en noviembre de 2008, coincide con los planteamientos de los especialistas:

“En el futuro inmediato se presentará una escasez de trabajadores calificados de más de 20 millones de personas; abrir la frontera ayudaría a incrementar el tamaño de la fuerza de trabajo, pero no aumentaría el volumen de la manos de obra calificada”.

Lo anterior entraña un reto formidable para la economía estadunidense que deberá mantener a una creciente población no productiva que demandará servicios asistenciales en grandes proporciones.

Desequilibrio

De acuerdo con proyecciones del gobierno federal, el número de personas registradas en el Medicare (seguro de salud financiado por el gobierno federal y disponible a partir de los 65 años) pasará de 47 millones en el 2010 a 80 millones para 2030.

Además, el número de beneficiarios del Seguro Social (pensiones financiadas por el gobierno federal disponibles entre los 62 y 67 años) se incrementará de 44 millones a 73 millones en los próximos 20 años.

En la actualidad ambos programas asistenciales tienen un costo equivalente al 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB); de acuerdo con las tendencias observadas, para 2030 el porcentaje sería de 11.2%, equivalente a 1.4 billones de dólares.

Esta suma es superior al PIB de México que en 2007 fue de 1.3 billones de dólares, según el Factbook, una publicación anual de la CIA que contiene información básica de algunos países del mundo.

El desbalance entre la fuerza laboral y el número de pensionados, aunado a la inflación que encarece los programas federales de Medicaid (programa federal de salud para personas de bajos recursos) y Medicare, elevará a escalas estratosféricas el déficit fiscal de Estados Unidos.

De acuerdo con proyecciones del Departamento del Censo, la población de más de 65 años crecerá de 38.7 millones en 2008 a 88.5 millones en 2050 y en ese lapso las personas mayores de 85 años pasarán de 5.4 millones a 19 millones.

Ante este panorama los demógrafos y economistas se preguntan: ¿Quién pagará los enormes costos de esa población en retiro?

La respuesta más plausible es que serán los trabajadores migrantes de países como India, Paquistán, China, Corea y Japón, entre otros, que en los últimos 10 años han llegado en un flujo silencioso pero constante. Son tan numerosos que podrán cubrir los cientos de miles de vacantes dejadas por los baby boomers.

De hecho, en 14 de las 25 principales zonas urbanas de Estados Unidos, incluidas las de Boston, Filadelfia, Cincinatti y San Francisco, más de 50% de los trabajadores inmigrantes tiene estudios de posgrado y se encuentra en la escala salarial más elevada.

En su estudio American Community Survey correspondiente a 2007, la Oficina del censo informó que las familias de la India tenían un ingreso anual de 91 mil 915 dólares; esta suma equivale casi al doble de las percepciones de una familia anglosajona, que fue de 46 mil 881 dólares. De acuerdo con el mismo informe, las familias mexicanas contaron con un ingreso anual promedio de 37 mil 913 dólares.

“Estados Unidos seguirá obstaculizando la llegada de mano de obra no calificada para lo cual continuará reforzando las fronteras con el pretexto del terrorismo, pero promoverá el ingreso de trabajadores altamente capacitados”, apunta Bertola.

Desde esta perspectiva debe considerarse el Programa para la Diversidad de la Migración establecido a partir de 1995 por orden del Congreso. Cada año se reparten 50 mil visas en una especie de lotería de la que están excluidos México y la mayoría de los países latinoamericanos.

En el mismo caso se encuentran las visas otorgadas mediante el Tratado de Libre Comercio a profesionistas mexicanos, quienes pueden inmigrar a Estados Unidos de manera casi inmediata.

Pragmatismo

Ante la creciente demanda de trabajadores capacitados la negativa del Senado y del Congreso a aprobar el Acta Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Indocumentados (Act Dream) representa un desperdicio de capital humano. La iniciativa presentada originalmente en 2001 fue rechazada el pasado 27 de diciembre por un bloque de legisladores republicanos que la consideraron como una amnistía disfrazada.

El instrumento proponía la legalización de poco más de un millón de estudiantes indocumentados que hubieran entrado a Estados Unidos antes de los 16 años. Entre otros requisitos se les exigía una residencia en el país de por lo menos cinco años, que estuvieran inscritos en alguna universidad y/o prestaran dos años de servicio militar.

“Estos estudiantes crecieron en Estados Unidos, se educaron en escuelas de Estados Unidos, hablan el idioma y no hay que traerlos de ningún lado”, dice a Proceso, Daisy J. Amezcua, activista del grupo Dream Act Now. Ella participó en las movilizaciones realizadas a favor del instrumento durante diciembre pasado en el condado de Orange, en el sur de California.

Indica que Estados Unidos ha invertido en la educación de estos jóvenes un promedio de 140 mil dólares, desde el jardín de niños hasta el duodécimo grado. “Lo más lógico sería que la sociedad estadunidense se beneficie de la inversión realizada”, dice Amezcua.

Los beneficios de legalizar a estos jóvenes eran evidentes para todos, menos para los políticos republicanos, quienes han insistido en que no permitirán ningún tipo de amnistía.

Pero no todos están inmersos en la retórica antiinmigrante. Políticos como Collin Powell saben que el flujo migratorio es una tabla de salvación para la economía estadunidense, y que desempeñará un papel decisivo en los años venideros.

En su emisión del pasado 19 de septiembre, Meet the Press –el programa de entrevistas a políticos más antiguo de Estados Unidos producido por la cadena NBC– difundió el llamado que el influyente político conservador hizo un llamado a sus compañeros de partido para que dejen de lado las posturas antiinmigrantes que han enarbolado durante los últimos años:

“Los inmigrantes han sido el combustible de este país. Sin ellos nos pareceríamos mucho a Europa o a Japón, con una fuerza de trabajo que está envejeciendo y sin una población joven que la reemplace”, dijo Powell.