MANAGUA, 19 de enero (apro).- Seis años atrás, el 13 de enero de 2005, Edwin González Cornejo llegó a su domicilio, en el municipio de San Juan de Río Coco, a más de 300 kilómetros de la capital nicaragüense, en busca de sus libros escolares. Lo habían reprobado en inglés y debía reponer esa materia para poder pasar al tercer año de secundaria.

Hurgando en un bolso, Edwin se topó con un objeto de plástico redondo y chato, color rojo quemado, que despertó su curiosidad. “Ve qué bonito”, dijo y le quitó el tapón.

Recuerda que se levantaron tres alambres (rojo, verde y amarillo), en forma de escudo, y un escalofrío le recorrió la columna. Le entró miedo. Intentó regresarlo al bolso, lo soltó, pero ya fue tarde.

Aquella mina antipersonal, fabricada en una nación del antiguo bloque socialista, estalló y le provocó un daño letal. Edwin, de sólo 15 años, perdió ambos brazos (casi a la altura del codo), así como el globo ocular derecho por completo. Del izquierdo quedó casi ciego. Además, sufrió de graves laceraciones en el rostro y tórax, producto de la explosión y de la pólvora.

Personal del Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo encontró en una sala de recuperación de un hospital de Managua y lo incorporó a su Programa de Atención a Sobrevivientes de Minas, que inició en 1997 con fondos de la comunidad internacional, especialmente de España.

Desde entonces, a Edwin lo han acompañado en un extenso, doloroso pero esperanzador proceso de recuperación física, emocional y personal, que ha puesto a prueba su corazón y su voluntad. Hoy, este muchacho ha completado varios cursos de computación y de inglés. Y en el próximo año escolar, que iniciará en las próximas semanas, cursará su quinto año de secundaria y estará a las puertas de la universidad.

“Mire la idea que tengo: si Dios me lo permite, quiero estudiar Psicología porque a mí me encanta, sirve para valorarse uno mismo y valorar a los demás, ya sea personas con discapacidad o sin discapacidad”, comenta a Apro durante un breve receso de una clase de computación.

Y añade: “Antes yo iba a clases porque era una exigencia de mi mamá, pero no me gustaba el estudio. Pero ahora veo realmente que el estudio es el futuro de cada uno; antes no le ponía mente a las clases, pero ahora tengo que aprovechar el tiempo, aunque sean difíciles las cosas”.

“Asesinos silenciosos”

En 1990, tras la derrota electoral del sandinismo, la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, pidió ayuda internacional para poner fin a la guerra y acabar con una de sus peores y más cobardes secuelas: la existencia de 135 mil minas enterradas en más de mil 200 objetivos militares, económicos y civiles. Según registros oficiales del Ejército Nacional, un total de 74 municipios del país (de 153) se encontraban amenazados por los llamados “asesinos silenciosos”.

Consciente del inmenso desafío, de las dimensiones del problema y de las limitaciones propias, la administración de Violeta Barrios de Chamorro solicitó oficialmente la asistencia de la OEA para eliminar la amenaza.

En 1991, la Secretaría General del organismo regional, con la asesoría técnica de la Junta Interamericana de Defensa, exhortó a los Estados miembros y a los observadores permanentes a colaborar con esta solicitud oficial nicaragüense. La Unidad de Promoción de la Democracia, adscrita a la OEA, asumió la responsabilidad para conducir esta iniciativa pionera e innovadora, que se tradujo en el Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA).

“Las minas no eran sólo un tema de seguridad para los pobladores, sino que impedían el acceso a la tierra, a su aprovechamiento, así como impedían también el acceso a servicios de agua, energía, a la educación, a la salud. Además, lamentablemente, la mayoría de las zonas afectadas eran comunidades con altos niveles de pobreza”, señala Carlos Orozco, coordinador del PADCA-OEA, cuya sede regional se instaló en la capital nicaragüense.

Un conjunto de países miembros de la OEA, entre éstos Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú y Estados Unidos, proveyeron de ingenieros militares y especialistas que colaboraron en entrenar y capacitar a los militares nicaragüenses que harían de zapadores. Además del entrenamiento, fungieron como monitores y certificadores en las operaciones de desminado en el campo.

También se constituyó un pool de países donantes, entre ellos Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, Reino Unido, Suecia, la Unión Europea y, especialmente, España.

 “Nicaragua, con su solicitud oficial, fue el país que dio la pauta para la creación del Programa (PADCA) en el seno de la OEA. Fue el primer país en solicitar apoyo para la remoción de minas. Posteriormente llegaron los requerimientos de los otros países centroamericanos”, indica Orozco.

Proceso regional

El pasado 30 de noviembre, ante el plenario de la X Reunión de los Estados parte de la Convención de Prohibición de Minas Antipersonales, también conocida como Convención de Ottawa, la secretaria general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, Ruth Tapia Roa, informó sobre la conclusión oficial del Programa Nacional de Desminado Humanitario, que se prolongó durante 21 años, a un costo de casi 82 millones de dólares. Con ese último tramo superado, Centroamérica se convirtió en una “zona libre” de minas antipersonales.

En el ámbito regional, Costa Rica fue el primer país en cumplir con su programa de desminado, que se extendió durante seis años. El 10 de diciembre del 2002, esa nación centroamericana se declaró el primer país libre de minas antipersonal del Hemisferio Occidental.

Con el apoyo del PADCA –adscrito a la OEA--, efectivos de Seguridad Pública, previamente entrenados y capacitados como zapadores, lograron detectar y destruir más de 450 minas, la mayoría de ellas colocadas en el borde fronterizo con Nicaragua, enterradas durante el conflicto bélico que envolvió a la región en los años ochenta.

Posteriormente, en 2004, Honduras concluyó también su Programa Nacional de Desminado, con la destrucción de 2 mil 191 minas enterradas en un área de 446 mil 724 metros cuadrados que barrieron los zapadores de las Fuerzas Armadas de ese país.

Además, en noviembre del 2000, cumpliendo con lo establecido en la Convención de Ottawa, Honduras se convirtió en el primer país de la OEA en destruir las minas antipersonales almacenadas en los arsenales de las Fuerzas Armadas de esa nación. Fueron cerca de 8 mil minas.

Al mismo tiempo, se desarrolló el proceso de desminado en Guatemala, país envuelto en un conflicto armado interno que se prolongó por más de 30 años. El programa, también respaldado por PADCA-OEA, inició en 1997 y concluyó en 2005. Este proceso tuvo una característica muy particular, indicó Orozco, de PADCA-OEA, ya que se involucraron efectivos del Ejército y excombatientes de la guerrilla. También participaron bomberos voluntarios como promotores en campañas educativas y de sensibilización.

La antigua guerrilla guatemalteca (URNG) identificó campos minados en el volcán de Tajumulco, que llevaron a la destrucción de 329 minas Claymore. Las operaciones también contribuyeron a la detección y destrucción de 8 mil desechos de guerra no explotados (UXO’s), que incluían morteros, proyectiles de artillería y granadas de mano, entre otros.

Sin embargo, el reto monumental estaba en Nicaragua, país que durante la década de los ochenta sufrió el conflicto armado entre sandinistas y contras. Al finalizar oficialmente en abril de 1990, se priorizó la labor de desminado. Transcurrieron 21 años y las cifras oficiales son impresionantes: 74 municipios despejados, 12 millones de metros cuadrados del territorio nacional liberados, 314 mil minas destruidas (incluyendo 179 mil 970 minas que estaban enterradas), y 2 millones de UXO’s eliminados.

Para financiar esa titánica labor, a través de PADCA-OEA se canalizaron alrededor de 42 millones de dólares. Esa cifra no incluye los fondos externos dirigidos directamente al Ejército Nacional o al propio Ministerio de Defensa.

Por otra parte, para dimensionar el enorme esfuerzo realizado como país, el coordinador de PADCA-OEA indicó que Nicaragua llegó a tener hasta 600 zapadores trabajando en el terreno, en cuatro o cinco frentes simultáneos. “Nicaragua logró establecer una de las mayores capacidades en desminado en el mundo”, destaca Orozco de forma ilustrativa.

Las víctimas, el nuevo reto

En las mismas instalaciones militares, donde ocho años antes se destruyó el último stock de las 133 mil minas almacenadas en los arsenales del Ejército, se realizó el acto de conclusión del Programa Nacional de Desminado Humanitario.

       “Una región llena de minas antipersonales se volvió segura otra vez. Felicitamos a Nicaragua por haber terminado las operaciones de desminado. Ahora debemos concentrarnos en las necesidades y los derechos de los supervivientes de Nicaragua y del resto de la región”, manifestó Susan Eckey, embajadora de Noruega en Ginebra y presidenta de la Convención de Ottawa, según cables de prensa.

       En Nicaragua, según los registros oficiales de PADCA-OEA, el Programa de Atención a Sobrevivientes de Minas brinda atención integral a mil 193 personas lesionadas en todo el territorio nacional. El 31.2% corresponde a niños y jóvenes de entre 1 a 20 años, y el resto (68%) a adultos mayores de 21 años.

       “Se les brinda atención integral, todo lo que requieran las víctimas de minas, siempre y cuando esté relacionada con las secuelas producto del accidente en sí. Se les asiste en su rehabilitación física y psicológica y se les proporcionan prótesis, aparatos ortopédicos y medicamentos”, explica Cecilia Bustamante, una jovencita que está al frente del Programa de Atención a Sobrevivientes de Minas.

Además, 491 de las víctimas de minas se incorporaron al Programa de Reintegración Socioeconómica, que también impulsó PADCA-OEA años atrás para brindarles conocimientos técnicos que les ayudaran a obtener ingresos y contribuir así a la economía de sus familias.

Para este año, indica Orozco, se disponen de fondos para continuar con el programa de educación preventiva en las zonas antes minadas, donde todavía se encuentran artefactos sin explotar, así como para la atención a las víctimas de minas antipersonales. Para ambos programas está el respaldo de Noruega y España.

Sin embargo, después de este año no hay fondos comprometidos para la atención integral de las víctimas. “El programa continuará apoyándolos durante todo 2011, esperando encontrar o definir un mecanismo de transición adecuado este año para la continua atención de este grupo vulnerable”, señala el coordinador de PADCA-OEA.

Pero, irónicamente, al concluir oficialmente el Programa Nacional de Desminado, se corre el peligro que la comunidad internacional redirija sus escasos recursos financieros a otros países de la región y de otras latitudes, donde los “asesinos silenciosos” siguen cobrando vidas a diario.

“Es obvio esperar que al finalizar Nicaragua su Programa de Desminado, la atención internacional sea dirigida a otros Estados, particularmente porque la mayoría de los recursos de los cooperantes siempre continúa siendo dirigida al componente técnico del desminado como tal, pues existe el concepto de que los aspectos de asistencia a las víctimas, la rehabilitación de las tierras, debe ser asistido a través de otras estrategias nacionales”, indica Orozco.

En América Latina, los países que cobran mayor atención son Colombia, Ecuador y Perú. En la frontera común de los dos últimos, Orozco estimó que hay alrededor de 130 mil minas antipersonales enterradas.

“Creo que vale la pena enfatizar que la comunidad internacional ha reconocido que la movilización de recursos es un tema difícil en el ambiente actual. En el contexto de la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa, se consensuó sobre la necesidad de fortalecer la cooperación y asistencia internacional para Estados afectados. La falta de recursos fue identificada por los interesados como un obstáculo serio para los Estados partes en el cumplimiento de sus obligaciones dentro de asistencia a las víctimas, remoción de minas y, en algunos casos, destrucción de las existencias de minas”, indicó Carl Case, director de la Oficina de Acción Humanitaria contra Minas de la OEA, vía correo electrónico.

“Los Estados partes respondieron a este consenso con la creación del Comité de Cooperación y Asistencia Internacional y la formulación de acciones específicas que deben tomar los Estados afectados para definir sus necesidades y criterios claros que los Estados en condiciones de proporcionar los recursos requeridos pueden aplicar para asegurar que estos recursos sean aplicados apropiadamente. Es decir, que los Estados partes han reconocido este problema y han conformado estas recomendaciones dentro del Plan de Acción de Cartagena 2010 a 2014, para tratar de enfrentarlo”, añade.

De obtenerse y canalizarse nuevos recursos externos, Edwin podría realizar su sueño de coronar la carrera de Psicología.

mav

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