Chile: La crisis del gas

sábado, 22 de enero de 2011

VALPARAÍSO, 21 de enero (apro).- La lucha contra el alza del gas que enfrentó a Magallanes, la más austral región de Chile, con el gobierno de Sebastián Piñera, se ha saldado con un histórico triunfo para los sublevados.

Con fama de izquierdistas y rebeldes, los magallánicos han clavado una estocada al gobierno de Piñera, el cual sufrió una crisis interna.

Con su paralización total de labores y movilizaciones masivas no sólo hicieron retroceder al gobierno, que anuló el alza y anunció numerosos subsidios. También provocaron un cambio de gabinete.

 

Efecto dominó

El alza del gas fue determinada, el 28 de diciembre, por el directorio de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Suponía aumentos que fluctuaban entre el 16.8% para quienes consumen menos de mil metros cúbicos mensuales, y el 60% para quienes consumieran en torno a 25 mil metros cúbicos. Para las grandes empresas se había fijado un alza de 11%.

Al momento de tomar la decisión, el directorio de ENAP, de siete miembros, era presidido por el entonces ministro de Energía Ricardo Raineri, con una mayoría de miembros de confianza del gobierno.

De acuerdo con lo que señalaron los voceros de la Asamblea Ciudadana, red de organizaciones sociales que articuló las protestas, esas alzas provocarían un “efecto dominó” sobre los precios de todos los productos básicos, lo que encarecería el costo de la vida en al menos un 20%.

En Magallanes, donde el clima es gélido durante gran parte del año, el gas es casi la única fuente de energía, por eso se le considera un elemento vital.

De ahí que el anuncio de un aumento de precios, que comenzaría a operar el 1 de febrero próximo, provocó una especie de “revolución ciudadana” que tuvo su momento cumbre en la concentración realizada en la Costanera de Punta Arenas, el pasado domingo 9, donde se reunieron 25 mil manifestantes. Es importante considerar que esta ciudad es habitada por 116 mil personas, y en toda la región de Magallanes, de 132 mil kilómetros cuadrados, viven 160 mil personas.

El paro fue respaldado por todos los partidos políticos presentes en la zona, incluidos los pertenecientes a la oficialista Alianza por Chile: la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El pasado jueves 13, la totalidad de los partidos presentes en esta región emitieron una declaración en la que rechazaron el alza del gas.

Asimismo, los legisladores de la región --los diputados Miodrag Marinovic (independiente) y Carolina Goic (Democracia Cristiana, DC), así como los senadores Carlos Banchi (independiente) y Pedro Muñoz (Partido Socialista, PS)-- apoyaron la protesta. Lo propio hicieron los alcaldes de las nueve comunas de la provincia liderados por Wladimiro Mimica (Punta Arenas).

En un reflejo de transversalidad pocas veces vista, el paro contra el alza del gas también fue apoyado por la patronal Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La CPC se restó de la movilización el viernes 15, cuando el gobierno –en la persona del subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla-- ofreció anular hasta agosto la puesta en marcha de la impopular medida, lo que fue considerado insuficiente por la Asamblea Ciudadana, que continuó con las movilizaciones.

Magallanes es la única región de Chile en la que la prensa no está controlada por ninguna de las dos grandes corporaciones que mantienen un duopolio mediático: El Mercurio y Copesa. Las radios y diarios de la región, sin excepción, apoyaron el movimiento.

Los manifestantes bloquearon todas las carreteras regionales, así como los pasos fronterizos que comunican con Argentina. Como consecuencia, miles de turistas se vieron imposibilitados de salir o entrar al Parque Nacional Torres del Paine, principal atractivo turístico de Chile. El puerto de Punta Arenas también fue paralizado, así como la casi totalidad del comercio y los servicios de esta ciudad, de Puerto Natales (capital de provincia de Última Esperanza) y de Porvenir (capital de la provincia de Tierra del Fuego).

Con el fin de detener la protesta, el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, amenazó el domingo 16, desde el Palacio de La Moneda, con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los organizadores de las protestas. Esta normativa, creada por el régimen militar de Augusto Pinochet en 1975, busca castigar a quienes alteren el orden público, realicen bloqueos de caminos, afecten la actividad económica o impidan el libre tránsito. Su aplicación supone elevadas penas de cárcel.

El anuncio de Hinzpeter fue ampliamente criticado por políticos de oposición, como el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), y por los más altos representantes de la Iglesia Católica, incluidos el arzobispo de Santiago Ricardo Ezatti y el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, quienes la calificaron como poco prudente.

La “revolución del gas”, como algunos magallánicos ya la llaman, se dio en el contexto de un significativo descenso de la popularidad del presidente Piñera.

Según encuesta de la consultora CERC, dada a conocer el pasado miércoles 12, Piñera es respaldado por 47% de los chilenos. Esto implica una pérdida de 9% respecto de la medición de septiembre. Según esta misma fuente, el rechazo al gobierno creció 10 puntos en este mismo periodo. Y uno de los atributos en que Piñera es peor evaluado es la credibilidad.

 

Corrupción y privatización

La canadiense Methanex, fabricante de metanol, es hoy la más importante empresa de Magallanes. Con ventas superiores a los 300 millones de dólares, aporta más de 20% del producto bruto regional. En el camino a alcanzar esta posición privilegiada, ha obtenido importantes apoyos estatales.

El presidente Piñera nombró como miembro de Directorio de ENAP, empresa que provee de gas a Methanex, a Rodolfo Krause, quien durante 18 años fue el ejecutivo principal de Methanex en Chile. Después de que en 2006 se jubiló de la compañía canadiense, se transformó en asesor directo del presidente del corporativo de la empresa con sede en Canadá.   

En la actualidad ENAP vende a Methanex 2.5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, insumo básico en su producción de metanol. Esta cantidad de gas representa 50% más de lo que recibe el conjunto de los clientes residenciales de toda la región de Magallanes (1.6 millones de m3).

Methanex tiene un contrato con ENAP por medio del cual ésta se compromete a entregar 10 millones de metros cúbicos diarios de gas. Es decir, ENAP proporciona sólo 20% del gas que debiera suministrarle a esta empresa. Methanex, según publicó el portal Terra el sábado 15, estudia querellarse contra ENAP, argumentando “incumplimiento de contrato”.

Este contrato, sin embargo, no ha sido conocido por la opinión pública. El lunes 17 la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, se reunió con el diputado Marinovic. En la cita acordaron solicitar a la Contraloría General de la República que se investiguen los contratos firmados entre ENAP y Methanex.

Los voceros de la Asamblea Ciudadana han asegurado que Methanex paga una cuarta parte del valor que los clientes residenciales pagan por el gas de ENAP.

El gobierno esgrimió como principal razón para decretar el alza que “el gas y el petróleo son cada día más escasos y hay que cuidarlos para que no se extingan”. Así lo expresó el presidente Piñera el viernes 7 desde el norteño puerto Mejillones.

Según coinciden diferentes versiones, al ritmo de explotación actual, el gas se acabará en los pozos de ENAP en menos de diez años. Debido a ello, una de las demandas centrales de la Asamblea Ciudadana y de los parlamentarios de Magallanes es que se le suban los precios a Methanex y que se reduzca, y, de ser necesario, se le deje de vender gas a esta empresa.

La deuda de ENAP alcanza actualmente los 5.2 mil millones de dólares. Esta se explica fundamentalmente en los enormes subsidios entregados durante el último lustro por esta empresa al deficitario sistema de transporte de Santiago (Transantiago). El subsidio consistía básicamente en venderle el petróleo a mitad de precio del que lo compraba en mercados internacionales.

ENAP, junto a la cuprífera Codelco, son las únicas dos grandes empresas estatales que se han mantenido al margen del proceso privatizador impulsado por todos los gobiernos, desde Augusto Pinochet en adelante.

 

Crisis política

El malestar ciudadano en Magallanes se vio atizado por el mal manejo del problema por parte de las autoridades. El miércoles 5, el ministro Raineri declaró a Radio Bio Bio que el precio del gas en Magallanes “es una fiesta que debe terminar”. Aludía al hecho de que el gas --que es un insumo de primera necesidad en esta gélida e inclemente región-- cuesta la séptima parte del valor que en el resto del país. Pero no consideró que este elemento se produce en Magallanes y que el costo de la vida en esta región es 30% más alto que en el resto del país, según cifras del Banco Mundial.

Las declaraciones de Raineri provocaron molestia entre los ciudadanos y autoridades de Magallanes.

El gobierno pudo haber conseguido --con un poco de flexibilidad-- detener el paro y con ello evitar la crisis del gobierno. Sin embargo, la tozudez del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lo impidió. Por lo menos así lo expresó el miércoles 12 el analista político chileno Tomás Mosciatti, en uno de sus habituales comentarios en CNN Chile.

Según Mosciatti, en circunstancias que el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, se encontraba –un día antes– en la sede del Gobierno Regional de Punta Arenas, reunido con los líderes de la Asamblea Ciudadana, entre los cuales estaban José Hernández y Marcelino Aguayo, éstos le pidieron que se suspendiera el alza por dos meses mientras se negociaba con el gobierno un acuerdo definitivo para establecer las tarifas.

Ubilla telefoneó a Hinzpeter y le preguntó si aceptaba dicha propuesta. Éste habría respondido con un tajante “no”.   

Un día después –el miércoles 12– comenzaba el paro que partió con una desgracia: la muerte de dos manifestantes: Melisa Silva (23 años) y Claudia Castillo (19 años), quienes fueron atropelladas la madrugada de aquel día por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga. Fuera de ese hecho lamentable, las protestas se dieron en un ambiente de paz, sin que se provocaran daños a la propiedad pública ni privada.

El paro derivó en una crisis política cuya mejor expresión fue el cambio de gabinete anunciado por el presidente Piñera el viernes 14 y concretado el domingo 16 en ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda: el ministro Raineri fue reemplazado por Laurence Golborne, quien además se mantiene a cargo del ministerio de Minería.

El senador de Renovación Nacional por la sureña región de Valdivia, Andrés Allamand, reemplazó al ministro de Defensa, Jaime Ravinet. La senadora de la UDI por Coquimbo, Evelyn Matthei, ocupó la cartera de Trabajo, en la que estaba como ministra Camila Merino. En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dejó su puesto Felipe Morandé, entrando en su reemplazo el exejecutivo de LAN Pedro Errázuriz.

Durante la década de 1990, Allamand fue presidente y principal referente de RN. Como tal, le tocó un papel clave en la puesta en marcha de la “política de los consensos” llevada a cabo durante la transición de Chile a la democracia y que consistió, básicamente, en mantener en lo sustancial el modelo económico creado en dictadura de Pinochet (1973-1990).

Según un editorial publicado el sábado 15 por el diario La Tercera, el cambio de gabinete muestra el “fracaso de un diseño”. De acuerdo con esta interpretación, Piñera intentó –al asumir el 11 de marzo pasado– instrumentar un “gobierno de gerentes” que habría fracasado debido a la falta de criterio político de éstos.

Por otra parte, la salida del gabinete del exdirigente de la DC, Jaime Ravinet, pone la lápida al intento del mandatario de incorporar a un sector de este partido a su gobierno.

Ravinet estaba en la mira de la prensa desde que el 6 de noviembre el Consejo de la Transparencia (ente autónomo del Estado) acogió un reclamo presentado por la empresa británica Mabey Bridge Limited (MBL). Ésta solicitaba que se diera a conocer los motivos de Ravinet y el Ministerio de Defensa para comprar en abril pasado, tras el terremoto, un puente mecano por un valor de 18 millones de dólares a la norteamericana Acrow Corporation of America, siendo que MBL ofrecía un producto de similar calidad, dos millones de dólares más barato.    

Esta situación derivó en escándalo debido a la negativa de Ravinet a proporcionar información sobre esa compra.

En entrevista con Apro, el Premio Nacional de Historia (2006) y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, expresa que la lucha contra el alza del gas en Magallanes se da en un contexto “de fuerte desarrollo de las comunidades locales”.

Sostiene que este “es un fenómeno nuevo donde el polo mayor es la globalización y el mercado mundial y el polo menor es lo local, un polo esencialmente sociocultural, de la comunidad barrial, local, de población, ciudadana”.

Salazar estima que se está ante la emergencia “de un proceso nuevo, de un movimiento social distinto, ya no es de masas, ya no es sindicalista, ya no es ideológico de partido, tiende a ser ciudadano, pero dentro de una concepción local de ciudadanía”.

Además, resalta el hecho de que Magallanes tiene una fuerte tradición izquierdista y de lucha sindical, antecedentes que ayudarían a  explicar el movimiento actual. Y destaca que entre 1919 y 1920 hubo dos grandes masacres: en Puerto Natales (Frigorífico Bories) y Punta Arenas (sede de la Federación Obrera de Chile).

“Magallanes siempre ha sido una zona conflictiva y de izquierda”, asegura el historiador.