SAN SALVADOR, (apro).– Los dos partidos más importantes de la derecha salvadoreña --segunda y tercera fuerzas políticas, según las más recientes encuestas-- parecen sufrir de un síndrome de nostalgia por el militarismo, modelo que durante el pasado reciente causó en este país graves daños políticos y sociales, así como una división entre los salvadoreños que persiste hasta nuestros días. El militarismo hizo posible la instauración de la dictadura que duró más de 60 años durante el siglo pasado, período bajo el cual se suprimieron las libertades y los derechos democráticos. Además se violaron gravemente los derechos humanos y, finalmente, fue una de las causas que desencadenaron la guerra civil (1980-1992). Pero la nostalgia del militarismo o de las soluciones represivas y radicales no están dirigidas a resolver confrontaciones políticas, sino a tratar de detener la ola delincuencial que golpea a esta nación centroamericana y que la mantiene entre los países más violentos del mundo. Primero fue el recién fundado partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que es un desprendimiento del tronco mayor, es decir de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que manifiesta tener dentro de su plataforma legislativa 2012-2015 la formulación para crear un nuevo cuerpo de seguridad, dependiente del ejército, para el combate eficaz de la violencia provocada por la delincuencia. En un comunicado publicado esta semana en el conservador periódico El Diario de Hoy, Arena le dice al gobierno del presidente Mauricio Funes que "termine con las excusas, las improvisaciones y desarrolle un plan efectivo de combate a la delincuencia". Igualmente critica de forma contundente al ejecutivo, debido a que expresa que las autoridades de seguridad –todos miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)– afirman que la delincuencia está bajo control, pero ocurre todo lo contrario: "El control del país lo tienen los criminales y los delincuentes". Por ello, Arena propone tres medidas, todas las cuales se centran en una acción "dura" o "contundente", relacionada con la fuerza y la rigidez. Pero ni Arena ni Gana hablan absolutamente nada sobre buscar fórmulas y prácticas preventivas de la violencia social, ni como hacer eficaz la investigación policial ni eficiente el sistema de justicia, que no llega a procesar ni 10 de cada 100 homicidios. Arena reclama que se debe despartidizar a la policía, porque supuestamente está en manos del FMLN, y restituir en su cargo a los oficiales (todos exmilitares) que, afirma, ya demostraron capacidad y resultados satisfactorios, y que fueron removidos por decisiones políticas. Ante ello, la realidad indica que varios oficiales destituidos son investigados por sospechas de estar ligados o de tener nexos con estructuras del crimen organizado. En el pasado, tampoco el combate a la delincuencia tuvo los más mínimos resultados. La lucha antipandillas con los planes de "manos duras" volvió más sofisticado al crimen organizado. Arena habla de "retomar" el imperio de la ley: "Aplicar las leyes implacablemente contra los delincuentes, incluida la Ley de Proscripción de Pandillas". En el pasado, Arena fue precisamente la ideóloga de la "ley antimaras", así como de la Mano Dura y la Súper Mano Dura, pero el pandillerismo no fue aplacado, sino que se organizó, se armó, se extendió a casi todo el territorio nacional, se internacionalizó (tiene presencia en Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos) y en la actualidad tiene un intenso nexo con el narcotráfico, según ha explicado el propio presidente Funes. Precisamente la tesis actual del ejecutivo es que las “maras” son las que generan el mayor número de asesinatos debido a su pleito con otras pandillas por el control de territorio, pero para la venta al menudeo de las drogas, a las que tienen acceso de los cárteles de Colombia y México. La otra medida que Arena proclama es "dar tareas específicas de seguridad a la Fuerza Armada, a fin de que tenga un trabajo con resultados contundentes y no sólo de acompañamiento a la Policía Nacional Civil (PNC)". En la actualidad, más de la mitad del ejército, es decir unos 8 mil soldados, participan en operaciones contra la delincuencia, junto con otros 20 mil efectivos de la PNC. El “modelo” chileno Luego de finalizada la guerra civil, el Ejército fue despojado del control que tenía de la seguridad pública y quedó reducido a la protección del territorio y la soberanía nacional. Únicamente el presidente le puede ordenar otras funcionales de manera temporal, como es el caso de apoyo a la seguridad nacional o en acciones de desastres. El grupo parlamentario de GANA anunció recientemente que dentro de su plataforma para la legislación 2012-2015 está la creación de un nuevo cuerpo de seguridad para afrontar el embate de la delincuencia. "Nosotros hemos determinado que la delincuencia ha sobrepasado las capacidades que tiene la Policía Nacional Civil", sostuvo el diputado de GANA Guillermo Gallegos, quien valora que el nuevo ente de seguridad propuesto debe sustituir las funciones que está desempeñando ahora el Ejército. GANA menciona que ha estudiado la medida, tomando como base el modelo existente en Chile, donde el cuerpo de carabineros, con dependencia del Ejército, es el encargado de brindar seguridad, mientras que la Policía de Investigación es un ente civil. Para Gallegos, el ejemplo chileno es paradigmático, ya que el cuerpo de carabineros sobrevivió a los regímenes militares y llegó hasta los gobiernos demócratas desempeñando las mismas funciones. "Los carabineros son el mejor ejemplo de un cuerpo de seguridad que, dependiendo de un Ejército profesional y respetuoso de los derechos humanos, brinda una seguridad fenomenal", aseveró el parlamentario. El Cuerpo de Carabineros de Chile es la institución encargada de salvaguardar la soberanía, el orden público y hacer respetar las leyes. A partir de febrero de 2011 la institución pasó a ser dependiente directamente del Ministerio del Interior, pero todavía tiene la naturaleza militar. De acuerdo con el diputado del FMLN, Benito Lara, la Constitución ya establece que el Ejército puede incurrir en casos especiales en labores más allá de sus facultades legales, si así lo considera el presidente. En tanto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuellar, afirmó que la propuesta de GANA es como otras propuestas que salen de cara a las elecciones para "encantar" y conseguir votos explotando la angustia de la gente ante la dimensión de delincuencia, sobre todo los asesinatos y las extorsiones. Cuellar enfatizó que "la Fuerza Armada está realizando patrullajes desde 1993, y con este gobierno incrementó el número de sus miembros y las tareas que desarrollan los militares, sin que la situación cambie".