VALPARAÍSO, (apro).- El sistema previsional privado, de capitalización individual, cumplió 30 años de su puesta en marcha, y cada vez es más evidente que es un muy mal negocio para Chile y los chilenos. Esta visión se consolidó luego de que el diputado de la Concertación por la Democracia, Felipe Harboe, dio a conocer el pasado jueves 13 que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) perdieron 25 mil millones de dólares entre abril y septiembre de este año. Eso representa 18% de los fondos totales que las AFP administran. La información provocó revuelo y rechazo. Un día antes, el miércoles 12, 18 senadores de diferentes bancadas firmaron un Proyecto de Acuerdo donde piden el retorno al sistema de reparto. Uno de los suscriptores del planteamiento, el senador Mariano Ruiz Esquide (Democracia Cristiana, DC), basó su posición en su creencia de que los ahorros y la jubilación de los trabajadores no pueden estar “manejados por terceros ni pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado”. El presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, reconoció pérdidas, aunque sostuvo que éstas eran de tan sólo 9 mil millones de dólares. Según consigna el Diario Financiero, Arthur dijo que “es completamente imposible no perder en una crisis”. El director del Comité Económico del derechista Instituto Libertad, Osvaldo Carvajal, consideró normales dichas pérdidas y llamó a no generar revuelo. “Exaltar a la gente (por esto) es una exageración debido a la calidad del sistema, que es reconocida internacionalmente”, sostuvo en entrevista con Radio Bío Bío. El sistema de AFP surgió en 1981 como una alternativa casi obligada al ahora conocido “sistema antiguo” estatal, que consiste en un régimen solidario o colectivo de reparto. Este régimen fue gestionado entre 1924 y 1988 por cajas de previsión. De 1988 a 2010 fue administrado por el Instituto de Normalización Previsional (INP) y actualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS). En la actualidad forman parte de ese sistema aquellas personas que en 1981 se opusieron a ser trasladadas al nuevo, a pesar de las presiones que ejercían funcionarios de la dictadura de Augusto Pinochet. La gran ilusión El pasado miércoles 13, el exsenador de la DC, Ricardo Hormazábal, señaló al diario electrónico El Ciudadano que los trabajadores fueron “engañados” por las AFP desde que se originaron, a principios de los ochenta, y aseguró que las jubilaciones son tres o cuatro veces inferiores a las que otorgaba el estatal Instituto de Normalización Previsional (INP). Hormazábal, quien actualmente es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales de AFP y Entidades Afines, recordó que el principal impulsor del sistema de AFP, el otrora ministro del Trabajo, José Piñera (hermano del presidente Sebastián), prometió que las pensiones de los jubilados por el nuevo sistema, con 4% de rentabilidad anual, equivaldrían a 70 % de las remuneraciones de los cotizantes al momento de jubilarse. Esa promesa, dijo, no se ha cumplido, y agregó que si se siguiera la lógica de José Piñera y se asumiera que es verdad lo que dice la asociación de AFP, en el sentido que la rentabilidad promedio del sistema privado en los 30 años de operación es de 9,6%, “los afiliados a las AFP tendríamos que obtener una pensión de 140% de nuestro sueldo”. No obstante, agregó, esto está lejos de ser así. Según el estudio La Gran Ilusión. Perspectiva de rentabilidad de los fondos AFP en el largo plazo (Cenda, julio de 2010), “la supuesta elevada rentabilidad que estos últimos prometen no es sino una gran ilusión, puesto que no se condice con los rendimientos de largo plazo de los mercados financieros”. Sus autores, los economistas Manuel Riesco y Francisco Durán, aseguran que desde el inicio de la actual crisis –en julio de 2007– y hasta junio de 2010, las AFP perdieron un tercio de todos sus fondos. De acuerdo con otro estudio, Resultados para sus Afiliados de las AFP y Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión: 1982-2008 (Cenda, 2009), las AFP y sus compañías de seguro relacionadas han obtenido como ganancia, en forma de primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981 hasta ahora. Los dos tercios restantes, según esa fuente, han sido prestados a grupos económicos en forma de capital accionario y créditos. En la columna Ventolera Polar hace tiritar a las AFP (17 de julio 2011), el economista y experto en sistemas previsionales, Manuel Riesco, sostiene que la inviabilidad de este sistema ha obligado al Estado a financiar las pensiones de 60% de las personas de menores ingresos “a quienes las AFP no les dan nada”. Hace alusión al hecho de que tras la promulgación, en 2008, de la Ley N° 20.025 que reformó el sistema de pensiones, el Estado asumió que el sistema de AFP no era capaz de entregar pensiones a la mayoría de los cotizantes. Fue entonces que se hizo cargo de las pensiones de la población con menores ingresos. Riesco asegura que “si se terminara hoy con las AFP --como han hecho Argentina, Bolivia, Hungría y Polonia en el último año-- y se restituyeran al Estado las cotizaciones previsionales, el resultado sería un excedente fiscal superior a los 3 billones de pesos anuales (unos 6 mil millones de dólares)”. Las pérdidas obtenidas este año no sólo se explican en la crisis económica mundial, sino en las malas decisiones de las propias administradoras. Según denunció la revista Panorama News, el pasado 13 de julio, en 2009 la multitienda de retail La Polar obtuvo del banco BBVA un préstamo por 53 mil millones de pesos (105 millones de dólares). La Polar no pagó la cuota de agosto de 2010, lo que alertó al banco respecto de la insolvencia de su acreedor. Sin embargo, BBVA emitió bonos de La Polar por 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Una filial de BBVA, la AFP Provida, compró 26% del total de esos bonos, y lo mismo hicieron otras AFP y compañías de seguros. Es decir que AFP Provida, la más grande de Chile, invirtió en La Polar grandes sumas de los fondos de pensiones a su cargo, sabiendo que estaba imposibilitada para pagarle. La compra del bono fue articulada por la agencia de valores del propio banco BBVA y emitida con la finalidad de pagar el préstamo adeudado al banco propietario de la AFP. La Polar fue noticia en mayo pasado, al anunciar que sus acreedores con grave riesgo de incobrabilidad bordeaban los 400 millones de dólares. Poco después debió reconocer que esta deuda se había originado en créditos otorgados a personas humildes –muchas veces cesantes–, a sabiendas de su insolvencia. El sistema de AFP poseía 600 millones de dólares en acciones de La Polar, lo que equivalía a 24% de su valor. Esto les supuso pérdidas por cerca de 300 millones de dólares. Sin embargo, estas pérdidas no afectan a los propietarios de las AFP, sino únicamente a los trabajadores que cotizan en este sistema. De ahí la liviandad con que manejan los recursos a su cargo. Y es por esta deficiencia del sistema que el senador independiente por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, presentó en julio pasado un proyecto de ley que busca que las AFP compartan las pérdidas cuando éstas se generen. Este proyecto ni siquiera ha sido puesto en la mesa para su discusión, lo que se explicaría por el fuerte cabildeo que hacen las AFP, según señaló Bianchi a La Tercera, el pasado 11 de agosto. Las pérdidas de las AFP y el escándalo BBVA-La Polar han puesto en entredicho al conjunto del sistema. Y tan es así que el conservador diario El Mercurio publicó el 16 de julio de este año un editorial titulado La Polar y las AFP, en el que hace severas críticas al sistema. Señala que "los departamentos de estudios de las AFP, que analizan los mercados, suelen estar formados por profesionales jóvenes, con conocimientos teóricos de finanzas, pero sin experiencia en mercados reales”. Discriminación a la mujer El sistema de AFP es perjudicial para todos sus afiliados, pero lo es más para las mujeres. En el antiguo sistema, hombres y mujeres se jubilan a su respectiva edad legal de retiro con el mismo sueldo y número de años cotizados y obtienen pensiones idénticas. Sin embargo, en el sistema de AFP la pensión del hombre es un tercio superior, a pesar de que ambos, hombre y mujer, tengan igual fondo acumulado al momento de jubilarse. En entrevista con Apro, la diputada Cristina Girardi señala que el sistema de AFP “es extremadamente discriminatorio e injusto”. Fundamentó: “Si las mujeres renuncian a su derecho legal de jubilarse a los 60 años y se retiran a la misma edad que los hombres (65), las pensiones de ellos resultan aproximadamente un sexto superiores, aunque tengan fondos iguales”. La causa de esto es que al privatizarse el sistema de pensiones se cambió la forma de calcularlas, al introducirse la variable esperanza de vida como un factor determinante. Dado que las mujeres viven en promedio cinco años más y se jubilan cinco años antes que los hombres, su fondo de pensiones debe financiar más tiempo. Como resultado de esto, los pagos mensuales son inferiores. Girardi subraya que en febrero de 2010, la Corte Europea de Justicia prohibió que las compañías de seguros consideren el género de las personas como un factor de riesgo al momento de calcular las primas o beneficios asociados a sus productos. Este fallo supuso un espaldarazo para las mujeres chilenas que han presentado diversos recursos ante tribunales chilenos por discriminación. Una de ellas es la profesora jubilada por el sistema de AFP, Patricia Garzo, quien el 6 de enero de 2011 presentó un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, y la AFP Planvital. Y es que la jubilación que ella recibía por el sistema de AFP era 30% menor que la de un hombre jubilado con el mismo fondo acumulado. Garzo, quien contó con el respaldo de la diputada Girardi, acusó al Estado de causar dicha discriminación al privatizar el sistema de pensiones. En su escrito, que fue preparado por los abogados Carmen Hertz y Álvaro Toro, afirmó que el Estado sigue promoviendo esta discriminación al obligar a usar las tablas oficiales de mortalidad al momento de calcular las pensiones en el sistema de AFP. La profesora Garzo demanda que el Estado corrija esta situación y repare a las mujeres que han resultado afectadas por ella. En su escrito, no sólo se evidencia la discriminación de género, sino también la gran diferencia entre los montos de las jubilaciones que otorga el sistema antiguo en relación con el nuevo. Se expone el caso de la profesora Vilma San Martín Ramírez, que tras 38 años de trabajo se jubiló por el sistema antiguo. Ella obtiene una pensión mensual de 899 mil 941 pesos (mil 800 dólares). Esto contrasta con lo ocurrido con su colega Berta Rosas Mayorga, que en 1981 se cambió al sistema de AFP y hoy recibe una pensión de 336 mil 873 pesos. Ambas mujeres trabajaron en colegios públicos con remuneraciones muy parecidas y se jubilaron al mismo tiempo. Así, mientras la jubilación de la primera es hoy muy similar a su última remuneración, la segunda, en cambio, recibe menos de la tercera parte de su última remuneración. El recurso de protección de la profesora Garzo fue rechazado por los tribunales chilenos. La demandante anunció que demandará a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.