Pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos lanzadas por organismos internacionales, el gobierno de Sebastián Piñera arreció la represión contra los estudiantes –cuyas manifestaciones ya llevan más de seis meses– y amenazó con aplicar la Ley de Seguridad del Estado heredada de la dictadura de Pinochet. Más aún, presentó al Congreso de su país una iniciativa de ley que, en los hechos, permite criminalizar la protesta social y violar derechos civiles y políticos de los ciudadanos. VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- El presidente Sebastián Piñera optó por la represión policial y la criminalización de la protesta social como salida a la crisis provocada por las masivas y prolongadas protestas estudiantiles. Expresión de ello fue el anuncio hecho por el Ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter de aplicar la Ley de Seguridad del Estado “cada vez que se produzcan hechos que lo justifiquen”. Esto ocurre en el contexto de las movilizaciones estudiantiles que se han prolongado seis meses. Dicha ley fue dictada por Augusto Pinochet en 1975. Su objetivo: “identificar a las personas que cometen delitos contra la Soberanía Nacional (…) y a todos aquellos individuos que ofenden el sentimiento patrio o la independencia política de la Nación (…) y a los que se relacionan con gobiernos, entidades u organizaciones extranjeras”, como se sostiene en su artículo primero. Tras el regreso de la democracia en 1990, ese ordenamiento jurídico ha sufrido sucesivas modificaciones que sin embargo no le han hecho perder su esencia represiva. Piñera y Hinzpeter decidieron aplicar esta ley el martes 18, horas después de que estudiantes encapuchados quemaron un camión de pasajeros en las afueras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile durante la primera de dos jornadas de protesta nacional “por una educación pública, gratuita y de calidad” convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores. Las manifestaciones incluyeron marchas en que participaron unas 200 mil personas, cortes de rutas y tomas y retomas de establecimientos educativos; esas acciones que fueron reprimidas por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Las protestas estudiantiles han detonado una abrupta caída en los índices de popularidad del presidente Piñera: de 57% a 28% en los últimos 12 meses, según los resultados de la encuesta anual de la Universidad Diego Portales dada a conocer el pasado miércoles 12.   Abuso de poder   La represión a los estudiantes tiene al gobierno de Chile bajo la mirada de importantes organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la sesión especial Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas en Chile, el viernes 28 en Washington. Esta reunión fue solicitada por el Programa de Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad y fue motivada por los violentos hechos acaecidos en Santiago el 4 de agosto. Ese día la policía detuvo y golpeó a cientos de manifestantes –la mayoría menores de edad– que intentaron marchar por la Alameda. El 6 de agosto la CIDH emitió un comunicado en el que exigió explicaciones al gobierno de Chile por el abuso de poder ejercido contra los estudiantes. “La CIDH y sus relatorías de Derechos de la Niñez y de Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile el jueves 4 de agosto, que habrían significado la detención y uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”. La Confech participó en la denuncia ante la CIDH. Entregó antecedentes que incluyeron más de un centenar de casos de torturas y maltratos injustificados cometidos por policías contra estudiantes. La represión policial y la criminalización de la protesta social motivó la visita a Chile –entre el domingo 16 y el miércoles 19– de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang. La funcionaria de la ONU se reunió con 27 representantes de la sociedad civil, entre ellos dirigentes de la Confech y de la Federación Mapuche de Estudiantes, quienes le expusieron el motivo de sus protestas y denunciaron las prácticas represivas del Estado. Al concluir su estancia en Chile la alta comisionada adjunta dijo: “Lamentablemente mi visita se ha enmarcado en un clima de violencia en medio de reclamos sociales. He observado con preocupación cómo grupos aislados aprovechan las manifestaciones pacíficas para realizar actos violentos y (…) también he visto el excesivo uso de la fuerza por parte de fuerzas del orden. Las autoridades tienen que investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y a la vez proteger a los que se manifiestan de manera pacífica”. El pasado lunes 3 la Universidad Diego Portales dio a conocer su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, donde establece que la policía ha reprimido “con fuerza innecesaria” a los estudiantes. En el capítulo “Protesta social y derechos humanos” se señala que “a las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza-agua disolviendo marchas pacíficas y jóvenes que denuncian fuertes golpizas y maltratos, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles; funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”. Periodistas y reporteros gráficos que cubren las protestas estudiantiles también han sido víctimas de la violencia policial, según denunció el miércoles 19 en París la organización defensora de la libertad de expresión Reporteros Sin Fronteras (RSF). Al fundamentar su denuncia RSF aludió expresamente a las recientes agresiones sufridas por trabajadores de prensa del diario La Tercera, del Canal Chilevisión y de las agencias IPS y AFP. La organización “exigió que estos abusos se esclarezcan por completo y que los carabineros no interpongan ningún obstáculo en las investigaciones”. Un día antes –el martes 18–, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile expresó “su más profunda preocupación y rechazo absoluto por el accionar violento, desmedido, indiscriminado por parte de Carabineros de Chile (…) Desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles nuestros representados en varios puntos del país han sido víctimas de la represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, en un accionar particularmente brutal, que nos hace suponer que estas agresiones focalizadas son intencionales”.   Ley Antitomas   Para dotarse de nuevas herramientas legales con las cuales hacer frente a las protestas del último año, el gobierno de Piñera presentó ante el Parlamento el proyecto de ley que “fortalece el resguardo del orden público”. Este tiene por objeto endurecer las sanciones contra quienes realizan tomas y otros desórdenes públicos como forma de protesta. Este proyecto –firmado por el presidente Piñera y los ministros de Justicia, Teodoro Rivera, y de Interior, Rodrigo Hinzpeter– ingresó a la Cámara de Diputados el martes 4 con carácter de urgencia simple (Boletín Legislativo 7975-25). La iniciativa prevé la instauración de penas de cárcel de entre 541 días hasta tres años a quienes invadan inmuebles educativos, religiosos, de oficinas e industriales entre otros; impidan o alteren la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos o interrumpan los servicios públicos. Esta propuesta considera también el aumento de las penas por delitos y desórdenes públicos a quienes actúen “encapuchados o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor”. Asimismo permite la apelación por parte del Ministerio Público “en contra de la resolución judicial que declare ilegal una detención o que deniegue o revoque una prisión preventiva en casos de atentados graves en contra de la fuerza policial”. Esta iniciativa –conocida como Ley Antitomas– otorgaría facultades a las fuerzas de seguridad para solicitar la entrega de “grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos”. Esto provocó que el domingo 9 la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional emitiera un comunicado en el que manifiesta que este proyecto “pretende obligar a la prensa internacional a entregar sus archivos audiovisuales a la policía sin siquiera una orden judicial”. En entrevista con Proceso, Consuelo Labra, abogada de la ONG Observatorio Ciudadano, expresa que este proyecto “podría conculcar gravemente los derechos de reunión y la libertad de expresión, lo que constituiría una trasgresión a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución y a los compromisos internacionales que en esta materia tiene el Estado de Chile”. Labra señala también que, de aprobarse en el Legislativo, esta normativa “amenaza con agravar la represión que las fuerzas policiales han ejercido contra los estudiantes que participan en las manifestaciones públicas, especialmente contra sus dirigentes”. La jurista asegura que tras esta propuesta “existe la intención de criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar y para ilegalizar cualquier forma de expresión de disidencia, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión”. En una carta enviada el jueves 6 a la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Margarte Sekaggya, el presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de ONG, Martín Pascual y José Aylwin, respectivamente, expresaron que el proyecto de ley mencionado “sólo contribuirá a retroceder en las negociaciones que buscan una salida a las demandas sociales y a generar un clima de criminalización del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en general”. Pascual y Aylwin consideran que las demandas sociales deben ser enfrentadas “con más democracia y más participación”. Agregan: “El gobierno, en cambio, está proponiendo medidas de carácter autoritario que sólo contribuirán a agudizar los conflictos”. De acuerdo con un sondeo hecho por Proceso en el Congreso, se estima que esta ley será aprobada en la Cámara de Diputados –donde el oficialismo tiene mayoría– y será rechazada en el Senado. Esto implica que deberá pasar a comisión mixta donde el resultado es incierto. La presentación de este proyecto de ley se dio junto con una ofensiva del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Funcionarios del gobierno han acusado a algunos jueces de proteger a los manifestantes violentos. El viernes 21 el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que hay jueces que “solamente se preocupan de los imputados y no del bien común, que es también la seguridad colectiva”. El ministro fue más allá: “Quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema obviamente tiene que ser un magistrado que sepa conciliar adecuadamente los intereses individuales con los intereses colectivos”. Estas declaraciones de Rivera, que fueron respaldadas por Piñera, fueron rechazadas el mismo día 21 por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien las definió como una “hostilización” y una “presión indebida” de parte del gobierno. El clima de crispación política se exacerbó aún más después de que el jueves 20, 47 personas –la mayoría estudiantes de secundaria– tomaron la sede que el Congreso Nacional tiene en Santiago. Los manifestantes exigían “¡plebiscito ahora!”, en referencia a la solicitud lanzada por las organizaciones estudiantiles de realizar una consulta ciudadana sobre el carácter de la educación en Chile. El objetivo de esa manifestación tuvo el propósito de que “la ciudadanía zanje el conflicto político y educativo que sacude al país y que tiene su origen en la ausencia de una verdadera democracia”, explica a Proceso Luis Mariano Rendón, líder de los manifestantes que se agrupan en el foro Democracia para Chile. El presidente del Senado, Guido Girardi, del Partido por la Democracia, se negó a desalojar el Congreso por la fuerza como le exigían la derecha parlamentaria y Hinzpeter. Además comprometió con su firma el apoyo a las demandas de los manifestantes de impulsar una reforma a la Constitución que haga posible la realización de plebiscitos vinculantes. Esto desató la furia de los partidos de la derecha: Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, los que el viernes 21 anunciaron la presentación de una moción de censura contra Girardi, la que será votada el próximo 2 de noviembre. Esta toma provocó fuerte impacto debido a que los manifestantes ingresaron a una sala donde sesionaba la Comisión Mixta de Educación que estudiaba la propuesta de presupuesto presentada por el gobierno. Además de diputados y senadores estaba presente el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Los manifestantes los increparon durante más de 10 minutos sin encontrar respuesta.