SAN DIEGO, Cal., 6 de febrero (apro).- Cuando la activista mexicana Elvira Arellano se refugió durante un año en la iglesia Adalberto United Methodist de Chicago, con el fin de evitar su expulsión en agosto del 2006, logró llamar la atención en torno al problema que miles de niños estadunidenses enfrentan cuando sus padres son deportados de la Unión Americana.

El argumento de Arellano para tratar de evitar su expulsión fue que su hijo Saúl, entonces de 7 años y nacido en Estados Unidos, sufriría en exceso por tener que abandonar su país de nacimiento y ser llevado a un país que desconocía. 

A pesar de las movilizaciones y protestas de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes, un juez decidió mantener la sentencia de deportación y Elvira fue sacada a la fuerza del centro religioso donde se había refugiado.

“Niños ancla”

Sin embargo, ese episodio abrió un nuevo frente en la guerra contra la migración indocumentada que ya libraban grupos ultraconservadores de Estados Unidos y que se expresaba en la proliferación de cientos de leyes antiinmigrantes en numerosos estados de la Unión.

La nueva discusión se centró en los llamados "niños ancla", un término acuñado en agosto del 2007 por el periodista Eric Zorn, del Chicago Tribune, refiriéndose a los niños nacidos en Estados Unidos hijos de padres indocumentados que, según él, eran utilizados por sus familiares para legalizar su estatus en este país.

Ese fue el inicio de una nueva ofensiva, cada vez más incisiva y directa y que en esta ocasión convertía en criminales a los recién nacidos que se encontraban en las salas de los hospitales. 

A partir de ahí, la escalada ha llegado hasta terrenos que hace apenas unos años se consideraban impensables.

El 3 de septiembre del 2008, en un debate en Danville, Virginia, el congresista republicano Virgil Goode aseguró que la mayor amenaza que enfrentaba la seguridad nacional de Estados Unidos eran los "bebés ancla" y propuso la iniciativa HR 1940, titulada Acta del derecho a la ciudadanía por nacimiento del 2007, que buscaba hacer una enmienda al Acta de Inmigración y Ciudadanía para que las personas fueran consideradas estadunidenses si sus padres tenían esta nacionalidad, si eran residentes legales en el país o si eran extranjeros sirviendo en las Fuerzas Armadas. 

La propuesta no llegó a ningún lado, a pesar de que en ese tiempo el Congreso estaba controlado por los republicanos. 

El 29 de julio del 2010, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, advirtió que tan pronto iniciara el nuevo Congreso introduciría una iniciativa para modificar la Enmienda 14 de la Constitución, para impedir que se siga otorgando la ciudadanía americana a toda persona nacida en suelo de Estados Unidos, tal como lo establece ese precepto.

En abril del 2010, el republicano Duncan Hunter, representante del sur de California, y uno de los simpatizantes de reformar la Constitución, provocó una gran controversia cuando sugirió que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados fueran deportados.

En una ofensiva similar, pero ahora a nivel estatal, el 5 de enero varios legisladores de Arizona, Georgia, Oklahoma, Pennsylvania y Carolina del Sur iniciaron en Washington una campaña nacional para restringir el derecho a la ciudadanía.

En una conferencia de prensa en Washington, que coincidió con el inicio de actividades del nuevo Congreso, los legisladores republicanos propusieron dos medidas que, según dijeron, podrían ser adoptadas en por lo menos otros 16 estados, entre ellos Kentucky, Colorado, Indiana, New York, Virginia Occidental, Connecticut, Rhode Island, Oregon, Wyoming, Tennessee, Maryland, Mississippi, Texas, Nebraska, Michigan y Virginia. 

La primera de las medidas es una iniciativa con la que se crea una nueva definición de ciudadanía estatal, que se agregaría a la ciudadanía nacional, la cual excluiría a los bebés nacidos en el estado, cuyos dos padres no sean inmigrantes legales.

La segunda medida fue un trato entre los estados participantes con el que acuerdan expedir actas de nacimiento distintivas para los bebés de padres que no puedan demostrar un estatus legal en el país.

La HR 140 

A nivel del Congreso, la iniciativa la tomó Steve King, representante republicano de Iowa y miembro del Subcomité de Inmigración, quien introdujo, también el 5 de enero pasado, El acta de derecho a la ciudadanía del 2011, mejor conocida como HR 140, una iniciativa que busca eliminar en Estados Unidos el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En el pasado, una propuesta similar había sido presentada por el excongresista y ahora gobernador de Georgia, Nathan Deal.

El acta de derecho a la ciudadanía del 2011 HR 140 requeriría que al menos uno de los padres sea ciudadano estadunidense o residente permanente para que el recién nacido reciba la ciudadanía de manera automática.

En su discurso para apoyar su iniciativa de ley, el representante King dijo que “la práctica actual de extender la ciudadanía americana a cientos de miles de 'niños ancla' constituye una mala interpretación de la Constitución y crea un incentivo para los inmigrantes indocumentados para cruzar nuestras fronteras”.

Sostuvo que “el acta de derecho a la ciudadanía del 2011 HR 140 termina esa práctica haciendo claro que un niño nacido en Estados Unidos de padres ilegales, no reúne los requisitos ya establecidos en la Constitución para ser considerado ciudadano. La aprobación de ésta garantizará que no se recompense a todas esas personas que violan las leyes; vamos a cerrar la puerta a futuras oleadas migratorias de familias extendidas, y contribuiremos a terminar con la lucrativa industria del turismo de nacimientos".

De acuerdo a Number USA, una organización que lucha por reducir los niveles de inmigración a Estados Unidos, son 46 los representantes ante el Congreso que apoyan la HR 140, entre ellos dos de Arkansas; cinco de California; cuatro de Florida; seis de Georgia; tres de Indiana; tres de Louisiana; uno de Maryland; dos de Minessota; uno Montana; uno de Missouri; tres de Carolina del Norte; uno de Nebraska; uno de Nueva Jersey; uno de Ohio; uno de Montana, y nueve de Texas.

A pesar de la nueva ofensiva, algunos analistas no están muy seguros de que los republicanos en realidad estén tratando de resolver el problema de la migración.

“Este es un teatro político... en realidad ellos (los republicanos) saben que no tienen la fuerza suficiente para modificar la Constitución”, dice a Apro Gabriel H. Chin, un profesor de Derecho de la Universidad de Arizona en Phoenix, cuyo abuelo inmigró a Estados Unidos desde China.

“Estos legisladores en realidad están tratando de complacer a un grupo de seguidores cada vez más radicalizados en el tema migratorio", dice Chin.

Tiene razón. Las elecciones de noviembre del 2010, que constituyeron una derrota para los demócratas, estuvieron caracterizadas por un agrio debate migratorio promovido por los miembros del Tea Party, quienes hicieron de la inmigración indocumentada su bandera de lucha.

Una encuesta nacional realizada por la Quinnipiac University, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre del 2010, encontró que 68% de los encuestados estaba a favor de una aplicación más estricta de las leyes de migración y en contra de cualquier iniciativa que le permitiera a los indocumentados regularizar su estatus legal. Además, 48% manifestó estar en favor de terminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento contra 45% que se opone a cualquier modificación constitucional.

Las cifras

De acuerdo a datos del Censo recopilados en marzo del 2009, hay 4.5 millones de niños menores de 18 años de padres indocumentados. De ellos, 79% son ciudadanos estadunidenses por nacimiento. El 85% de los padres indocumentados son de origen latino, indica el Censo. 

Sin embargo, un estudio del Pew Hispanic Center refuta las afirmaciones que el senador Graham hizo a la cadena de noticias Fox, donde aseguró el 28 de julio del 2010 que "muchas mujeres indocumentadas cruzan la frontera para tener a sus bebés en este país (…) Vienen y nos avientan a sus bebés para hacerlos ciudadanos y así ellos poder regularizar su situación migratoria".

"No es tan fácil", dice a Apro Eduardo Platas, un abogado de migración de Santa Ana, California. "Para poder pedir a sus padres, el niño tiene que esperar hasta que tenga 21 años y entonces podría empezar el trámite y tampoco es seguro que lo logre, porque si sus padres fueron deportados, tendrían que solicitar un perdón a un juez, y además tiene que demostrar que sus ingresos se encuentran 125 % por encima de los límites de pobreza establecidos por el gobierno federal, para evitar que sus padres se conviertan en una carga para los contribuyentes".

Por otro lado, los datos del Pew muestran que la mayoría de las madres indocumentadas no llegaron “y aventaron a sus bebés” en el país. "Más de 80% de las madres indocumentadas han estado en el país más de un año antes de tener a su bebé y más de la mitad han estado aquí durante cinco año o más", dijo Jeffrey S. Passel, demógrafo del Pew Hispanic Center, al dar a conocer los resultados de la investigación realizada en noviembre del 2010.

La modificación de las leyes que otorgan la ciudadanía tomando en cuenta el lugar de nacimiento, también conocida como Jus Soli, es criticada por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, ya que en su opinión contribuye a la inequidad económica, a la perpetuación de una fuerza de trabajo sin derechos y la creación de sociedades de castas.

Hiroshi Motomura, profesor de Derecho en la Escuela de Leyes de UCLA y autor del libro Americanos en espera: la historia perdida de la inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, dice a Apro que la historia de Estados Unidos tiene una desafortunada tradición de tratar de definir la ciudadanía excluyendo a aquellos que considera indeseables aunque hayan contribuido a la construcción de este país.

“El más infame de estos ejemplos fue la decisión de la Corte Suprema en 1857, en la que se negó la ciudadanía a los afroamericanos. Tuvo que ocurrir la Guerra Civil y la Enmienda 14 para poder reparar el daño contra ese grupo étnico”.

Pero no es la única ocasión, dice Motomura. “En 1920, el senador James Phelan, de California, propuso reescribir la Enmienda 14 para impedir que los hijos de los inmigrantes asiáticos obtuvieran la ciudadanía estadunidense a pesar de haber nacido dentro del territorio. La propuesta de Phelan no tuvo apoyo, pero refleja los antecedentes del movimiento que ahora estamos viendo”.

Motomura, que se encuentra escribiendo un libro acerca de la inmigración al margen de la ley, explica que reescribir la Enmienda 14 es profundamente problemático, ya que la ciudadanía debe reflejar un principio básico de justicia.

“Debemos recordar que esos niños no escogieron a sus padres ni su lugar de nacimiento, y sus padres han venido a Estados Unidos como parte de un sistema económico que por generaciones ha tolerado y hasta promovido la contratación de trabajadores indocumentados fuera de las leyes laborales, quienes han sido un factor esencial en la prosperidad de este país”, apunta.