GINEBRA, 20 de abril (apro).- Su ambición de reincidir en los sumarios del pasado reciente de la ex Yugoslavia, la experiencia que acaba de cumplir como embajadora de Suiza en Argentina y la lucha contra el blanqueo de dinero, que la llevó a la fama, ocupan la agenda de Carla del Ponte, la célebre fiscal helvética, a quien se la recuerda por haber bloqueado la fortuna de 130 millones de dólares del clan Salinas, restituida finalmente a México en 2008. 

Tras su paréntesis diplomático de tres años en Argentina, Carla del Ponte no quiere retirarse de la escena planetaria y se ofrece para finalizar el capítulo inconcluso de sus investigaciones como procuradora del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY): el comercio de órganos de víctimas serbias presuntamente cometido en los años 90 por los rebeldes del Ejercito de Liberación del Kosovo.

Su líder, Hashim Thaci, actualmente primer ministro del Estado autoproclamado de Kosovo en 2008, fue acusado en enero pasado por Dick Marty, relator para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, de haber comandado una red mafiosa, el Grupo de Drenica, que asesinó prisioneros serbios y vendió luego sus órganos, utilizando granjas y casas vacías de Kosovo y Albania durante el conflicto en los Balcanes.       

         --¿En qué condiciones aceptaría un mandato para retomar las inacabadas diligencias penales sobre los crímenes en Kosovo?

--De mi disponibilidad, porque empecé esa investigación y no pude terminarla (cuando fue procuradora general del TPIY de 1999 a 2007). Con el informe de Dick Marty se ha confirmado que teníamos razón en hacer esas investigaciones. Entonces me dije que ahora que estoy jubilada desde hace unas semanas yo podría hacerlo, porque tengo energías. ¿Cómo? Estimo que me debería mandar una institución que pueda, pero sobre todo proteger a los testigos.

“El programa de protección de testigos es indispensable y debe ser muy estricto. En eso tengo mucha experiencia. Además necesito jurisdicción, es decir poder investigar en otros países, porque me acuerdo que teníamos indicios concretos de una fosa común en Albania y no pudimos entrar en Albania en aquella época. ¿Quién puede dar esos poderes? O bien el Consejo de Seguridad de la ONU o la Unión Europea, en realidad los dos. Están discutiendo y todavía no han decidido. Mantengo mi candidatura...

--La Unión Europea no puede obligar a Albania y a Kosovo dejarla entrar...

--Por eso lo mejor sería el Consejo de Seguridad de la ONU...

--Usted viene de representar a Suiza en Argentina, donde se desarrollan los juicios contra ex miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad, un tema en el que usted  ayudó al juez español  Baltasar Garzón, identificando cuentas bancarias de militares implicados en la represióng cuando era procuradora general de la Confederación Helvética (1994-1999) y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían enjuiciar a esas personas. ¿Qué impresión trae de Argentina?

--Estuve como embajadora y tenía prohibido ocuparme de lo vinculado a mis anteriores actividades. Fui prudente. Mantuve contacto con el jefe del departamento gubernamental de Derechos Humanos, y seguí los procesos por la prensa. Mi sentimiento es que la Argentina está haciendo esos procesos. Van lentos, pero se hacen. No creo que haya obstáculos políticos o de otro tipo. El actual gobierno quiere que esa etapa de la vida de Argentina sea una página que se pueda dar vuelta. Pero sólo se podrá pasar la página si se hacen los procesos. Eso tiene un gran apoyo del gobierno actual. Soy bastante positiva.

--¿La Argentina de hoy satisface sus aspiraciones, nutridas de su colaboración con el juez Garzón en los años 90, donde no se podía juzgar a la pasada dictadura?

--Si, se le ve. Cambió desde el gobierno del señor  Néstor Kirchner, y eso continúa, estoy segura. Argentina es un país que avanzó mucho en el respeto de los derechos humanos. Los procesos de crímenes de lesa humanidad de antaño están ante la justicia.      

--Usted ha sido señalada por algunos medios de prensa en el sentido de que, antes de abandonar la embajada en Buenos Aires, semanas atrás, intervino como instigadora o participe encubierta en el envío de Suiza a Argentina de un exhorto sobre un expediente penal por blanqueo de dinero, en relación con una cuenta bancaria en Ginebra perteneciente a personas vinculadas al jefe del sindicalismo argentino, Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT). ¿Qué hay de cierto?

--No tengo nada que ver. La fantasía de la prensa argentina es increíble. Me fui de Argentina a fines de febrero, principios de marzo...  Esa comisión rogatoria llegó a fin de enero. La prensa pensó que fui yo, pero no... Yo no conocía la comisión rogatoria, ella pasa por el canal usual, la vi, ciertamente, pero no me dijo nada...

--Se ha publicado que usted organizó esa trama en complicidad con la actual procuradora general de Suiza, Antonella Bino...

--No conozco a Antonella Bino y escriben en la prensa argentina que ella trabajó conmigo. No es cierto. No conocía que había una investigación penal, ni que fue abierto un procedimiento. No hice nada y no hablé con nadie.

--¿Fue el banco el que denunció esa cuenta, por la obligación que tienen los bancos en Suiza de denunciar las cuentas sospechosas desde 1998, al promulgarse aquí la Ley antiblanqueo? 

--Sí. Ese sistema se conoce también en Argentina, que tiene la misma institución que en Suiza. Es una institución de vigilancia de flujos financieros, y cuando hay dudas en operaciones financieras tienen la obligación de denunciar. En Argentina existe eso también, no solamente en Suiza. Pero, naturalmente, Argentina está en campaña política, porque en octubre habrá la elección de un nuevo presidente y ahora todo es político...

--A raíz de este escándalo hay gente que piensa que Suiza no tiene autoridad moral para investigar una cuenta de extranjeros porque ustedes siguen protegiendo el dinero sucio de los dictadores...

--De una vez por todas hay que reconocer a Suiza que tiene un instrumento legal contra el blanqueo de dinero que es uno de los mejores del mundo. Hay que terminar de atacar a Suiza y a los bancos suizos. No es así. La legislación es muy buena. En 1989 fuimos una de las primeras naciones que tomamos la iniciativa. Teníamos el problema del blanqueo del dinero de la droga, la “pizza conexión”. Ahora Suiza puede bloquear el dinero de los dictadores antes que exista un procedimiento penal, y eso es verdaderamente fantástico, y hablo como ex procuradora de Suiza.              

-- ¿Su arsenal legal para esa lucha es completo?

--Estimo que tenemos todos los instrumentos necesarios. Hay que aplicarlos, porque a veces se tiene la ley y no se la aplica. La Convención del Genocidio es del 48 y se aplicó en 1992 o 1993 en Ruanda... No digo que dentro de unos años no haya que mejorar, pero estamos bien equipados desde el punto de vista de la legislación en Suiza.

--¿Cooperan los bancos con la justicia? Los cuales, en 2001, denunciaron las cuentas del expresidente argentino Carlos Menem y de su secretario privado, Ramón Hernández, y ahora la de Ricardo Rubén Depresbiteris, y de su mujer, Elvira Marcela Mete, los supuestos testaferros del alto dirigente sindical Moyano. Hay casi 900 denuncias por año, ¿no? ...

--Los bancos cooperan porque no necesitan del dinero sucio. Tienen suficiente del buen dinero. No tienen ninguna razón de oscurecer su reputación con el dinero sucio, no tienen necesidad.