SAN DIEGO, 1 de abril (apro).- La batalla política que libran republicanos y demócratas en todo el país tiene su nuevo escenario en Sacramento, capital de California, donde ambos partidos buscan una salida al déficit presupuestal que asciende a 26 mil millones de dólares y que amenaza ya con paralizar los servicios básicos que ofrece el estado.

El problema es que mientras los demócratas aseguran que la única solución es una reducción del gasto y un incremento temporal de impuestos, los republicanos desean un recorte más profundo, la eliminación de la red de seguridad social y mayores exenciones de impuestos a la iniciativa privada.

La propuesta del gobernador Jerry Brown, presentada a los legisladores el pasado 10 de enero y que fue aprobada el pasado jueves 24, contiene recortes por 12 mil millones de dólares.

A cambio de esos recortes, que fueron aplaudidos por los republicanos, el gobernador esperaba el apoyo de al menos cuatro legisladores republicanos para poder llevar hasta la boleta electoral de los comicios del 7 de junio la propuesta de elevar de manera temporal los impuestos estatales y las tarifas del Departamento de Motores y Vehículos.

Los republicanos han dicho que no aprobarán ningún incremento de impuestos y que calificarán de traidor a cualquier legislador de su partido que dé su apoyo al plan de Brown.

Si la propuesta de elevar los impuestos es aceptada, las arcas del estado podrían recaudar aproximadamente 9 mil 300 millones de dólares al año. De lo contrario, los 12 mil millones de recortes ya anunciados tendrían que duplicarse, dejando en el desamparo a cientos de miles de personas que dependen de los servicios del estado para sobrevivir.

Efecto dominó

Apenas se dio a conocer la noticia de que republicanos y demócratas habían alcanzado un acuerdo, los trabajadores al servicio del estado y los condados empezaron a recibir noticias de despido.

Tan sólo en Costa Mesa, en el sur de California, se notificó a la mitad de los empleados de la ciudad que serán despedidos antes del 1 de julio, cuando entre en vigor el nuevo año fiscal. Entre los trabajadores que perderán sus empleos se encuentran 90 bomberos, 50 trabajadores de mantenimiento, 30 choferes y una docena de celadores.

La misma situación se está enfrentando a nivel estatal. A partir del martes 8, cientos de miles de maestros, trabajadores de mantenimiento, jardineros, choferes, bomberos, repartidores y auxiliares administrativos, entre otros, empezaron a recibir la notificación de despido a partir del mes de julio, si los electores no aprueban el alza en los impuestos.

El panorama, aunque se apruebe el alza en los impuestos, es poco optimista, ya que la propuesta del gobernador Brown recorta 12 mil 500 millones de dólares en el gasto público, incluyendo una reducción de mil 700 millones de dólares en servicios de salud para familias de bajos recursos, mil 500 millones al sistema de beneficencia pública y mil 400 millones al sistema de universidades y colegios públicos, entre otros.

A pesar de la propuesta que afecta a millones de personas, especialmente familias de bajos recursos, los legisladores republicanos consideran que los recortes no son lo suficientemente grandes como para resolver el problema de fondo.

"En cualquiera de los casos, los efectos serán devastadores para las familias de bajos  recursos y los trabajadores al servicio del estado", dijo Nativo López, activista  sindical y director de la Hermandad Nacional Mexicana.

Y es que el plan del gobernador Brown afecta principalmente a la red de seguridad social que es utilizada por familias pobres y por los cientos de miles de desempleados que siguen sin poder encontrar trabajo, a pesar de que la recesión terminó oficialmente en junio de 2009.

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo y Empleo (EDD, por sus siglas en inglés), hasta enero de 2011 uno de cada 8 trabajadores del estado se encontraban desempleados, y de ellos casi 2 millones han permanecido más de 27 semanas sin  trabajar, por lo que han agotado su seguro de desempleo y dependen para su sobrevivencia del sistema de beneficencia pública del estado.

Apenas en septiembre, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, California tenía a un millón 460 mil personas en el sistema de beneficencia pública. Seis meses después esa cifra había llegado a 2 millones 670 mil personas, como resultado del agotamiento del seguro de desempleo.

"Para darse una idea de la gravedad del problema, el número de desempleados de  largo plazo (más de 27 semanas) que ya han agotado su seguro de desempleo es tan  grande como la población entera de San Francisco", dice Gibrán Maciel, un analista político con sede en Sacramento.

"Para estos trabajadores y sus familias no habrá una red de apoyo", agrega. "Esto  tendrá un efecto inmediato en la renta de casas, en la disminución del consumo, en un  aumento en los índices de delincuencia y en el bienestar de los niños".

Tratar de balancear el presupuesto de California es un acto de malabarismo político y económico con enormes implicaciones. En California, por ejemplo, se encuentra 14% de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, incluyendo Apple, Inc.,  Google Inc., Chevron Corp y Wells Fargo Bank.

El tamaño de la economía del estado de California es mayor a la de Rusia y comparable a la de países como Francia o Italia, con un presupuesto anual de 1.89 billones de  dólares (cifra manejada en español. En inglés son 1.89 trillones de dólares), por lo  que su recuperación es siempre a un ritmo menor que la del resto de Estados Unidos.

La recesión, que empezó en diciembre de 2007 y terminó oficialmente en junio de 2009, dejó a California con una tasa de desocupación de 12.4%, el tercer  mayor índice de desempleo del país y con una creciente deuda agravada por una  disminución en los impuestos generados por el consumo, que se calculan en 100 mil millones de dólares.

Y las cosas no mejorarán en un futuro inmediato. Economistas de la Universidad de California con sede en Los Ángeles aseguran que los niveles de desempleo permanecerán por  encima de 10% por lo menos hasta el año 2013. "Si las cosas se veían mal en  diciembre, el panorama ahora está peor", aseguró Jerry Nickelsburg, economista de  UCLA.

Durante una conferencia de prensa el pasado martes 8 en Sacramento, el gobernador  Brown aseguró que no es realista seguir reduciendo el gasto sin poner en riesgo toda  la estructura de seguridad del estado, refiriéndose a la petición de los legisladores  republicanos que demandan un recorte mayor.

"Si no hacemos un incremento de impuestos,  va a ser extremadamente difícil sobrevivir", dijo.

Pero los republicanos no se dan por aludidos. El líder de la minoría republicana en el  Senado, Bob Dutton, dijo al periódico Sacramento Bee, el miércoles 9, que su grupo no  va a apoyar la medida de aumento de impuestos, a menos que Brown y los demócratas  propongan un mayor recorte de gastos.

"Desafortunadamente la propuesta del gobernador no es un plan completo, porque asume que los electores van a apoyar un incremento en los impuestos, pero no ofrece una  solución en caso de que la propuesta sea rechazada... Si los votantes dicen no a los  aumentos de impuestos, y eso es lo que esperamos que ocurra, esto significa que habrá un nuevo boquete presupuestal de 10 mil millones de dólares a partir de junio", apuntó.