SAN JOSÉ, 21 de mayo (apro).- Los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera, capturados el 11 de octubre de 2010 cuando pedaleaban un triciclo cerca de la  frontera con Nicaragua, --buscaban ponerse a salvo de la policía en suelo costarricense, luego de que ésta descubrió el contrabando de 177 kilos de cocaína a Guatemala y México--, —intentaban, la semana pasada, cambiar por vía judicial su estilo de vida en Costa Rica.

La juez Kattia Jiménez, del Tribunal Penal de Pavas, de esta capital, ordenó el pasado 11 de mayo que Martínez y Mendoza dejaran la prisión de La Reforma, ubicada a unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad, para cumplir arresto domiciliario en una residencia de Guadalupe --un suburbio del noreste capitalino--, lo que les permitiría disfrutar semanas de placer y serenidad.

La medida de Jiménez --anunciada el lunes 16, reconfirmada el jueves 19 por vía judicial, pero congelada ese mismo día, debido al rechazo de los pobladores de Guadalupe--, encendió las alarmas en el gobierno, la Fiscalía General y la policía judicial de Costa Rica, por el peligro de fuga de los procesados. La juez los excluyó de la prisión preventiva y les concedió arresto domiciliario por cuatro meses, luego del pago de una fianza de 20 mil dólares, aunque sólo la custodia en los 120 días costará al Estado costarricense más de 120 mil dólares.

El traslado del centro penal a la residencia estaba previstó llevarse a cabo la tarde del pasado jueves 19, con un férreo despliegue de seguridad. Sin embargo, los vecinos de Guadalupe se opusieron y ello obligó a la juez a congelar la medida y programar una audiencia para el martes 24, en la que adoptará una decisión final.

En un inicio los mexicanos iban a ser llevados --el martes 17-- a un apartamento de lujo de un edificio del oeste, pero los demás inquilinos rechazaron tenerlos como vecinos. Luego, el jueves 19, pobladores de Guadalupe repudiaron la llegada de los mexicanos y colocaron barricadas para tratar de impedir su ingreso a la vivienda.

La decisión de conceder arresto domiciliario a los mexicanos estremeció a la Fiscalía, al Organismo de Investigación Judicial (policía) y a los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia, que intentaron sin éxito apelar para revertir la medida. El martes 17, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública evitaron que los mexicanos pasaran al apartamento y pidieron al Juzgado Penal de Pavas que revisara la decisión del Tribunal, porque el “Estado costarricense carece de posibilidades objetivas para cumplir con el arresto domiciliario” decretado por la jueza. El Ministerio de Seguridad Pública anunció que traspasó al Juzgado “el riesgo del traslado” de los procesados.

Las apelaciones estatales no surtieron efecto y la resolución de la juez quedó en firme en la mañana del jueves 19. “Tengo que ejecutar la orden porque si no lo hago me puedo ver envuelto en un proceso de desobediencia”, admitió el viceministro costarricense de Seguridad Pública, Celso Gamboa.

De manera coincidente, el Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia ordenó el miércoles 18 investigar los  entretelones del veredicto de la jueza.

Conforme creció la presión para impedir otorgar a ambos hombres el estatus de casa por cárcel, el martes 17 se hizo pública una coincidencia judicial: la juez había ordenado, en enero de 2009, la liberación del abogado defensor de los mexicanos, Leonel Villalobos, ex diputado y ex viceministro de Seguridad Pública.

Villalobos fue detenido por la Fiscalía en diciembre de 2008, ya que supuestamente usó documentos falsos para impedir el decomiso de bienes del español Fernando Gaínza Cano, condenado en diciembre de 2007 a 10 años de presidio por contrabando de drogas a España.

En 2008, la Fiscalía acusó a Villalobos de pretender “evitar el decomiso” que los tribunales ordenaron sobre propiedades de Gaínza en Costa Rica y de “legitimar bienes producto del ilícito”. Encubierto como dueño de un bar en esta ciudad, Gaínza enrolaba a jóvenes para transportar cocaína en equipajes a Pamplona, su tierra natal, y luego a Madrid.

En un caso previo ocurrido 1998,  Villalobos fue sentenciado a 12 años de cárcel por organización para el tráfico internacional de drogas y en 2002 quedó en libertad condicional.

Ante una andanada de dudas y cuestionamientos, Villalobos rechazó cualquier mala interpretación y especulación por la coincidencia de hechos.

Consternación

Al atardecer del pasado 16 de mayo, la noticia de que los mexicanos quedarían en arresto domiciliario por orden judicial conmocionó a los estratos nacionales de seguridad y justicia. La juez adujo que otorgó el arresto domiciliario porque después de siete meses de proceso, todavía no hay acusación por parte de la Fiscalía (que actúa como Ministerio Público) y sigue sin resolverse la situación de los mexicanos.

Villalobos, entre tanto, exigió el cumplimiento absoluto e inmediato del veredicto de la jueza en favor de sus clientes. Demandó respetar la independencia de los poderes y solicitó al gobierno controlar a sus jerarcas de seguridad, porque con su lenguaje “le van a declarar la guerra a Nicaragua”.

Para contrarrestar las acciones del gobierno y de la Fiscalía, el abogado presentó un recurso de amparo a favor de los mexicanos en el Juzgado, cuyo titular lo aceptó el 19 en la mañana y ordenó ejecutar la orden de la juez; dicha orden sería finalmente congelada.

Los mexicanos “no tienen arraigo (en Costa Rica) porque viven fuera del país, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que, cuando una persona no tiene arraigo, se le invita a que fije un arraigo en el país para que se le pueda cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, que es lo que se ha hecho en este caso”, declaró Villalobos. 

Y respecto al rápido pago de la fianza, explicó que “los familiares (de los mexicanos) remitieron el dinero”.

La juez argumentó que la fuga es el único peligro procesal que justifica mantener “medidas coercitivas”, pero que legalmente puede ser neutralizado con “medidas cautelares alternas” a la privación de libertad en un centro carcelario, como la casa por cárcel y el decomiso de los pasaportes de Martínez y Mendoza. Las acciones dictadas garantizarán que los hombres no evadan a la justicia, insistió.

El alegato de Jiménez cayó como una bomba en la Fiscalía. “Es inaudito", protestó Jorge Chavarría, fiscal general de Costa Rica, al advertir que como Martínez y Mendoza no tienen ningún arraigo en este país, podrían fugarse en cualquier momento aunque se les decomisaran sus pasaportes y haya custodios a cargo de su vigilancia.

 La resolución, reclamó, “nos sorprende, es incomprensible. Yo no le encuentro fundamento, porque está causándole un costo adicional al Estado. Para eso está la prisión. Ahora hay que tenerlos en la casa, con todas las comodidades, con todos los lujos y además con dos custodios afuera”.

“Pareciera –agregó-- que no hay comprensión de que se trata de dos integrantes de una organización transnacional de narcotráfico que obviamente es peligrosa y que no va a arraigarse ninguna persona aquí a ningún domicilio. Ellos no necesitan pasaporte para irse. De hecho el día en que fueron capturados ya estaban saliendo del país”.

Por su parte, el viceministro costarricense de la Presidencia y Comisionado Nacional Antidrogas, Mauricio Boraschi, recordó que los mexicanos son parte de “una peligrosa organización con vínculos en Guatemala, México y Costa Rica”.

La permanencia de los hombres en una vivienda “genera un problema para la policía y para los vecinos. Para la policía, porque a esta gente hay que tenerla absolutamente vigilada y controlarles sus movimientos. Significa gastar recurso que se pueden dedicar a otras labores. También genera un sentimiento de inseguridad importante”.

En este escenario, Gamboa describió ante el Juzgado el peligro y costo para el país de la resolución de la jueza, quien ordenó custodiar las 24 horas del día, durante cuatro meses, a los mexicanos.

“El traslado, custodia y vigilancia (de Martínez y Mendoza) supone un altísimo costo presupuestario, así como un enorme riesgo para la vida de los oficiales asignados a dicha labor, a los propios privados de libertad y sus vecinos y visitantes en caso de que se presentara algún incidente, e incluso para cualquier particular en los alrededores”, replicó Gamboa.

La juez “nos deja con la boca abierta y manos arriba”, advirtió, en un editorial, la periodista Pilar Cisneros, directora de Telenoticias de Canal 7, principal telenoticiario de este país. “El único arraigo  que pueden tener (los mexicanos) es ver cómo nos usan de puente para hacer sus multimillonarios negocios con la droga que envenena a nuestros ciudadanos, que fomenta la violencia en nuestras calles y que genera capitales inmensos, con los que carcomen todos los poderes que rigen a la sociedad”, alertó.

 “¿Cómo es posible? ¿En qué piensa la juez?”, cuestionó Cisneros, en un reflejo de la molestia que prevalece en distintos ámbitos del país. “¿Qué pensarán los futuros vecinos de estos sospechosos de narcotráfico? ¿Se imaginan el peligro que correrán estos inocentes ciudadanos si los mexicanos intentan fugarse o si un comando llega a rescatarlos? ¿De qué lado está la justicia? ¿Del lado de los delincuentes o de los ciudadanos honrados?”, lanzó.

Narco-avionetazo

La mañana del pasado 10 de octubre una avioneta con matrícula de Guatemala, con dos guatemaltecos a bordo y 177 kilos de cocaína ocultos en las alas, se estrelló en la ribera del río Torres, de esta capital, dos minutos después de despegar del aeropuerto Tobías Bolaños, terminal alterna de San José. Cuando socorristas y policía llegaron a auxiliar a los heridos (uno murió luego), encontraron una gran cantidad de paquetes de cocaína que flotaban en el río.

Las indagatorias condujeron a Martínez y a Mendoza—quienes operaban un hangar en el aeropuerto—y sobre ellos la policía desató una persecución.

Menos de 24 horas después del accidente, un policía costarricense los detuvo en el norte del país, cerca de Peñas Blancas, puesto limítrofe con Nicaragua, subidos a un triciclo (similar a un bicitaxi de la ciudad de México) que pedaleaban para llegar a la frontera. El policía—cuya identidad está bajo reserva y permanece con protección especial—reveló que los hombres intentaron sobornarlo.

Los mexicanos querían entrar a Nicaragua por un punto ciego. Martínez nació en Chiapas, reside en Sinaloa y tiene recuento migratorio de 25 entradas y salidas de Costa Rica hacia y desde México y Guatemala, según la Dirección de Migración de Costa Rica. Además, en junio de 2010 compró la empresa de taxi aéreo Aerolíneas Turísticas de América (ATA). Dicha compra incluyó un hangar en el aeropuerto Tobías Bolaños. La nave siniestrada acumula un largo historial de vuelos entre los tres países, según la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica.

Desde 2003 y 2004, y en un fenómeno que se prolonga a Centroamérica, Costa Rica enfrenta una intensa ofensiva y penetración de cárteles mexicanos del narcotráfico, por su ubicación geográfica clave para el crimen organizado: cerca de las bases de producción de droga en Colombia y de los principales mercados de contrabando y consumo en México y Estados Unidos.

Importantes funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública dijeron a Apro que Costa Rica empezó siendo punto de tráfico de la droga y luego pasó a ser centro para almacenarla y distribuirla, por lo que una tercera etapa es el asentamiento de los cárteles y una próxima fase sería la llegada de los capos a Centroamérica, para ponerlos a salvo del acoso militar y policial en México y Colombia.