SAN DIEGO, 20 de mayo (apro).- En un esfuerzo más por tomar el liderazgo en la lucha antiinmigrante, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el pasado 21 de abril la ley SB1406, que permite al estado construir su propia cerca en la frontera con México.

Para financiar la nueva barrera, Brewer intenta que el Fondo de Seguridad Fronteriza (BST) reciba donativos privados a través de una página de internet.

De acuerdo con la SB1406, la cerca se empezaría a construir este mismo año en terrenos estatales y privados, en estos últimos siempre y cuando los propietarios lo permitan. 

         La ley crea un comité de asesores de seguridad fronteriza formado por tres miembros de la Casa de Representantes, tres del Senado y seis escogidos por la gobernadora. 

Dicho comité se reunirá mensualmente para recoger testimonios y evidencias relacionadas con el flujo de indocumentados, analizará las estadísticas de cruces y delincuencia, y hará recomendaciones para incrementar la seguridad fronteriza.

Además, entregará un reporte mensual a partir de noviembre de 2011, y sus recomendaciones serán analizadas en una sesión ejecutiva antes del 31 de diciembre de 2014.

Actualmente, 650 millas de las 2 mil millas de frontera se encuentran cercadas, y la mitad de ellas están en Arizona.

La Oficina de Auditoría del estado de Arizona calcula que el costo de la cerca rondaría entre los 400 mil y 15 millones 100 mil dólares por milla, dependiendo de las condiciones del terreno.

La ley, que entrará en vigor el 20 de julio, junto con otras leyes estatales, contempla la utilización de mano de obra de prisioneros, a quienes se les pagará 50 centavos de dólar por hora. 

Actualmente ya se utiliza a reos no violentos en labores de limpieza de matorrales en áreas de tráfico de indocumentados, para evitar que se oculten y facilitar el trabajo de oficiales de la Patrulla Fronteriza, dijo Charles Ryan, director del Sistema Penitenciario Estatal en conferencia de prensa.

"Tenemos mano de obra abundante y barata", agregó.

Ofensiva legal

La actual legislatura de Arizona ha hecho de la confrontación con el gobierno federal su prioridad. Por ello, los representantes han propuesto numerosas iniciativas con las que buscan reafirmar la soberanía estatal en contra de la administración Obama. 

Como parte de esa ofensiva de Brewer, el gobierno a su cargo inició una contrademanda el 11 de febrero de este año, con la que busca forzar al gobierno federal a aplicar las leyes migratorias.

Dicha contrademanda responde a la acción legal iniciada por el Departamento de Justicia en el verano de 2010, con la que logró bloquear partes de la SB1070, una de las leyes antiinmigrantes más duras del país. 

La contrademanda, dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional; su secretaria, Janet Napolitano, y contra el Departamento de Justicia, pide a la corte que obligue al gobierno federal a terminar las 700 millas de cerca a lo largo de la frontera

Además, proveer suficientes oficiales de migración en Arizona para responder a las necesidades de las agencias policiacas locales; cambiar la forma en que el gobierno federal reembolsa a los estados por el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados, y permitir que Arizona aplique las leyes federales de inmigración.

“Arizona no quiere este pleito, no queremos iniciar un nuevo pleito”, dijo en febrero pasado la gobernadora Brewer a los medios locales. "Pero ahora que estamos en él, Arizona no descansará hasta que nuestra frontera esté asegurada por el gobierno federal y nuestras leyes sean aplicadas”, añadió.

Brewer reconoció que los costos legales relacionados con la defensa de la ley SB1070 han crecido. "Esta pelea no va a ser fácil y no va a ser barata", dijo.

Y agregó que su administración ha establecido un fondo de defensa legal, al que han aportado dinero numerosos individuos y organizaciones. Hasta el 4 de mayo, dicho fondo había recibido aportaciones por un monto de 3 millones 700 mil dólares, procedentes de 44 mil donativos privados.

Hasta este mes de mayo, el estado ha pagado un millón 500 mil dólares en costos legales por las demandas contra la SB1070.

Estas cifras han empezado a ser vistas como un derroche, especialmente en un momento en el que se agravan los problemas económicos.

Durante el año fiscal 2011, el déficit presupuestal de Arizona fue de 763 millones 600 mil dólares y alcanzará los mil millones 150 mil dólares en el año fiscal 2012.

Batallas perdidas

Esta no es la primera vez que un estado demanda al gobierno federal sobre temas de inmigración.

En 1994 Arizona fue uno de los siete estados que buscaron el reembolso de los costos de encarcelamiento y otros servicios otorgados a los inmigrantes indocumentados. Un año después, el entonces presidente Bill Clinton firmó una ley que ordenaba al procurador general el reembolso de los costos del encarcelamiento o bien la transferencia de los presos a cárceles federales.

En 1996, el gobernador de California, Pete Wilson, también inició una acción legal contra el gobierno federal, arguyendo que el presidente Clinton había fracasado en aplicar las leyes de migración. La demanda fue rechazada por la corte.

En el año 2006, los electores de Colorado aprobaron el referéndum que ordenaba a la Procuraduría estatal iniciar un reclamo más amplio contra el gobierno federal, asegurando que había fracasado en aplicar las leyes de inmigración. La demanda también fue rechazada por improcedente.

Paul Bender, profesor de leyes de la Universidad Estatal de Arizona, dijo a Apro que es muy poco probable que la demanda de Arizona vaya a tener algún resultado positivo.

La Corte generalmente rechaza obligar a una agencia gubernamental para que aplique las leyes de tal o cual manera, señaló.

"Si consideras que el gobierno de Barack Obama no está conduciendo bien la guerra en Afganistán, no puedes ir a la corte y decir: el gobierno necesita mandar más tanques, más infantería o más aviones", apuntó Bender.

"Si no te gusta cómo está haciendo las cosas el gobierno federal, la opción que tiene la gente es votar por políticos que representen su forma de pensar y de hacer las cosas", añadió.