LA PAZ, 20 de mayo (apro).- El 16 de octubre de este año Bolivia se convertirá en el primer país de la región en elegir a los magistrados del sistema judicial mediante el voto directo de los ciudadanos, en un proceso sui géneris donde los candidatos están impedidos a realizar propaganda y los medios de comunicación y periodistas se encuentran prohibidos de informar de manera independiente sobre los postulantes y sus propuestas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo responsable de la organización de los comicios en Bolivia, anunció el pasado 13 de mayo la fecha de las elecciones, en la que los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir a 56 miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Las elecciones han generado una intensa polémica en el país debido a sus dos principales características: el sistema de selección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa (Congreso), en el que los méritos profesionales no serán el elemento decisivo de calificación, y la expresa conculcación de la libertad de expresión y de prensa en el proceso electoral.

Los candidatos

De acuerdo con las normas electorales, los candidatos interesados en postularse como magistrados deberán cumplir con requisitos comunes y, según el tribunal al que postulen, con requisitos específicos. Complementariamente, tendrán que presentar la documentación correspondiente a la Asamblea Legislativa.

Entre los requisitos comunes se encuentran el no haber sido dirigente o candidato de alguna organización política en los cinco años anteriores a la elección y “no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado o no haber renunciado al menos cinco años antes al día de la elección”, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Los requisitos específicos varían según el órgano al que se postula, pero se refieren principalmente a contar con título de abogado, experiencia de trabajo de ocho años en el área especializada, “no haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado”, “no haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales” y “no haber patrocinado a personas que hayan sido condenadas” por delitos de narcotráfico.

Los postulantes que cumplan con todos los requisitos serán habilitados para un proceso de evaluación de méritos (en el que se considerará su formación académica, producción intelectual y experiencia) y una entrevista en sesión legislativa de carácter público.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa elegirá, con dos tercios de sus miembros presentes, a 28 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 54 para el Tribunal Supremo de Justicia, 28 para el Tribunal Agroambiental y 15 para el Consejo de la Magistratura.

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales, cuenta con una mayoría superior a los dos tercios en la Asamblea Legislativa, por lo que no requiere de alianza o pacto alguno con la oposición.

En todos los casos, la mitad de postulantes deberán ser mujeres y necesariamente tendrá que haber candidatos “indígenas originarios campesinos”, que según el reglamento legislativo se acreditará como tal con una “certificación original de la comunidad, nación o pueblo indígena originario campesino”.

El día de las elecciones, los votantes recibirán cuatro papeletas electorales. Del universo total, en la primera deberán elegir a siete magistrados titulares y siete suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional; en la segunda, a nueve magistrados titulares y nueve suplentes del Tribunal Supremo de Justicia; en la tercera, a siete magistrados titulares y siete suplentes del Tribunal Agroambiental; y en la última, a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Consejo de la Magistratura.

Este sistema de elección ha sido defendido solitariamente por el oficialismo, ya que académicos, colegios de abogados, oposición y otros sectores han criticado severamente el mecanismo que deja en manos de la mayoría legislativa del MAS la elección de los candidatos.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, dijo a Apro que “los bolivianos que vamos a ir a votar sólo elegiremos a aquellos que el MAS quiera que elijamos”.

Recordó que el Colegio de Abogados propuso un riguroso proceso de selección de candidatos conducido por especialistas en derecho, con exámenes y resoluciones de casos mediante proyectos de sentencia. “Los legisladores del oficialismo no quisieron entender que no se va a elegir a un político, sino a un magistrado. Los parlamentarios no tienen especialización en derecho para evaluar a los postulantes que, en caso de ser electos, tendrán la delicada función de administrar justicia”, agregó.

El pasado 6 de mayo, fecha en la que la Asamblea Legislativa aprobó el reglamento para la preselección de candidatos al sistema judicial, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, defendió ante los medios el sistema de evaluación de los candidatos, asegurando que se liquidó el sistema “meritocrático” (elección tomando en cuenta méritos académicos), abriendo paso a la participación democrática en la administración de justicia de “excluidos” como el “indígena originario campesino”.

“Tener un título no es sinónimo de capacidad”, aseguró Linera.

De acuerdo con la socióloga Fernanda Wanderley, con el criterio del MAS y del vicepresidente Linera, se les está diciendo a los jóvenes de Bolivia “que su sociedad y Estado no valoran los esfuerzos académicos y que, por lo tanto, no vale la pena estudiar. También se les está diciendo que el ejercicio de la justicia no tiene como fundamento una buena formación y probada experiencia profesional”.

Para el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, el sistema de selección de candidatos y la elección de magistrados mediante voto ciudadano son instrumentos concebidos por el MAS para completar su modelo autoritario y controlar el Poder Judicial, “una vez que ya es dueño del Órgano Ejecutivo (Poder Ejecutivo), la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral”.

“Se trata de cargos cuyas características requieren de conocimientos y experiencias específicas de carácter técnico que no pueden ser sometidas al voto popular”, sostiene Mesa. 

Libertades conculcadas

La segunda vertiente ampliamente debatida en Bolivia sobre el proceso para elegir a los magistrados es la conculcación de la libertad de prensa y de expresión en la etapa preelectoral, con drásticas prohibiciones para candidatos, medios de comunicación y periodistas.

La Ley del Régimen Electoral (que norma el actual proceso y otros) dispone en su artículo 82 que los postulantes a magistrados están impedidos, entre otras actividades, de efectuar propaganda en los medios de comunicación, “manifestar opinión o tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole”, así como de “acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo al que postula”.

El incumplimiento de estas prohibiciones determinará que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) disponga su “inhabilitación inmediata”.

El mismo artículo dispone que los medios de comunicación, “bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal”, tienen prohibido: “Difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral”, “referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa”, “generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes”, y “dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante”.

Otro artículo de la Ley, el 84, establece además que “el TSE, mediante resolución fundamentada, sancionará al medio de comunicación que viole el régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con su inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato”.

En este contexto, la Ley establece que el TSE será “la única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de los 45 días previos a la votación” a través de mensajes en radios, canales de televisión, periódicos y otros medios.

El TSE, mediante su presidente, Wilfredo Ovando, adelantó que esta campaña será la “más costosa” de toda la historia electoral de Bolivia, aunque no precisó la cantidad exacta de recursos que demandará.

Las principales organizaciones periodísticas de Bolivia consideran que las prohibiciones establecidas en la Ley del Régimen Electoral para candidatos, medios de comunicación y periodistas conculcan la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En un pronunciamiento titulado El periodismo a la opinión pública, publicado el 16 de mayo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los periódicos y revistas más importantes del país, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), demandaron a la Asamblea Legislativa “eliminar” los “inconstitucionales” artículos de la Ley del Régimen Electoral que limitan su trabajo.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional, por el bien del país, debe eliminar los artículos que violan los derechos humanos consagrados por la Constitución Política del Estado y por los pactos y tratados internacionales firmados y ratificados por Bolivia, permitiendo así que la sociedad boliviana reciba información confiable, oportuna y veraz sobre quiénes se postularán a cargos electivos en el Órgano Judicial”, sostiene el documento.

Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, dijo a Apro que los artículos cuestionados de la Ley Electoral ignoran y violan la propia Constitución Política del Estado Boliviano, “que en su artículo 21 garantiza el derecho de los bolivianos a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, y a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva, coincidiendo con el artículo XIX de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.

Las organizaciones periodísticas bolivianas, en consecuencia, se negaron a participar en una reunión convocada para el 19 de mayo por el TSE, con el fin de conocer de los medios “criterios, inquietudes y sugerencias sobre la campaña, propaganda y difusión de información”.

“Mientras no se deroguen los artículos que conculcan la libertad de prensa y la libertad de expresión, no hay nada que sugerir”, dijo Zeballos.

Por su parte, dos medios de comunicación anunciaron su rebelión a las prohibiciones establecidas en la Ley del Régimen Electoral.

Página Siete, el periódico de mayor influencia en La Paz, publicó un editorial el domingo 8 de mayo en el que sostiene que “impedir que los medios entrevisten a los candidatos, por ejemplo, parece oscurantista. Y señalar que solamente pueden divulgar los datos previamente ordenados y clasificados por el Órgano Electoral es una limitación inaceptable al derecho civil que reconocen la CPE (Constitución Política del Estado) y los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro Estado”.

Página Siete, por tanto, informará al país al margen de lo que establezca el Tribunal si es que obtiene, por medios legítimos, información comprobable y que considere relevante para el público”, complementó, estableciendo como conclusión que “nuestra misión de informar no puede verse limitada por una ley inconstitucional, ni condicionada por un chantaje económico”.

Un criterio similar será aplicado por ERBOL, la red radial más grande e influyente de Bolivia. Su director ejecutivo, Andrés Gómez Vela, declaró al respecto: “Nosotros tenemos que informar, como ejercicio de la Constitución, porque está por encima de cualquier ley. Si un medio se va a sujetar al cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral, va a significar que estaría violando la libertad de expresión”.

Como efecto de este conjunto de cuestionamientos, el viernes 20, en conferencia de prensa, el presidente Evo Morales anunció que se planteará a la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral. Según las organizaciones periodísticas, habrá que esperar a conocer si se suprimen o no las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa.

Con las características del proceso de selección de candidatos en tela de juicio, al igual que las normas establecidas para la información electoral, el ciudadano boliviano definirá con su voto o su ausencia a las urnas el epílogo del proceso.

Para el presidente Evo Morales, según dijo en una entrevista en el Canal televisivo estatal el 8 de mayo, las elecciones judiciales serán "un hecho inédito e histórico que permitirán que rija en Bolivia una justicia igualitaria y equitativa en la que no primen ventajas económicas, políticas y/o mediáticas".

En cambio, para el analista Rubén Vargas, dadas las condiciones del proceso, los bolivianos sólo podrán saber de los candidatos cuatro cosas: “Que han nacido, que han estudiado tal o cual profesión (aunque no si han aprendido o no), que han sido anteriormente jueces, catedráticos, motoniveladores o dirigentes sindicales, y que todavía no han muerto…”. Nada más.