MÉXICO, D.F., 3 de mayo (apro).- Más de mil arrestos y un número indeterminado de desaparecidos es el saldo de las redadas casa por casa con las que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, pretende aplastar la insurrección en su contra, denunció la Organización Nacional de Derechos Humanos de ese país.
    Ammar Qurabi, titular del organismo defensor de derechos humanos, dijo que los arrestos que se realizan en todo el país desde el sábado pasado “han transformado a Siria en una gran prisión”.
    En Daraa, donde nació el movimiento de sublevación, los agentes arrestan a hombres menores de 40 años, dijo Qurabi. Assad ha ofrecido una amnistía a los sirios que se entreguen antes del 15 de mayo por portar armas y “socavar la seguridad del país”.
    Las fuerzas de seguridad continuaron con los trabajos antigubernamentales en la ciudad costera de Banias, según informó Anas al Shughri, un líder de la oposición, quien afirmo que ahora el gobierno controla el casco urbano que estaba en control de los rebeldes.
      "Se han dirigido a la zona del mercado. El ejército ha sellado la entrada norte y las fuerzas de seguridad, la del sur", dijo Shughri, quien denunció que están sufriendo ataques de las milicias alawíes, armadas por el ejército. Al Assad pertenece este grupo minoritario.
    Las fuerzas de seguridad, siguió el insurgente, hicieron disparos en una calle comercial y empezaron a realizar detenciones.
    Los que tienen menos de 40 años son llevados a un estadio en Daraa donde permanecen retenidas centenares de personas, incluidas muchas mujeres, desde la pasada semana, dijo Abu Muhamad, residente de Banias.
    Según las autoridades, Banias es considerada como el “epicentro del terrorismo salafista”, pero Shughri afirma que los residentes niegan tener armas y que se defienden con palos o colocando obstáculos en las carreteras.
Desde el inicio de las revueltas, que ya llevan seis semanas, grupos defensores de derechos humanos afirman que 545 sirios han muerto por la represión del gobierno de Assad, cuya familia ha ejercido el poder durante 40 años en Siria.
    Siria atribuye el malestar a una conspiración extranjera y “grupos terroristas” que, según el gobierno, aprovechan las protestas para provocar malestar y desestabilización.
     Sin embargo, Assad ya derogó las leyes de emergencia y otorgó la ciudadanía a los curdos, una minoría que había sido por años marginada, para tratar de complacer a los manifestantes que también piden reformas y la liberación de los presos políticos.
    Por otra parte, la Cruz Roja (CICR) fustigó los asesinatos y la cantidad de heridos provocados por la violencia en Siria, por lo que llamó al gobierno de Assad a darle acceso irrestricto a las zonas más afectadas.
“Es urgente que los servicios médicos, trabajadores de primeros auxilios, Cruz Roja y otros organismos que ofrecen asistencia médica puedan llegar a aquellos que lo necesitan”, dijo la jefa del CICR en Damasco, Marianne Gasser.
En un comunicado, Passer añadió que la violencia ha provocado un gran número de víctimas; “y tememos que si la situación empeora se pierdan más vidas”. Insistió “a las autoridades y a todos los involucrados en las manifestaciones” que respeten la dignidad y la vida humana en todo momento.
Hishan Hassan, portavoz del organismo en Ginebra, dijo, por su parte, que es urgente la entrada de servicios médicos a la ciudad de Daraa; y pidió que se proteja al personal que asiste a los heridos, pues ha habido denuncias de ataques contra ellos y contra ambulancias.

UE prepara sanciones

En tanto, la Unión Europea alista ya las sanciones que podría imponer a Siria como respuesta a la violeta represión de las protestas ciudadanas.
Grupos de trabajo del organismo europeo mantienen reuniones durante toda esta semana para avanzar en la definición de las medidas que tomarán y los posibles afectados, explicaron fuentes comunitarias a la agencia EFE.
El ministro francés, Alain Juppé, afirmó en París que su gobierno está a favor de que las sanciones de la UE incluyan al presidente sirio.
El acuerdo alcanzado la semana pasada por embajadores del Comité Político y de Seguridad de la UE, preveía la imposición de un embargo de armas y otros materiales usado para la represión en Siria.
También la UE plantea la posibilidad de prohibir a funcionarios del régimen viajar a Europa, y congelar sus activos y los de entidades vinculadas el presidente sirio, así como revisar las partidas de cooperación que tiene con el régimen de Damasco.
Entre ellas se encuentra una partida de 129 millones de euros para el periodo 2011-2013 para apoyar reformas políticas y económicas, y una cartera de inversiones por mil 300 millones de euros a través del Banco Europeo de Inversiones.