VALPARAÍSO (apro).- El sistema educacional público se encuentra paralizado debido a las protestas de cientos de miles de estudiantes a lo largo de todo Chile, que tienen en sus manos 300 liceos y colegios, entre ellos el Instituto Nacional, el más tradicional del país. Los estudiantes movilizados exigen acabar con el lucro en la educación, realizar una reforma constitucional que garantice la educación como un derecho; y devolver a la administración estatal las escuelas y liceos entregados a los municipios en 1986 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Las protestas han concitado un gran apoyo. Expresión de esto es que las máximas autoridades universitarias han marchado junto a los estudiantes y académicos en un hecho que evidencia el abismo existente entre los actores de la educación y el gobierno, cuyo ministro de Educación es Joaquín Lavín. El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, expresó el pasado 6 de junio, al término de una reunión del Consejo de Rectores de Universidades Estatales y Tradicionales, que es necesario “avanzar hacia un sistema de educación superior de mayor calidad, inclusivo y equitativo que dé igualdad de oportunidades”. Pérez subrayó: “Hoy día no podemos seguir con el actual agobio que tiene la familia chilena por su alto endeudamiento. Decimos que queremos parecernos a los países de la OCDE, pero éstos destinan un 1,3% de su Producto Interno Bruto al sistema de educación superior y de ese monto casi  90% lo coloca el Estado y muy poco la familia. En Chile 0.3% del producto lo coloca el Estado y el 1.7% lo colocan las familias chilenas”, dijo el rector. A partir de la desregulación de la educación impulsada en 1981, los estudiantes de nivel superior aumentaron de 120 mil a un millón en la actualidad. De éstos 560 mil forman parte del sistema universitario, la mitad de los cuales está en planteles privados. Según la ley, las universidades no pueden lucrar con su actividad, pero hasta el propio ministro Joaquín Lavín reconoció –en el programa Tolerancia Cero, de Chilevisión-- que fue inversionista de la Universidad del Desarrollo y que como tal obtuvo ganancias. En Chile 80% del costo de estudiar lo solventan las familias. Las universidades estatales y privadas tienen mensualidades que se encuentran entre las más caras del mundo: oscilan entre 400 y 800 dólares. Los créditos estatales han sido traspasados al sistema bancario, que cobra altas tasas de interés. Según expuso el economista y codirector del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo (CENDA), Manuel Riesco, en una columna publicada el 7 de junio en el diario electrónico El Mostrador, el problema de la educación “radica en haber desmantelado el sistema público, cuyo engrandecimiento debió ser siempre su objetivo principal”. Peor aún, agregó, “ello ha sido deliberado: se argumenta que colegios y universidades públicas gratuitas y de buena calidad constituyen una ‘competencia desleal’ para la industria de educación privada. El fomento de esta última ha sido el verdadero norte de la política vigente en las últimas décadas”. Según aseguró en su habitual columna en La Tercera el doctor en economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, “el principal problema de la educación superior chilena es que los estudiantes de menores ingresos son los que más pagan, recibiendo una educación de peor calidad. La gran desigualdad que existe en la calidad de la educación básica y media persiste al llegar a la educación superior”. Protestas masivas El jueves 16 de junio cien mil personas marcharon por la Alameda –principal arteria de Santiago-- en una manifestación que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Universidades de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores de Chile. Ellos exigen poner fin al lucro en la educación y fortalecer el sistema público de enseñanza. En una alocución realizada al concluir la marcha en el sector de plaza Los Héroes, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejos, dijo que "la educación no es una mercancía; es un derecho y eso debe entenderlo el gobierno". A esta protesta se sumaron gremios de todos los actores de la educación: académicos universitarios, co-docentes, auxiliares, estudiantes de universidades y colegios privados, así como agrupaciones de padres y apoderados. Diversos medios de prensa coincidieron en que esta manifestación –que fue apoyada por marchas en todo el país-- es una de las más concurridas realizadas desde el inicio de la transición a la democracia, en 1990. El lunes 13 de junio ya había habido un paro nacional al que se sumaron unos 150 mil estudiantes secundarios –conocidos como pingüinos-- de todas las regiones del país. El miércoles 15 unos 20 mil estudiantes marcharon por Santiago convocados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Exigían la estatización de la educación, un cambio a la Constitución que garantice el derecho a la educación y la renacionalización del cobre. Esta manifestación estuvo acompañada por un millar de mineros del yacimiento El Teniente, ubicado a 100 kilómetros al sur de Santiago. En esta manifestación se profirieron gritos abandonados hace cuatro décadas: “¡los obreros y estudiantes siempre juntos adelante!”. En la ocasión el vocero de la ACES, Alfredo Vielma, sostuvo en su discurso de la Plaza Almagro, que la estatización del cobre “permitirá financiar una educación pública y gratuita en todos los niveles para los chilenos”. El petitorio de la ACES tiene otros cuatro puntos: la estatización de la educación en todos sus niveles: básica, media y universitaria; el pase escolar –que permite acceder a tarifa rebajada en transporte-- los 365 días del año en todo el país para cada estudiante de Chile; que los alumnos de nivel técnico-profesional tengan derecho a sindicalización; y frenar lo que para ellos supone la privatización encubierta de la educación, la que se estaría realizando a partir de la concesión a inversionistas privados de los establecimientos dañados por el terremoto de 2010. La movilización de la ACES terminó cuando un gran contingente de carabineros reprimió la manifestación, que dejó un saldo de 53 estudiantes detenidos y 11 policías heridos. El ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, declaró ese mismo día a los medios reunidos en el Palacio La Moneda que “esas no son manifestaciones: son actos de vandalismo, de desorden social y, claramente atentan contra el orden público”; y anunció la presentación de querellas “contra todos los responsables”. El malestar estudiantil se da en un contexto altamente complejo para el gobierno. A las multitudinarias protestas contra la aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén --9 de mayo-- que dejaron al gabinete ministerial altamente debilitado, se suma un gran rechazo a su gestión. La consultora Adimark dio a conocer el 2 de junio que la desaprobación del presidente Sebastián Piñera es de de 36% y 56% de la población rechaza su gestión. Esta es la cifra más alta de desaprobación que ha tenido un presidente en Chile desde 1990. La evaluación positiva de las políticas educacionales cayó un 16% hasta llegar al 40%, y la aprobación del ministro Lavín –un eterno presidenciable de la derecha-- cayó 8%.   Estatización de la educación El ciclo actual de protestas en la educación es muy similar –en tamaño y contenido-- a las que se dieron en 2006, que se conoció como “La Revolución de los Pingüinos”. Fruto de esa lucha es que la Ley Orgánica Constitucional (LOCE), promulgada el último día del gobierno de Augusto Pinochet, el 10 de marzo de 1990, la cual fue reemplazada en 2008 por la Ley General de Educación (LGE) que, según los estudiantes movilizados, sólo implicó un maquillaje al actual modelo privatizador en educación. Este cambio normativo no contó con el respaldo de ninguna de las agrupaciones que impulsaron las protestas de 2006. Y, sin embargo, al momento de aprobarse –bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet-- fue presentado como un gran acuerdo nacional dado que fue apoyado por el conjunto de partidos políticos representados en el Congreso Nacional. En entrevista con Apro, María Jesús Sanhueza, máxima líder de “La Revolución de los Pingüinos” y activa participante de las actuales movilizaciones, señaló que la diferencia fundamental entre la protesta del 2006 y la de ahora “es que en este momento, en Chile nos encontramos con un sistema educativo privado completamente consolidado”. Alude al hecho que entonces 60% de los estudiantes secundarios y primarios asistía a establecimientos educacionales municipales; actualmente esa cifra descendió a la mitad. Esto tiene como contrapartida un auge explosivo en la matricula de los colegios particulares subvencionados por el Estado. “Los estudiantes sólo recibimos educación por nuestro aporte monetario individual, tanto en las universidades privadas, como en las universidades del Estado, en los institutos profesionales y en los colegios”, explica. La estudiante apunta a que la principal demanda que tiene el movimiento hoy es la estatización. “En el 2006, cuando no estaba totalmente consolidado el modelo privado, nuestra principal demanda era fortalecer la educación pública. Pero hoy ésta casi ya no existe”, agrega. María Jesús subraya que el movimiento estudiantil está pidiendo cambios políticos que son fundamentales para la consolidación de un futuro modelo estatal en educación, lo que, a su juicio, pasa por el reemplazo de la Constitución Política de Chile, que fue dictada en 1980 por el general Augusto Pinochet. Es importante señalar que dicho texto legal “reconoce la libertad de enseñanza que implica el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. A este respecto María Jesús Sanhueza señala que la actual Constitución no garantiza el derecho a la educación pero si se preocupa de proteger la libertad de enseñanza que es entendida como la libertad de lucrar en educación”. Señala “que es necesario mirar todo el espectro de movilizaciones que se han dado el último tiempo porque son las mismas personas que están participando. Los que protestamos somos los que hemos sido perjudicados por un modelo que se ha instalado en Chile y que ha sufrido el despojo de las clases políticas, el despojo de la educación, el despojo de un sistema de salud que no se condice con las necesidades que tenemos, el despojo de los recursos naturales. Creo que existe una total sincronía en todos estos movimientos que como primer paso piden el hito del cambio constitucional”.