Por si fueran pocos los problemas presupuestarios y de sobrepoblación que enfrenta el sistema penitenciario de California, miles de presos del penal de máxima seguridad de Pelican Bay iniciaron a principios de este mes una huelga de hambre para exigir que se termine con la práctica de aislamiento absoluto a que son sometidos los reos considerados “lo peor de lo peor”. El movimiento cuenta con el apoyo de organismos defensores de los derechos humanos y se ha extendido a prisiones de otras entidades e incluso de Canadá. SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Cientos de presos que se encuentran en confinamiento solitario en la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay entraron a la segunda semana de una huelga de hambre indefinida, sin que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) se muestre dispuesto a negociar. Aunque la huelga comenzó en Pelican Bay –donde según el CDCR 42% de los reos es de origen hispano–, el movimiento ya se extendió a 11 de las 33 prisiones del sistema penitenciario de California. Las autoridades calculan que en esta huelga participan alrededor de 2 mil 200 reclusos. La demanda central de esta huelga es que se eliminen las condiciones de aislamiento total en que viven miles de presos en las prisiones californianas donde existen unidades de seguridad (SHU). Otra de las exigencias consiste en que se acabe la política de delaciones utilizada como método de incriminación, en el que un preso que se encuentra en confinamiento solitario sólo puede salir del hoyo si acusa a otro de pertenecer a una pandilla o de algún otro delito. En la actualidad la SHU de Pelican Bay tiene mil 107 presos, de los cuales mil 84 se encuentran en aislamiento indefinido. El Departamento de Correccionales opera unidades de seguridad en las prisiones de Pelican Bay; California Correctional Institution, en Tehachapi; The Valley State Prision for Women, en Chowchilla, y California State Prison, de Corcoran. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, las unidades de seguridad fueron diseñadas para albergar a “lo peor de lo peor”, y constituyen en sí mismas prisiones dentro de las prisiones. A quienes son confinados en estos lugares se les considera muertos en vida, ya que pasan la mayor parte del día encerrados en una celda de concreto de 1.5 metros por 2 metros. En 2006 Laura Sullivan, corresponsal de la Radio Pública de California, obtuvo un permiso especial para ingresar a Pelican Bay con el propósito de conocer las condiciones prevalecientes en el interior de esas unidades. En su reporte difundido en noviembre de 2006, Sullivan describe sus impresiones: “Todo aquí es de concreto gris: la cama, las paredes, la mesa. No es posible caminar más de metro y medio en ninguna dirección… Las celdas se encuentran alineadas en un largo pasillo iluminado con luces fosforescentes las 24 horas del día. Desde el interior de las celdas no se puede ver a nadie ni se puede ver hacia otra celda. Aquí comen, duermen y viven los presos durante 22 horas y media al día. La hora y media restante la pasan en un patio también aislado.” James Crawford, quien se encuentra en una de las unidades de seguridad de Pelican Bay, describió por medio de su abogado las condiciones de encierro en los patios: “Es como una jaula de concreto. Tiene 4 metros por 2.5 metros, con una pared de 4 metros de alto y una cámara de seguridad que te observa constantemente. No hay nada, ni árboles ni plantas… apenas se alcanza a ver el sol. Si tienes suerte podrás verlo unas cinco veces al año.” La abogada Carol Strickman, integrante de Legal Services for Prisoners with­ Children, una organización que protege los derechos de los presos y sus hijos, dice a Proceso: “Los largos periodos de confinamiento solitario pueden ser considerados métodos de tortura. Además, la política de delaciones no sólo es peligrosa para el preso que ‘delata’, sino también para sus familias que corren el riesgo de sufrir una venganza.” Las condiciones en el interior de las unidades de seguridad de Pelican Bay han dado pie a denuncias. En 1995, un juez determinó en el caso Madrid vs. Gómez que el confinamiento solitario en esas unidades puede llevar a los presos a la demencia, y que coloca a las personas con problemas mentales o psicológicamente vulnerables en condiciones similares a las que se sometería a un asmático si se le colocara en un sitio con poco aire para respirar. En 2006, la Comisión sobre Seguridad y Abuso en las Prisiones de Estados Unidos (CSAAP) difundió un reporte en el cual reveló que en las unidades de seguridad se encuentran muchos reos que no significan ninguna amenaza para nadie, y que muchos de los presos alojados en esas áreas desarrollan graves enfermedades mentales. “En algunos sitios el ambiente es tan duro que la gente termina completamente aislada, sin ningún contacto humano y en condiciones de tortura que, sin duda, causan el deterioro de la salud mental”, indica el documento. La comisión encontró que los procedimientos en las unidades de seguridad son vejatorios a la dignidad humana y recomendó el internamiento sólo por tiempos cortos y únicamente como un último recurso, además de reducir el número de presos sujetos a aislamiento solitario. A pesar de esas recomendaciones, las cosas han empeorado, dice al reportero Molly Porzig, vocera de Critical Resistance, organización dedicada a defender los derechos de los presos. “Entre 2005 y 2010 –señala– creció 40% el número de presos alojados en las unidades de seguridad”. Dadas las condiciones de aislamiento en que se encuentra la mayoría de los líderes de la huelga, nadie sabe exactamente cómo se organizó la protesta. Sin embargo, se pudo conocer que algunos presos hicieron saber a sus familiares, a través de los abogados, su intención de iniciar una huelga de hambre en julio. Les pidieron que formaran una coalición de solidaridad con la huelga, para coor­dinar las manifestaciones de apoyo en el exterior y dar a conocer a la opinión pública sus exigencias y motivaciones. Entre los organizadores de la huelga se encuentran Todd Ashker y Danny Troxell, este último en prisión desde 1979 y en confinamiento solitario en Pelican Bay desde hace 25 años. En una nota firmada por ambos y entregada a miembros de la coalición dieron a conocer las cinco demandas básicas del movimiento. Los huelguistas exigen que se acaben las condiciones de aislamiento solitario, y que quienes se encuentren en las unidades de seguridad y en otro tipo de segregación tengan contacto humano regular para evitar daños mentales a largo plazo. También piden que el aislamiento sea el último recurso de control de las autoridades, y no el primero, como ocurre en la actualidad. Debe acabar, plantean, el aislamiento indefinido de presos que han permanecido en esta situación durante 10, 20, 30 y hasta 40 años. Es el caso de Hugo Pinell, un nicaragüense considerado por muchos como un prisionero político, que ha estado en confinamiento solitario en Pelican Bay desde 1990. La CDCR ha manifestado que revisará las demandas. “Pero desde ahora les advertimos que no negociaremos nada”, dijo Terry Thornton, vocera de esa institución en un comunicado de prensa dado a conocer el miércoles 6. Y agregó: “Los líderes que están encabezando la huelga son una buena muestra del por qué deben estar separados del resto de la población penitenciaria. Ellos han logrado influir en muchos presos de otras cárceles, y es precisamente por eso por lo que tenemos las unidades de seguridad”.   Clamor creciente   A pesar de que la versión original del CDCR indicaba que la huelga se había limitado a unas 25 personas en Pelican Bay, la vocera reconoció que durante el fin de semana que concluyó el lunes 4 un total de 6 mil 600 presos rechazaron nueve alimentos continuos. A casi dos semanas de iniciado el movimiento, la CDCR afirma que hay 2 mil 100 prisioneros en huelga de hambre. En un intento por romper el movimiento, durante el fin de semana feriado por la Independencia de Estados Unidos las autoridades incluyeron en el menú pay de queso y helado de fresa. “En mis 20 años en prisión nunca nos habían ofrecido una comida así”, dijo Troxell. De acuerdo con el sitio en internet prison.org, dos reos de la prisión estatal de Corcoran recluidos en las unidades de seguridad fueron hospitalizados como resultado de la huelga de hambre. Ese portal también reportó que las autoridades pesaron a los prisioneros en huelga de hambre, y que la pérdida de peso había sido de entre ocho y 20 libras. “Algunos presos en Pelican Bay se están rehusando incluso a tomar agua, por lo que sus niveles de azúcar han bajado hasta niveles muy peligrosos, y algunos ya están empezando a enfrentar problemas renales”, detalló el sitio electrónico. Esta huelga de hambre se suma a los graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario de California, que cuenta con una población de 150 mil reos distribuidos en 33 centros de detención. En mayo pasado, la Corte Superior de Justicia le ordenó al estado que redujera la sobrepoblación carcelaria. Para ello, deberá liberar a casi 33 mil reos durante los próximos 15 meses. Un reporte dado a conocer en enero de 2010 por la Universidad de California reveló que el estado gasta un promedio de 48 mil dólares anuales en cada preso; es decir, cuatro veces más de lo que cuesta el ingreso a esa casa de estudios. Todo indica que las penitenciarías no están cumpliendo con su objetivo de rehabilitar a los internos, ya que 58% de los presos que cumplen sus condenas regresan a la cárcel en un lapso no mayor de tres años.   “Lo peor de lo peor”   Construida en 1989, Pelican Bay es la primera prisión de Estados Unidos considerada de máxima seguridad y cuenta con capacidad para albergar a 2 mil 200 de los reos más peligrosos de California. En la actualidad su población asciende a 3 mil 100 personas. La tercera parte vive en un conjunto de edificios donde se ubican las unidades de seguridad para albergar a reos conflictivos y de difícil manejo, en especial pandilleros y otros prisioneros en extremo violentos. Esas unidades fueron creadas en los sesenta, y durante años las condiciones de vida en esos recintos han acaparado la atención de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Éstas aseguran que son prisiones dentro de las prisiones. “Son los guardias, y no los jueces o los jurados, los que deciden quién será enviado a las unidades de seguridad y el tiempo que permanecerá ahí”, dice a este semanario Manuel LaFontaine, uno de los organizadores externos de la huelga, quien es miembro de All of Us or None, organización encabezada por expresidiarios que aboga por los derechos civiles de los reos y sus familias. “Ser enviado a una SHU afecta la sentencia del prisionero. El tiempo que pasa ahí no se contabiliza como ‘tiempo de buena conducta’, por lo que es candidato seguro para que se le niegue la libertad bajo palabra”, agrega LaFontaine. Aunque los medios de comunicación en general han publicado muy poca información relacionada con la huelga de hambre, la Coalición de Solidaridad ha tenido éxito en la organización de manifestaciones de apoyo. Las muestras de solidaridad con este movimiento se han multiplicado no sólo en las afueras de las prisiones de California, sino también en Seattle, Chica­go, Ohio, Manhattan, Ontario, Quebec y Montreal, en Canadá, así como en Australia occidental. Parte fundamental en la organización de la protesta ha sido el periódico California Prison Focus, que circula en el interior de los penales y entre las familias de los presos. En su edición correspondiente al verano de 2011 publicó numerosos detalles del movimiento que se estaba gestando, así como las peticiones de los huelguistas, instrucciones a los mismos y una carta dirigida al gobernador del estado, al director del CDCR y al director del penal de Pelican Bay. Días antes de que comenzara la huelga, el mexicano Arturo Castellanos, preso en la unidad de seguridad de Pelican Bay, dio a conocer a través del periódico una serie de indicaciones para los huelguistas: “No deben participar los presos muy ancianos o que padezcan enfermedades crónicas, como diabetes, problemas cardiacos, cáncer o con padecimientos hepáticos. En caso de que el compañero de celda no desee participar, entonces el preso no deberá unirse a la huelga.” Para contrarrestar la propaganda interna que en su opinión desarrollaría el CDCR durante la huelga, Castellanos dijo que pedirían a las autoridades del penal una revisión médica de todos los participantes, así como la apertura de un expediente en el que se indiquen el peso y las condiciones de los huelguistas.