SAN SALVADOR, 12 de agosto (apro).- La cruenta guerra civil que concluyó en el año 1992 no cicatrizó las heridas en El Salvador. Hoy, las causas pendientes de justicia tienen dividida a esta pequeña y convulsa nación, que ha mostrado una imagen simbólica: el mismo día (viernes 12 de agosto), dos manifestaciones de personas reclamando acciones totalmente antagónicas. Una fue la marcha organizada por exmilitares y sus familiares, quienes exigieron no ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. La otra manifestación, de familiares de víctimas asesinadas o desaparecidas durante la guerra civil (1980-1992), fue para demandar al gobierno local que ponga ante la justicia internacional a 20 exmilitares reclamados por España, para ser juzgados por su responsabilidad en la llamada “Masacre Jesuita”, ocurrida en 1989, en la que soldados asesinaron a seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, así como a dos de sus empleadas. El escollo de esta contradicción tiene 18 años: una amnistía impuesta por el sistema político que perdonó a los autores de masacres campesinas espantosas y asesinatos selectivos de líderes populares y guías espirituales. Para las víctimas, reclamar justicia ha sido, hasta ahora, un reto sin mayores esperanzas. En la actualidad, un proceso judicial abierto desde 2009 en España mantiene detenidos a una buena parte de los jefes que comandaban al ejército en la guerra civil. Algo impensado hace apenas dos años, cuando comenzó el trámite en Madrid. Los militares están acusados de un acto atroz, que constituyó un crimen de lesa humanidad. Seis sacerdotes jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, fueron ametrallados sin piedad. Dos mujeres, colaboradoras domésticas de los curas, también fueron masacradas. Los soldados llevaban órdenes explícitas de sus jefes de no dejar testigos... En representación de las familias de las víctimas, Almudena Bernabeu, abogada querellante del proceso y abogada del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) de San Francisco, Estados Unidos, explica cómo en España se aprecia el proceso que en la actualidad mantiene a San Salvador como punto focal. “Bueno, no es una gran sorpresa que los exmilitares se hayan entregado al ejército, en el sentido de que ya hace varios días se habían recibido las órdenes (internacionales de detención) en El Salvador. Quizá lo más sorprendente es el paso que tomaron los militares de entregarse voluntariamente, aunque no sabemos muy bien cuál es su estrategia. “Sin embargo, la confirmación de que el Ministerio de la Defensa los ha puesto a disposición de la jurisdicción civil ordinaria, constituiría la apertura del proceso penal y quedarían en manos de un juez, que confío conoce la ley procesal y decretará la prisión para ellos, puesto que hay méritos, y a partir de ese momento la custodia de estas personas quedaría en manos de la Policía Nacional Civil (PNC)”, explica Bernabeu a Apro vía telefónica desde Madrid. El juez español Eloy Velasco está procesando a 20 exmilitares, pero actualmente sólo están detenidos nueve, quienes se entregaron voluntariamente al ejército salvadoreño. De acuerdo con la abogada acusadora, “la querella inicial contenía 14 personas, pero otras dos están colaborando y testificaron ante el juez”. Otros elementos militares han sido incluidos en la demanda –20 en total–, de los cuales únicamente de 11 se tenía la información completa, que fue puesta a disposición de la Policía Internacional (Interpol) para su captura. A la demanda original se adicionaron seis militares, debido a que en la investigación se tomaron en cuenta “elementos de prueba y documentación que surgieron de materiales clasificados inéditos (de archivos de Estados Unidos)”, de donde se detectó la participación más clara de personas, entre ellas el jefe del Batallón Atlacátl, Oscar Alberto León Linares, entre otros. “Las órdenes se han girado de la siguiente manera: el juez Eloy Velasco, en conversaciones con la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, le aseguró y prometió que iba a agotar todo el derecho de defensa, y exacerbarlo para que nunca tuvieran quejas los imputados de que no se les ha protegido en todo momento de sus derechos. De mayo a julio, el juez hizo gestiones para que los imputados se apersonaran ante él, personalmente o a través de sus abogados. Es el derecho de defensa legítimo. Transcurrido ese plazo, el juez pudo notificar a 11 implicados”, explica Bernabeu. Uno de los “notificados” es el exgeneral René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo pasado, y el otro es el excoronel Inocente Orlando Montano, quien supuestamente reside en Estados Unidos, pero hasta ahora no se le ha podido localizar. “No se ha podido notificar a los otros, que llegan a 20, porque nos faltaban datos de sus domicilios, pero estamos trabajando... El juez decidió hacer la gestión con los 11 que tenían los datos completos. En pocas semanas serán notificadas las personas que se añadieron y se emitirán las órdenes correspondientes”, acotó la querellante. Intenso debate nacional En el debate que se desató a nivel interno han surgido cuestionamientos al actual sistema judicial, como altos niveles de impunidad vigentes, acusaciones entre sectores políticos antagónicos y hasta la incredulidad de la sociedad acerca de si habrá justicia o no para tan horrendo crimen ocurrido hace más de 20 años. “Bueno, creo que las órdenes son legítimas. Espero que el Estado salvadoreño cumpla ya, como signatario, del convenio que obliga al Estado español a emitir las órdenes vía Interpol y a detener en función de esa orden a las personas señaladas y a ponerlas en prisión. “Eso debe permitir, a partir de allí, contar con un plazo de 45 días para que nosotros en España podamos gestionar las solicitudes de extradición”, aclara Bernabeu, quien en Estados Unidos ganó juicios civiles a dos generales salvadoreños y exministros de Defensa, así como a otros dos altos oficiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos contra salvadoreños-americanos, quienes los demandaron por la vía civil ante tribunales en diferentes ciudades estadounidenses y se han visto obligados a pagar millonarios desembolsos. El tema álgido del debate nacional está referido a la posible extradición, aunque el trámite concreto de este procedimiento no ha llegado a manos del Estado salvadoreño, ya que España tiene al menos 45 días para hacer la solicitud formal. Según la abogada Bernabeu, El Salvador y España tienen tratados recíprocos. “Procede la extradición o, en caso de negar la extradición, algo que pudiera ser tan importante o más sería conceder a enjuiciarlos nacionalmente. Los salvadoreños deben saber que no es una situación de extraditar o no extraditar. La relación del tratado dice que o se procede a la extradición o a juzgar en casa”, añade. Sin embargo, internamente los sectores de derecha alegan que el caso de los jesuitas ya fue juzgado en El Salvador y que, según procedimientos judiciales universales, no se puede juzgar dos veces por una misma causa. Al respecto, la parte querellante, representada por Bernabeu, dice: “Es importante reiterar, lo más posible, que hemos presentado pruebas a lo largo del proceso como partes acusadoras, pero no es sólo lo que nosotros presentamos, sino la determinación oral y por escrito de la Fiscalía española y del juez titular con respecto a la ilegitimidad –incluso le llaman ilegalidad– del proceso de 1991, que efectivamente fue un proceso penal con una sentencia, pero fue un proceso fraudulento”. Bernabeu agrega: “Se ha hecho jurisprudencia internacional en la que se trata de analizar la documentación y el manejo del proceso. Se han tomado declaraciones a jueces, congresistas y expertos. Todos han concluido que los procesos locales (en El Salvador) fueron fraudulentos. Los procesos fueron hechos en medio de graves irregularidades y de amenazas (como a los fiscales). No se procesó a los autores intelectuales. En 2001 tampoco hubo proceso, por lo que no se puede hablar de cosa juzgada”. Finalmente, la jurista añade: “Este no es un caso sólo de la muerte de los jesuitas, sino que tiene que ver con El Salvador y la muerte de miles de personas y la falta de justicia para todas las víctimas. Se está poniendo a prueba instituciones hoy reformadas y tras la elección de un presidente no asociado con los militares y el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). “Creo que abre un debate del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y de El Salvador mismo como Estado ante la comunidad internacional. En España estamos haciendo un trabajo riguroso. Si no hay extradición, pero se llega a un proceso nacional real, transferiremos todas las pruebas y habremos conseguido lo que deseamos como fin último: justicia en El Salvador”, concluye.