SAN SALVADOR (apro)-. Desde los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil que comenzó en 1980, la Fuerza Armada salvadoreña ha sido la institución del Estado con más admiración, prestigio y confianza en esta pequeña nación centroamericana. Pero actualmente, luego de que se inmiscuyó en tareas de seguridad pública, la percepción sobre su actuación ha comenzado a decaer por hechos graves registrados en los últimos tiempos, como el robo de armamento oficial para venderlo a narcotraficantes y pandilleros, locales y extranjeros. Y lo peor es que oficiales y soldados de la Fuerza Armada están involucrados con la organización criminal mexicana Los Zetas, según consta en investigaciones de agencias antidrogas de Estados Unidos y procesos judiciales locales. Desde hace más de un año, el presidente Mauricio Funes ordenó un amplio despliegue militar en todo el país para frenar los altos índices de violencia que enfrenta El Salvador. Ante la medida, varios sectores de la sociedad civil advirtieron sobre el peligro que corría la entidad castrense de ser infiltrada por el crimen organizado. Hoy vemos que hasta mayo de 2011, la Fuerza Armada reporta 42 militares destituidos y algunos procesados penalmente por vínculos con el tráfico de armas y las pandillas. En su momento, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contrariaron la medida, aduciendo que sólo acciones represivas no arrojan buenos resultados. Paulo Sergio Pinheiro, vicepresidente primero de la CIDH y Relator sobre los Derechos de la Niñez, calificó de “extremadamente inconveniente” la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues se trataría de “una respuesta espasmódica para la opinión pública, pero es un desastre en el horizonte”. En días recientes el presidente Funes, durante una visita oficial a México, dijo que los cárteles del narcotráfico, como Los Zetas de México, buscan reclutar a policías y soldados, así como comprar armas de guerra en el país. "En El Salvador hay muchas armas en manos de la población civil que aún no han sido legalizadas como producto de los 12 años de guerra civil. El trasiego de armas es impresionante en El Salvador y es muy probable que Los Zetas estén buscando obtener armas de asalto", dijo el mandatario a la prensa nacional y extranjera. De hecho, las autoridades calcularon que en El Salvador unas 800 mil armas de fuego están en manos de civiles, más de la mitad de ellas sin registro, en una población de apenas 6 millones de habitantes. Y hay que recordar que entre 85 y 90% de los homicidios ocurren con armas de fuego, de acuerdo con estadísticas oficiales. En mayo pasado, un tribunal en Estados Unidos acusó de terrorismo al oficial militar salvadoreño Héctor Antonio Martínez Guillén, por intentar vender armas y explosivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ampliamente ligadas al narcotráfico en Sudamérica. Las armas iban a ser robadas de los arsenales del ejército salvadoreño para luego venderlas a la organización armada colombiana. La acción fue descubierta a raíz de un “señuelo” que agentes del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) le tendieron a Martínez, quien fue capturado en territorio estadunidense, creyendo que negociaba con elementos de la FARC millonarias cantidades de dinero para montar una estructura de tráfico de armas en El Salvador. En los últimos días, el diario salvadoreño La Prensa Gráfica informó que había ganado un proceso judicial por difamación que fue abierto por un alto oficial del ejército salvadoreño, el coronel José Arturo Rodríguez Martínez, debido a que el rotativo publicó, el 30 de noviembre 2010, un reportaje en el que se cita una investigación de la DEA y aparece mencionado el nombre de Rodríguez Martínez como ayudante de Los Zetas, junto a otro exoficial que supuestamente adiestra o adiestró militarmente al grupo criminal mexicano. El pasado martes 2, el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, aseguró públicamente que la DEA no había entregado al Estado salvadoreño ningún informe o documentación que vincule al coronel Martínez en hechos delictivos, pero en la sociedad salvadoreña ha quedado la incertidumbre y la duda sobre el hecho. A estos hechos se su suman cada vez más casos de militares o familiares de éstos que venden armas a las pandillas o “maras”, grupos violentos que han convertido a sus miembros en sicarios y narcomenudistas de cárteles mexicanos y colombianos en Centroamérica, según deducciones del propio presidente Mauricio Funes. Además, se ha verificado que existen al menos seis militares procesados por vender armas –entre fusiles y granadas de fragmentación– a las llamadas “maras”. Así, por ejemplo, está el caso de un soldado de las tropas especiales que, estando en el cuartel de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), entregó un fusil M-16, de asalto y de uso exclusivo del ejército, a un jefe de pandillas. Del militar no se conoce el nombre, pero en abril pasado el hecho trascendió a la prensa local. La policía ha detectado la utilización de dicha arma en diversos hechos sangrientos, entre ellos el asesinato de una pareja y un bebé en el municipio de Anamorós, provincia de La Unión, ocurrido en octubre de 2010, y la ejecución de dos menores de edad en el polideportivo del caserío El Morral, provincia de La Libertad, en junio del año pasado. Según Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la difícil situación para la Fuerza Armada se veía venir, dado que la región se ha visto acechada desde hace algún tiempo por los cárteles de la droga. “Nosotros advertíamos que los miembros del ejército podrían estarse involucrando en el crimen organizado, y esto lo decíamos porque se advertía que en El Salvador ya aparecían algunos rastros en los que Los Zetas aparecían en el país”, dice. Flores asegura que las razones principales por las cuales los soldados se involucran con el crimen organizado son las condiciones que enfrentan, entre ellas bajos salarios, y prevé que la situación se agrave. “Nosotros creemos que el presidente de la República tiene que comenzar ya a hacer una evaluación muy objetiva sobre el tema del ejército en las calles y en los centros penales”, dice el especialista. El peso de la impunidad De acuerdo con el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, la infiltración “viene desde la época de Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994”, pero en la actualidad es más evidente. Cuéllar afirma que los “violadores de derechos humanos”, asociados principalmente a la Fuerza Armada, tuvieron que ver durante la guerra con el crimen organizado, debido a la impunidad que se vivía, misma que se institucionalizó en los siguientes gobiernos. El propio presidente Funes ha reconocido que los gobiernos anteriores, que pertenecieron al derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), permitieron y apadrinaron al crimen organizado que se ha incrustado en la institucionalidad salvadoreña. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, bajo los auspicios de Naciones Unidas, se formó una comisión para investigar a los grupos irregulares que se formaron una vez concluida la guerra. La conclusión principal que se dio a conocer o que circuló públicamente fue que las bandas organizadas delincuenciales tenían un nexo con las estructuras de lo que fueron los escuadrones de la muerte, apoyados por la ultraderecha. Según el director del IDHUCA, las actuales autoridades salvadoreñas han logrado resultados positivos en diversas áreas, pero en lo que se refiere a la captura y procesamiento de delincuentes en la Fuerza Armada, dice, “la casa debe barrerse de la última a la primera planta, si no la basura le cae en la cara a uno”, de manera que se debe investigar a los altos mandos del ejército para sanear a la institución. Nelson Flores considera que para evitar que el ejército se siga vinculando con el tráfico de armas y drogas, todo el séquito de militares debe regresar a los cuarteles. Además, agrega, debería instrumentarse una inspectoría, similar a la de la Policía Nacional Civil (PNC), pero que sea dirigida por civiles. “Debería de ser una inspectoría externa, ya que sí existe una dentro del ejercito, pero esa unidad no tiene mucha relevancia”, afirma, y añade que a pesar del amplio despliegue militar en el país, los resultados han sido “mínimos”, tal como lo ha revelado el propio ministro de Defensa, David Munguía Payés. Según estadísticas policiales, en el primer trimestre de 2010 se registraron 1,073 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2011 se calcula que se perpetraron alrededor de 1,003, lo que indica que en El Salvador diariamente son asesinadas 12 personas, lo que lo ha convertido en uno de los país más violentos del mundo. Ejércitos centroamericanos, proveedores de armas Según cables diplomáticos filtrados por Wikileads y publicados en medios internacionales, el problema no es exclusivo de El Salvador, ya que los ejércitos centroamericanos son los mayores proveedores de armas de grueso calibre para los cárteles del narcotráfico. Las armas provienen de las armerías de los ejércitos de Centroamérica y entran por la frontera que divide a México y Guatemala, de acuerdo con los cables enviados por la embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado, entre marzo de 2009 y enero de 2010. No obstante, no todos los gobiernos centroamericanos hacen mea culpa ante la situación. En días recientes el ministro de Defensa de Honduras, Marlon Pascua, negó que los narcotraficantes de México sean abastecidos por armas de los ejércitos del istmo centroamericano. “Nosotros habíamos venido señalando que lo que se había querido hacer creer, de que las bandas de narcotraficantes en México, por ejemplo, están siendo abastecidas por armas que surgían de los ejércitos de Centroamérica y de Honduras, específicamente, eso era falso (...) Todas las Fuerzas Armadas (centroamericanas) son incapaces de poder abastecer con un nivel de armas de ese tipo”, dijo el militar a la prensa hondureña. Como dato, el gobierno mexicano señaló que en los últimos cuatro años han incautado 225 mil armas a los narcotraficantes, así como 12 millones de cartuchos de proyectiles. Y está comprobado que buena parte de ese armamento se vende en comercios legales de Estados Unidos. Históricamente se ha dicho que los ejércitos centroamericanos proveen de armas al narcotráfico y la guerrilla colombiana, sin embargo, pruebas reales y procesos judiciales se han llevado a cabo únicamente contra individuos particulares, como es el caso salvadoreño. Ello, entonces, no niega que existan nexos más profundos y difíciles de descubrir hasta en tanto los sistemas judiciales y de seguridad no combatan la corrupción existente en su propio seno y dejen de permitir los jugosos sobornos que alimentan la impunidad.