SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA (Proceso).- Cansada de que el asesinato de su esposo José María Latiegui –ejecutivo de la empresa Moulinex abatido a tiros por ETA– lleve impune más de 30 años en España, Ramona Garrido recurrió al fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar al grupo armado por “crímenes contra la humanidad”. Más aún: el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la mujer de 71 años envió una carta a las embajadas de México, Cuba, Venezuela y Argentina en España para plantearles que, de ser acreditados los crímenes de lesa humanidad, los miembros de la banda estarían impedidos de recibir cualquier tipo de asilo o acogimiento en estos países. Garrido les solicita que inicien los procesos penales contra los etarras afincados en dichos países para que “se verifique hasta dónde llega su responsabilidad en la persecución de miles de personas en el País Vasco, con los cerca de mil asesinados a tiros o en atentados terroristas, las 4 mil personas perseguidas y protegidas por escoltas y las 250 mil personas forzadas a abandonar esta comunidad” por la violencia. El abogado Miguel Ángel Rodríguez, experto en derecho internacional, calcula que en América hay al menos 200 miembros de ETA, 40 de los cuales estarían residiendo en México, que tienen o tuvieron participación en la organización o responsabilidades de mando del grupo. Aunque no ofrece datos concretos sobre estos 40 etarras en suelo mexicano advierte que la información está basada en reportes provenientes de las fuerzas de seguridad españolas. Autor de la denuncia ante La Haya, fechada el pasado 5 de diciembre, Rodríguez dice en entrevista que son respetuosos de la colaboración de México con España en el combate al terrorismo, aunque considera que de acuerdo con la Convención de Ginebra a los etarras “México tendría que negarles de facto el acogimiento”. Explica: “Le pedimos respetuosamente a México y a los otros países que inicien los procedimientos legales, porque tenemos sospechas de la presencia de personas implicadas en crímenes contra la humanidad, que están bajo alguna forma de acogimiento contraria a la Convención de Ginebra de 1951, que lo prohíbe. “Somos plenamente conscientes del enorme esfuerzo de México contra el crimen organizado que les ha golpeado como a nosotros y de la noble contribución de México a lo largo de la historia en momentos clave de nuestra historia como españoles; por esa razón tenemos confianza en poder explicar al embajador (de México) nuestros argumentos sobre estas 40 personas con responsabilidad internacional presentes en México”. Las cartas están dirigidas a los presidentes Cristina Fernández, de Argentina; Raúl Castro, de Cuba; Hugo Chávez, de Venezuela; y Felipe Calderón, de México. Garrido y Rodríguez entregaron la misiva en la embajada de México en España y pidieron un encuentro con el embajador Jorge Zermeño. Sin embargo, debido a que aspira a una senaduría por Coahuila, el panista hizo efectiva su renuncia al cargo el 20 de diciembre. Hasta esa fecha no se había reunido con Garrido. No obstante, el abogado de ésta explicó que esperan tener noticias de las embajadas en este mes, después del periodo decembrino. En la carta la demandante pide que su escrito sea remitido por los cauces diplomáticos no sólo a Calderón, sino a los presidentes de la Suprema Corte, Juan Silva Meza; de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet; al senador panista José González Morfín, así como a los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré; de Seguridad Pública, Genaro García Luna y a la procuradora general de la República, Marisela Morales. Rodríguez afirma que la denuncia por delitos contra la humanidad se basa en el hecho de que la “organización terrorista perpetró ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, tal como lo prevé la convención. Asimismo, ETA llevó a cabo la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada”, en este caso, por motivos “políticos” y “nacionales”, como lo señala el artículo 7 de la convención. No sólo eso, Rodríguez sostiene que esta convención ni siquiera exige que haya un procesamiento formal para denegar cualquier forma de asilo, sino que sólo basta la sospecha de que se cometieron dichos delitos. Recuerda el caso del general iraquí Yunes Allami, miembro del régimen de Saddam Hussein, a quien se le negó el asilo por haber motivos fundados de que cometió delitos contra la humanidad o delitos de guerra. Explicó que aunque México y España mantienen un tratado de extradición, estas medidas son independientes porque recaerían en el ámbito del derecho internacional. Este tratado de extradición fue reformado en 1995 y entró en vigor un año después, para prever los delitos fiscales y el de terrorismo (Proceso 969). Asimismo sostuvo que la Convención de Ginebra prevé “graves responsabilidades internacionales” para los países que no cumplan con la prohibición expresa de ofrecer asilo a una persona o autoridad que haya cometido delitos contra la humanidad. El pasado 28 de diciembre, Garrido también solicitó al Congreso de los Diputados español abrir una Comisión de Investigación sobre la situación de los alrededor de 250 mil desplazados que se vieron obligados a abandonar el País Vasco a consecuencia de la violencia terrorista. En el documento de 40 páginas, la viuda de Laitegui argumenta que los desplazados deben ser beneficiados con un plan nacional de reparaciones, y también demanda que puedan participar en las elecciones del País Vasco.   Viuda coraje   El 17 de febrero de 2010 Ramona Garrido declaró al Diario Vasco que durante años dijo que su marido “había muerto en un accidente de coche” debido al ambiente de opresión en el País Vasco contra las familias de las víctimas. Pero en realidad su marido cayó abatido a tiros el 14 de abril de 1981 cuando salía de su trabajo en la empresa Moulinex, en Usurbil, Guipúzcoa. Sin hacer aspavientos peleó para que se hiciera justicia. Incluso se entrevistó con el presidente francés Nicolas Sarkozy para conseguir que Francia extraditara a España a José Antonio Zurutuza Sarasola, Acuyo, presunto homicida de Latiegui, lo que consiguió en junio de 2004. Sin embargo la sala penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez, acordó el sobreseimiento de esta causa al considerar que había transcurrido el plazo de prescripción de 20 años previsto en el Código Penal de 1973 vigente en el momento en que se produjo el delito. En febrero de 2010 Zurutuza fue enjuiciado por los asesinatos del delegado de Telefónica en San Sebastián, Enrique Cuesta Jiménez, y el de su escolta, Antonio Gómez García. En la sesión del 12 de febrero Ramona y su hija Amaia Latiegui fueron expulsadas de la sala del juzgado por el magistrado Bermúdez cuando exhibían fotografías de su víctima en protesta porque no se enjuiciaba a Acuyo por el caso Latiegui. “Por eso recurrí a Europa, porque aquí no obtuve justicia”, reprochó tras acudir a La Haya.   ETA en México   Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, dice en entrevista que efectivamente en el Distrito Federal, Monterrey y Oaxaca hay personas que han pertenecido a ETA, muchos de ellos con negocios, como restaurantes; algunos arrastran “delitos de sangre” pero están “retirados”; otros han seguido colaborando con el grupo separatista con el envío de información. Como consultor de seguridad para algunas de las principales multinacionales españolas afincadas en México, De la Cruz dice, “en México, ETA nos ocupa, pero no nos preocupa”. Explica: “En los análisis de riesgos que elaboramos siempre contemplamos la posibilidad de que ETA pueda actuar contra los intereses españoles en México, como cometer un secuestro” de empresarios ibéricos. Así, dice que “por razones de seguridad” su agencia cuida el proceso de selección de personal mexicano que labora en las trasnacionales españolas para que en ellas no exista algún tipo de fuga de información. Señala que en muchas entidades españolas a las que se asesora en México “hay directivos de seguridad que conocen muy bien el modus operandi de ETA”. Sin embargo dice no preocuparle la presencia de personas en México vinculadas con ETA debido a que los “riesgos” de que lleven a cabo un atentado “no son elevados”. Incluso, señala, “sabemos que muchos ya no quieren participar en actos de violencia, no quieren reintegrarse (a la organización). ETA se equivocaría si actúa en México, tendrían encima de inmediato al gobierno y a la policía mexicana, se meterían en un problema y se les acabaría la posibilidad de vivir bien y tranquilos”. De la Cruz sostiene que funcionarios de la PGR lo han consultado sobre la eventualidad de que miembros de ETA hubieran asesorado a narcotraficantes mexicanos en la preparación de coches-bomba, como los que ya se han usado en Ciudad Juárez o en Tamaulipas. Comenta que este tipo de atentados en México lo sorprendió “porque el narco no tiene experiencia en coches-bomba. De hecho yo estaba allá en México y me entrevisté con un responsable de la PGR. Me preguntó y le dije que había que ver el explosivo y cómo está montado, con el fin de confirmar si viene del entorno etarra”.