MADRID (apro).- Sentado en el banquillo del Tribunal Supremo, donde se le inició juicio por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, el juez español Baltasar Garzón aseguró que su orden de intervenir las comunicaciones de los cabecillas del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en España, fue para evitar la actuación continuada del blanqueo de dinero que mantenía la cúpula corrupta desde prisión. En el proceso conocido como el “juicio de la vergüenza”, Garzón se defendió argumentando que los abogados de los principales cabecillas eran “parte nuclear” de la actividad delictiva, para mover dinero negro que la cúpula tenía en el extranjero, y el que no ha sido recuperado. Garzón, quien la semana pasada participó en México en foros sobre el combate a la corrupción y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Hidalgo, compareció en la primera de las tres causas judiciales que le sigue la justicia española; el 24 de enero inicia el juicio en su contra por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Tanto su defensa como gente de su entorno y no pocos medios de comunicación españoles resaltaron lo contradictorio que resulta que Garzón esté siendo enjuiciado primero que la propia trama corrupta encabezada por Francisco Correa, y que implica a miembros del Partido Popular (PP). El juez español quien alcanzó notoriedad internacional por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y que fue el azote de la banda armada ETA, dijo ante el tribunal que en ningún momento se vulneró el derecho de defensa de los implicados en el caso Gürtel, el centro de la acusación en su contra. Precisó que “en ningún momento” dio la orden de intervenir las comunicaciones de los abogados, sino exclusivamente la de los internos Francisco Correa, su socio Pablo Crespo, y un tercer implicado, porque el curso de la investigación arrojó indicios de que la actividad delictiva de la trama continuaba con Correa y Crespo desde la cárcel. La decisión, amparada en la petición del Ministerio Fiscal (ministerio público) y de la propia policía, tuvo como fin evitar que se siguiera cometiendo el delito de blanqueo de 20 millones de euros, tratar de recuperar esos fondos desviados, pero siempre con la “clarísima intención” de preservar el derecho de defensa de los acusados, afirmó. Luego que el presidente del tribunal le ordenara que se quitara la toga, Garzón –visiblemente afectado de afonía por una gripa— explicó: “Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización” Identificó a Ramón Blanco Balín (quien en el pasado fue directivo de Repsol), y a los abogados José Antonio López Rubal y Manuel Delgado –también acusados en Gürtel— como la correa de transmisión entre los cabecillas y el mecanismo para el blanqueo de capitales, a los que se les añadieron otros delitos, como defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias. El juez Garzón –suspendido de sus labores como magistrado de la Sala de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010— repitió al juez Ignaro Peláez –representante legal del empresario José Luis Ulibarri— y a los abogados de Correa y Crespo, que “se adoptaron todas y cada una de las medidas para que ese derecho de defensa quedara prevenido”. Tanto así, dijo, que en “ninguna de las diligencias que abrió contra los imputados guardaban relación con las comunicaciones intervenidas”. Aclaró que le interesaban “muy poco” las estrategias de defensa de los abogados de Correa y de Crespo, por tanto, ninguna de esas conversaciones quedaron asentadas en las diligencias. Garzón incluso dijo a Peláez, a quien también se le grabó, que sus visitas a la cárcel de Soto del Real a los presuntos cabecillas de la trama, no eran prueba de que él tuviera la defensa legal de Correa o de Crespo. El juicio que tendrá una duración de tres días, inició por la mañana de este martes 17, momento en el que el tribunal rechazó la recusación de Garzón para retirar del tribuna a los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, planteadas por su abogado defensor Francisco Baena Bocanegra, por afectar su derecho de defensa. La petición de Garzón se basó en que Varela y Marchena han instruido en su contra las otras causas pendientes, es decir el caso de las víctimas del franquismo y el de los supuestos pagos del banco Santander a Garzón para organizar unos seminarios en la Universidad de Nueva York, tras de lo cual falló por el archivo de una causa contra esa institución bancaria, según señala la acusación. No obstante, el tribunal aceptó escuchar en privado una serie de grabaciones sobre el caso Gürtel y la comparecencia de un testigo solicitado por la defensa del magistrado suspendido. A su llegada al tribunal, Garzón fue saludado por un grupo de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que le dieron ánimos; lo mismo, un grupo de simpatizantes contra el “juicio de la vergüenza” le han apoyado.