MADRID (apro).- Amnistía Internacional (AI), Human Right Watch (HRW) y la Comisión Internacional de Juristas acudirán como observadores al segundo juicio que se sigue contra el juez Baltasar Garzón –que inicia este martes 24– por declararse competente para investigar las desapariciones forzadas cometidas por la dictadura franquista (1936-1976). Reed Brody, consejero jurídico y portavoz de HRW, señaló que ésta “es la primera vez que en una democracia consolidada se juzga a un magistrado por defender los derechos humanos. Es la primera vez que en la Unión Europea un juez es sometido a un juicio penal por aplicar el derecho internacional”, agregó. Por su parte, Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía, pidió que los cargos contra el juez Garzón sean “desestimados” y la causa retirada de inmediato, pues –consideró– es un “proceso de naturaleza escandalosa”. Garzón es acusado por los organismos ultraconservadores “sindicato Manos Limpias”, que encabeza el ultraderechista Miguel Bernard, y la Asociación Libertad e Identidad –que piden 20 años de inhabilitación del magistrado–, por cometer el presunto delito de prevaricación, que es tomar una resolución judicial a sabiendas de que es injusta. El Tribunal Supremo desestimó la acusación contra Garzón presentada por la Falange Española del Jons, uno de los brazos represores del franquismo; se rechazó por cuestiones “de forma”. El juez –suspendido por el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo de 2010— y su defensa han argumentado que no existió la comisión de ese delito, porque su resolución para declararse competente para investigar la desaparición de 114 mil personas se basaba en los preceptos del derecho internacional y no en la Ley de Amnistía española, de 1977. Brody aseguró que el proceso contra Baltasar Garzón no solo tendría un efecto negativo en la independencia de los jueces en España, sino a nivel internacional, ya que, por ejemplo, en Haití un juez está atento al caso español, debido a que él mismo debe aplicar una legislación similar contra los crímenes del dictador Duvalier. Este “efecto de intimidación” sobre otros jueces que analizan casos de delitos de lesa humanidad, provoca que “los abogados y jueces de otros países del mundo tengan los ojos puestos en las represalias a Garzón”, apuntó. Los representantes de organismos de derechos humanos y Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, coincidieron en que el proceso afecta la independencia del Poder Judicial. Hugo Ruelva, de AI, advirtió que “la obligación de España y de cualquier estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo”. Incluso aseguró que en AI tienen preocupación “por cómo marchan las cosas en este país”, no solo ante la apertura del juicio, sino por la regresiva reforma legislativa que limitó las posibilidades de la jurisdicción universal en España, del año 2009. Expresó que “los crímenes de guerra o de lesa humanidad no pueden ser amnistiados” porque son delitos que se preservan en el tiempo, y no existe amnistía alguna que los pueda proteger. Brody añadió que resulta “paradójico que (Garzón) sea juzgado por intentar aplicar los mismos principios que llegó a promover en el ámbito judicial mundial”, cuando puso en marcha las investigaciones contra las dictaduras de Chile y de Argentina. “Es un juez con enemigos, que molesta, que incomoda y cuestiona, pero la sociedad española y el mundo necesita a jueces con valor, es la esencia del estado democrático; no queremos jueces que digan: sí señor frente al poder”, lamentó. Pedro Nikken, también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añadió que “abandonar a un juez que aplica la justicia universal a favor de las víctimas significa atentar y quebrantar uno de los pilares del estado de derecho”. Por su parte, el moderador del encuentro con la prensa, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), dijo que “a partir de mañana se verá si las víctimas están en un callejón sin salida”, en referencia a los familiares de las víctimas del franquismo, que buscan a sus familiares en las cunetas de los caminos de España, donde muchos fueron asesinados. José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado del Tribunal Supremo, defendió la resolución de Garzón de declararse competente en los crímenes del franquismo, porque “ser competente o no, no es un delito”.