Denuncian irregularidades en el juicio contra Garzón

martes, 24 de enero de 2012
MADRID., (apro).- En el inicio del segundo juicio contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura franquista, el fiscal Luis Navajas coincidió con los argumentos de la defensa del magistrado al pedir el sobreseimiento de la causa y la nulidad de dicho proceso. La defensa de Garzón, encabezada por Gonzalo Martínez-Fresneda, acusó al juez instructor de la causa, Luciano Varela Castro, de perder “su imparcialidad” al violentar normas básicas y dejar a la defensa en la “indefensión”, al rechazar todas las pruebas y recursos promovidos por Garzón. El fiscal Luis Navajas calificó de “insólita” la actuación de Varela en el procedimiento al conducir a la parte acusadora, las organizaciones ultraderechistas –sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad– y permitirles subsanar los defectos que presentaba su acusación inicial. Luego recurrió a una cita taurina al señalar que Varela “devolvió los toros a los toriles, porque el morlaco que salía no estaba bien presentado, no podía ser lidiado en una plaza de primera”. Hoy, en la primera jornada del llamado juicio de la “Memoria Histórica”, varias decenas de familiares de víctimas del franquismo y miembros de las plataformas de Memoria Histórica protestaron en las puertas del Tribunal Supremo para apoyar a Garzón y repudiar que se le juzgue a él y no los crímenes franquistas. “Tenemos memoria, queremos justicia”, “Tribunal Supremo. Suprema impunidad” y “España al revés: fascistas y corruptos hacen juzgar al juez”, se leía en algunas de sus pancartas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) colocó una enorme manta con una fotografía con restos humanos en una tumba clandestina, con la leyenda: “¿No hay justicia para estos crímenes?”. Entre los manifestantes, se encontraba la actriz Pilar Bardem, madre de los actores Javier y Carlos Bardem; el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el diputado de esa formación, Gaspar Llamazares, el exfiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, calificó de “enorme atropello” y de “enorme injusticia” el llevar a Garzón al banquillo de los acusados por iniciar una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco. Antes de entrar al tribunal, Garzón contó –como sucedió la semana pasada, cuando se sentó en el banquillo de los acusados por el caso Gürtel– con el apoyo de sus excompañeros de la Audiencia Nacional, los jueces Santiago Pedraz, Fernando Andreu, José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Clara Bayarri, así como de la fiscal Dolores Delgado En opinión de algunos juristas presentes en el juicio, el juez Garzón y su defensa salieron fortalecidos frente a una débil argumentación de la parte acusadora, que no logró definir en concreto cuáles resoluciones de Garzón eran injustas y que presuntamente le hicieron incurrir en el delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución judicial a sabiendas de que es injusta, y por el que piden la máxima pena de 20 años de inhabilitación para volver a tomar cualquier cargo de la carrera judicial. Sólo argumentaron que, a su juicio, todas las resoluciones que dictó lo son. Una vez planteadas las acusaciones, el juicio se reanudará el próximo martes 31 de enero, cuando declarará el juez Garzón. En su argumentación, el fiscal Navajas señaló que el fallo del magistrado Varela, instructor del proceso contra Garzón, al permitir que Manos Limpias subsanara los defectos de su escrito de anulación, obligaban a hacerla nula por generar manifiesta “indefensión” del acusado. “Si la parte acusadora había sido incapaz de presentar un escrito de acusación con cierto sentido, lo lógico hubiera sido excluirla con todas las consecuencias y archivar la causa”, señaló.  Según el fiscal, Varela “transmutó un escrito de acusación que no se sostenía y coadyuvó de manera definitiva a reconstruir lo que era irreconstituible, una colaboración que está vedada”, de acuerdo con las normas vigentes. Asimismo, calificó como una “frivolidad” que la defensa de Manos Limpias calificara como “fuegos de artificio” los argumentos de la defensa del juez procesado, para pedir el sobreseimiento de la causa. La sala penal del Tribunal ya había rechazado a más de la mitad de los testigos solicitados por Baltasar Garzón, entre ellos el mexicano Sergio García Ramírez –actual consejero del Instituto Federal Electoral– como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (2004 a 2007). Tampoco admitió la comparecencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El tribunal sólo admitió la declaración del juez Garzón y de una veintena de representantes de asociaciones de memoria histórica de distintas zonas de España. El abogado de la acusación, Joaquín Ruiz Infante, señaló que a la defensa de Garzón lo que le “molesta” es que el magistrado instructor “apreció indicios de prevaricación y los delimitó claramente”. Según dijo, la sala no puede volver a revisar una cuestión que “ya resuelta en firme”, dado que el tribunal que intervino la fase de instrucción avaló las resoluciones del juez Varela. Según la acusación, Garzón vulneró la Ley de Amnistía, la de Memoria Histórica y principios básicos del Estado de derecho, como la irretroactividad de las normas penales desfavorables. En su oportunidad, el abogado de Garzón, Martínez-Fresneda, pidió a la sala del Tribunal Supremo que declare nulo el escrito de la acusación, lo que supondría el fin del juicio Se basó en la invalidez de que el instructor Luciano Varela haya dado una segunda oportunidad a Manos Limpias para formalizar un nuevo escrito de acusación.  “No existe precepto que ampare semejante iniciativa del instructor ni existe precedente jurisprudencial” que le permitiera mejorar la acusación con un nuevo escrito, incluso haciendo una operación de “copia y pega” de un escrito judicial del propio Varela para justificar el presunto delito de prevaricación. En la jornada de hoy estuvieron presentes como observadores los representantes legales y portavoces de Amnistía Internacional, Hugo Relva, de Human Right Watch, Reed Brody, y Pedro Nikken, de la Comisión Internacional de Juristas.

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