País Vasco: entre la reconciliación y el odio

lunes, 9 de enero de 2012
El anuncio por parte de ETA de deponer las armas no es suficiente. Aún falta que la organización separatista se disuelva, que su brazo político, la izquierda abertzale, condene el terrorismo y que se inicie un complicado proceso para “extirpar el odio” en el País Vasco, en cuya sociedad cohabitan víctimas y victimarios. Pero según expertos, ETA tiene prisa: busca que Bildu y Amaiur –organizaciones políticas dominadas por la izquierda abertzale– se fortalezcan de cara a las elecciones autonómicas de 2013 para ganar por la vía de las urnas lo que no obtuvo por la de las armas: una mayoría nacionalista que impulse una declaratoria unilateral de independencia. SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA (Proceso).- Borja Semper, presidente del Partido Popular (PP) de Guipúzcoa, ha vivido protegido por escoltas armados casi la mitad de su vida: 16 de sus 35 años. La razón: ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad, en euskera) ordenó su asesinato en 1995, cuando aún cursaba la universidad; incluso la organización pintó su sentencia de muerte en la fachada de su casa. “Yo nací en democracia, pero no he vivido en libertad. Desde el colegio, pasando por la universidad y la época adulta, todo ha sido miedo o prevenciones”, dice Semper al enviado de Proceso. “En la familia, recuerdo, no existían demasiadas inquietudes políticas, pero cuando se llegaban a tocar estos temas, el comentario siempre iba acompañado de la coletilla: ‘Pero en la calle no digas nada’.” En el comando que intentó asesinarlo en los noventa participaba Iratxe Sorzábal, actualmente prófuga y quien junto con David Plá e Izaskun Lesaja forma parte de la actual cúpula dirigente de ETA. Los tres fueron identificados por la policía como los etarras que el pasado 20 de octubre leyeron el comunicado que anunciaba el cese definitivo de la violencia. Iratxe leyó el texto en euskera. Tras este anuncio Semper escribió una carta a sus padres, que luego hizo pública, en la que recordó la llamada telefónica de un agente de la policía para informarle que estaba en la mira de ETA: “Parece que el comando que detuvimos ayer iba a darte matarile… Te has salvado por los pelos, has estado más muerto que vivo. Iban a volver, te tienen ganas”, le dijo el agente policiaco. Sorzábal no es desconocida para Semper. Fueron amigos en el barrio y compartieron juegos en la infancia, lo mismo que otros miembros de dicho comando. “De pequeño jugué futbol con todos ellos en el barrio”, asegura el parlamentario vasco, miembro de la llamada “generación Miguel Ángel Blanco”, en referencia a un joven concejal del PP asesinado por ETA en 1997. “Sus padres eran amigos de mis padres”, prosigue. “Ellos siguieron el camino de la violencia, pero como yo no, entonces pasé a formar parte del enemigo. Esa es la realidad del País Vasco: mi historia es la de miles de vascos, miles que hasta ahora han vivido en silencio en los pueblos vascos para no convertirse en víctimas del terrorismo. Pero ahora estamos ante una compleja oportunidad para entrar en una nueva etapa.” Semper advierte que el fin de la acción violenta fue provocado por “una crisis interna de ETA y en sus variables (políticas), que se concreta en que los ‘políticos’ le dicen a los ‘militares’: ‘Durante años ustedes han mandado y llevado la estrategia, pero no está siendo eficaz porque nos detienen, nos encarcelan. Las pistolas y las bombas no doblegaron la voluntad del Estado y además tenemos cortada la acción política’. Esa crisis interna que duró años se salda con una victoria de los que quieren acabar con la estrategia armada”. “El ‘pero’ de esta historia es que dicho cambio no es producto de una revisión crítica de la estrategia terrorista desde el punto de vista moral y ético, sino que es una revisión estratégica: ‘Poner bombas y asesinar no nos está dando resultados; por tanto, hay que posicionarnos en el terreno político’.” El otro lado de la moneda, dice, es que “los hemos derrotado, aunque no sea por convencimiento de ETA”; es una “victoria del estado de derecho y de la resistencia política y civil, no una concesión graciosa de ellos”. Se refiere a que la policía y la justicia de España y Francia debilitaron a ETA al grado de que en septiembre pasado se estimaba que sólo había 50 “miembros libres”, según fuentes del Ministerio del Interior. Sólo entre 2008 y 2010 cayeron seis cúpulas dirigentes, entre ellas la de Javier López Peña, Thierry, y la de Mikel Garikoitz, Txeroki. De 2008 a 2011 habían sido capturados 336 de ellos y ETA tuvo que renunciar al cobro del “impuesto revolucionario”, una de sus fuentes de financiamiento.   Territorio ETA   Desde las elecciones de mayo pasado San Sebastián, capital de la provincia guipuzcoana, es gobernada por Bildu, una coalición de partidos independentistas encabezados por la izquierda abertzale (brazo político de ETA). En esos comicios Bildu también obtuvo mayoría en la diputación foral de Guipúzcoa y triunfos en otros ayuntamientos de la costa vizcaína (Bermeo, Ondarroa, Gernika) y en pueblos guipuzcoanos como en Hernani, Rentaría, Andoain, así como en Navarra. La primera medida de gobierno en San Sebastián fue retirar la foto del rey Juan Carlos y en otros nueve ayuntamientos se retiró la bandera española, como en Lizarza, donde las autoridades de Bildu colocaron una bandera con un letrero en el que exigen el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Sin embargo las principales avenidas de San Sebastián, la zona turística o el casco viejo se muestran igual que cuando era gobernada por los socialistas: sigue siendo una ciudad de corte aburguesado, con un alto nivel de vida, buenos servicios públicos y una importante presencia de turistas que disfrutan de paseos marítimos o del equilibrio entre las vetustas construcciones y los diseños vanguardistas. No obstante, es la misma ciudad donde fueron asesinados líderes políticos como Gregorio Ordóñez, antecesor de Semper en la dirigencia del PP y candidato a la alcaldía y quien fue baleado mientras comía en un bar, en enero de 1995; o por donde transcurren los viernes las manifestaciones de los familiares de los “presos políticos vascos”, los “represaliados vascos”, como llaman a los etarras procesados por la justicia. Gorka, propietario de un restaurante en la calle San Martín, comenta: “Es complicado explicar a alguien que viene de fuera lo que ha sucedido aquí en el País Vasco. Somos una sociedad muy compleja. Pero cuando caminas por San Sebastián te das cuenta que tenemos un nivel de vida que nos puede equiparar a cualquiera otra ciudad europea. Entonces no te explicas por qué aquí ha existido una banda terrorista durante más de 50 años”. –¿Cómo se vivía antes del anuncio de ETA de deponer las armas, y ahora? –Siempre vivíamos con inquietud, con miedo. A mí nunca me pasó nada, pero a un amigo de Mondragón le exigieron el impuesto revolucionario. Era lo habitual. Enterré a otro amigo muy querido que lo asesinaron, y también a un vecino. Gorka dice sentirse ahora más tranquilo tras el anuncio del fin de la violencia “aunque ellos (los etarras) nunca van a reconocer que eso se deriva de su declive y por eso se vieron obligados a dar paso a sus brazos políticos”. Y es que aparte de Bildu, en las elecciones del pasado 20 de noviembre Amaiur, otra plataforma independentista dominada por la izquierda abertzale, obtuvo más de 284 mil votos, que le dieron siete escaños en el Congreso de los Diputados luego de 18 años de ausencia. Sin embargo, la mayoría del PP en el Congreso impidió a Amaiur formar un grupo parlamentario que ésta reclamaba. En la sesión de investidura presidencial de Mariano Rajoy, el diputado abertzale Iñaki Antigüedad le pidió a éste “ser un estadista” y resolver el “conflicto político” en el País Vasco, reconocer los derechos nacionales de Euskal Herria y cambiar la política penitenciaria para acercar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Este último punto es una condición para la eventual disolución de la banda armada. Así lo definió el diputado de Amaiur, Rafael Larreina, en declaraciones a Radio Euskadi: “Se le suele exigir a ETA que se disuelva, pero una organización de este tipo no puede disolverse si antes no tiene solucionados los temas técnicos. Junto con la entrega de las armas siempre está en el otro lado qué pasa con las personas que están en prisión”. En respuesta a Antigüedad, Rajoy fijó una postura diametralmente opuesta. Advirtió: “Ni yo ni España les debemos nada, somos acreedores”. Y apuntó que su único deber es “cumplir la ley, las leyes, los reglamentos y los decretos”. “Una frase definitoria, ‘no les debemos nada a ustedes’, es para entender la situación en la que estamos”, dice José María Múgica, testigo del asesinato de su padre, el dirigente socialista Fernando Múgica, en febrero de 1996. Explica: “El terrorismo se ha combatido con éxito desde la unión y la fortaleza del Estado, con la acción policial y judicial, la aplicación de la Ley de Partidos (que ilegaliza a los partidos que apoyan políticamente la violencia y el terrorismo) y la cooperación internacional”. No obstante, advierte que el entorno de la banda y otros dirigentes políticos vascos buscan envolvernos en un “lenguaje almibarado” que habla de reconciliación, de perdón, de reconocimiento de las víctimas. Con lo cual “corremos el riesgo de caer en ese lenguaje tramposo, fraudulento, que sólo ha dado legitimación histórica al terrorismo”. “¿Yo con quién tendría que reconciliarme? Si aquí no hay un conflicto político, aquí existen unos asesinos y unas víctimas. ¿Perdón?, es una palabra trufada, el perdón es algo personal e íntimo. ¿Víctimas?, sus víctimas son terroristas capturados por la justicia al cometer delitos”, sentencia. Múgica dice que no le interesa el debate en torno a las exigencias de ETA. Para él lo importante es la “agenda en la que se aborde el tema de los más de 300 casos de asesinatos que siguen impunes, sin sentencia judicial; o hablar de los más de 100 mil vascos que tuvieron que abandonar este país por motivo de la violencia. ¿Cómo recuperamos sus derechos ciudadanos?”. Se refiere al informe del Observatorio Contra la Impunidad, creado por colectivos de víctimas del terrorismo, el cual arrojó que del total de los casi 950 asesinatos atribuidos a ETA, en la etapa de la democracia española (a partir de 1976) se cometieron 782, de los cuales 40% carece de sentencia judicial y por tanto sigue impune. De estos 314 casos sin sentencia judicial, 134 ya prescribieron.   El odio   Romina Echavarri, dependiente de una tienda en el casco viejo de San Sebastián, se dice ajena a la política, y aunque se muestra en desacuerdo con “las bombas y los asesinatos” cree que “los españoles” deben reconocer “la independencia de Euskal Herria, porque todo lo imponen desde Madrid”. Aunque es parca en sus respuestas, reconoce que “se ha vivido mucho dolor en el País Vasco”, pero cree que ahora llegó la hora de “pasar página”. Echavarri sostiene que en su círculo de amigos hay “desde obreros, estudiantes y alguno de Amaiur; de todos los colores”. Por ello, la mejor forma de convivencia ha sido “mejor no hablar de política y sólo divertirnos”. Dice que nunca hablaron abiertamente de esa regla. “No. Mejor así”, comenta. Al igual que Semper, Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, y los periodistas y escritores Florencio Domínguez y José María Calleja, coinciden, en entrevistas por separado, que se dio un primer paso: el anuncio de ETA de deponer las armas. Pero todos advierten que aún falta la disolución del grupo vasco, la condena del terrorismo por parte de Amaiur y sobre todo el inicio del largo y doloroso proceso para extirpar el odio. “Llegamos al punto de abrir las ventanas y que se ventile la habitación, que estaba oliendo fatal; que entre el aire y se vayan los odios. Porque sigue habiendo muy arraigados estratos de odio, donde el asesinato era la máxima expresión de ese sentir”, dice José María Calleja, periodista amenazado por ETA que desde 1995 ejerció su actividad escoltado. Exultante aún por haber podido votar el 20 de noviembre sin escolta –“fue una sensación emocionante llegar al colegio electoral y descubrir que no estaba blindado de policías y agentes de civil, y entrar al casco viejo, donde antes no podía poner un pie”– Calleja añade: “Ahora viene una etapa de largo aliento, fomentar políticas de convivencia y que se haga un relato acorde con lo que ha pasado, que no da igual haber matado que haber sido asesinado, esto no es un empate entre dos cosas iguales”. Florencio Domínguez –quien describe el comunicado de ETA como “el anuncio oficial” de un declive que se inició en 2001– tercia: “A 70 años de la Guerra Civil en España todavía tenemos problemas derivados de aquella historia. Por tanto las consecuencias del caso vasco tardarán muchísimo. Va a ser un proceso duro y no tiene remedio, tenemos que confirmar la desaparición de la violencia, el funcionamiento de los sistemas democráticos y ver cuál será el relato, qué memoria colectiva va a quedar de esta historia, ¿la de los que justificaron los asesinatos y actos terroristas?”, se pregunta. Precisa que si bien existen “etarras presos arrepentidos”, no hay una “revisión autocrítica, política o de principios por parte de la organización” y eso provoca “el riesgo de que la historia que justificó el terrorismo permanezca en un sector de la población”, lo que “sería la brasa para otro futuro terrorismo”. Domínguez –director editorial de la agencia Vasco Press– percibe que en el nuevo escenario “quien lleva prisa” por la resolución de temas como los presos son las nuevas derivaciones políticas de la vieja Batasuna. “Si tardaron 53 años en poner fin a las armas, no pasa nada por esperar unos meses para comprobar que no haya rupturas en la banda, que es irreversible el paso a su fin y a la violencia. Sin embargo, la prisa de ETA es porque tienen la mira puesta en las elecciones autonómicas de 2013, pero no se pueden dar el lujo de exigir nada”. El presidente de la Asociación Nacional de Escoltas, Vicente de la Cruz es más bien escéptico sobre el comunicado “porque la experiencia nos dice que la banda armada mueve sus intereses en función de sus posibilidades. Ahora ante su debilidad ETA se decantó por impulsar que Amaiur llegue a las elecciones autonómicas vascas para tratar de alcanzar una mayoría nacionalista que les permita una declaratoria unilateral de independencia, lo cual sería un pulso muy grave para España”. El especialista en seguridad basa sus dudas en el hecho de que “ETA no ha apostado por la paz duradera”, porque “sabemos que al interior de la banda hay una discusión aún hoy día entre los que pretenden regresar a la acción armada y los que apuestan por frenar las armas”. No obstante De la Cruz señala un signo real del declive de la banda armada: la disminución en los servicios de escoltas para la seguridad en esa región de España. En la etapa de mayor auge, dice, hasta dos mil 400 de los cinco mil escoltas civiles que había en el país se concentraban en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Custodiaban a funcionarios, jueces, parlamentarios, empresarios y periodistas, entre otros. En los dos últimos años se ha prescindido de 700 escoltas, 400 de ellos en septiembre pasado. “Teníamos prevista esa disminución en nuestros escenarios; en mayo próximo, cuando concluya el contrato con los ministerios del Interior del Estado y del Interior del País Vasco, se reducirá 60% o 70% más, con lo cual saldrán otros mil 200 escoltas”. En su opinión, la parte más difícil del caso vasco será regresar a la normalidad social. “Lo veo muy complicado, tienen que pasar tres generaciones para que el País Vasco regrese a la normalidad”, pero ello depende de reformas en sectores como el de la educación porque “en algunos pueblos del País Vasco se educa a los niños en el odio: el que no piensa igual, el que no es como los míos, es visto como enemigo”. Semper, quien en las recientes elecciones aún tuvo dificultades para nombrar candidatos del PP en algunos pueblos guipuzcoanos debido al ambiente opresivo en el mundo abertzale, dice que le preocupa el futuro del País Vasco. “Me preocupa que como sociedad no cerremos correctamente la etapa del terror. Yo tengo un hijo de seis años y no quiero que cuando tenga 18 viva en una sociedad en la que, en alguna circunstancia, utilizar el terrorismo sea justificado. Y esa etapa se cierra exigiendo que Amaiur y la izquierda abertzale renieguen del pasado terrorista”. “Vivimos en una sociedad en la que ETA ha hecho mucho daño. Ha asesinado a más de 900 personas, pero también ha introducido el odio en una parte de la sociedad que durante años creyó, justificó y defendió la violencia. Una parte de la sociedad a la que se le dijo que asesinarme a mí estaba bien, que era una herramienta política aceptable”, dice finalmente este joven dirigente, a quien aún cuidan escoltas.