BOGOTÁ (apro).- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresaron el viernes 9 su beneplácito por el interés del entrante gobierno de México de apoyar el proceso de paz que desarrolla ese grupo guerrillero con las autoridades colombianas y el cual arrancará en firme el próximo jueves 15 en La Habana, Cuba, con el inicio de negociaciones entre las partes. En declaraciones a Apro desde La Habana, el vocero y negociador de las FARC en los diálogos, Andrés París, sostuvo que la organización insurgente observa “con buenos ojos la reiterada y antigua postura de México de apoyar los diálogos de paz en Colombia”. A diferencia del presidente Felipe Calderón, que ha guardado silencio ante el proceso de paz –en contraste con el apoyo expresado por la comunidad internacional--, el mandatario electo de México, Enrique Peña Nieto, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, ha manifestado su deseo de respaldar los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC. El coordinador del equipo de transición del futuro presidente mexicano, Luis Videgaray, dijo que Peña Nieto “quiere estar cerca, acompañar, respaldar y ser un factor de colaboración para que este proceso de paz que es tan importante para Colombia, pero también a toda la región, y eso incluye a México, sea muy exitoso”. París valoró esa declaración, formulada durante la visita de Peña Nieto a Colombia, el 18 de septiembre anterior, y la consideró la vuelta de México a su tradición de acompañar y facilitar diferentes procesos de paz en la región, desde los centroamericanos en los setenta y ochenta, hasta los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano en 1992, que tuvieron como sede a Tlaxcala. “No descartamos ir a México y contar con México en cualquier etapa del proceso”, señaló el vocero de la FARC desde La Habana, donde se encuentra como parte del equipo de negociadores de la organización guerrillera que iniciará diálogos de paz con representantes del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además de París, el grupo de negociadores de las FARC estará integrado por el comandante Iván Márquez, Rodrigo Granda, Jesús Santrich, Marco León Calarcá y la guerrillera de nacionalidad holandesa Tanja Nijmeije, conocida como Alexandra en las filas insurgentes. El gobierno colombiano estará representado en la mesa de negociaciones por el exvicepresidente Humberto de la Calle; el comisionado de paz, Sergio Jaramillo; el consejero para la reintegración, Frank Pearl; el líder empresarial Luis Carlos Villegas, y los generales retirados Jorge Enrique Mora, del Ejército, y Oscar Naranjo, de la Policía Nacional. Naranjo será un factor vinculante con el entrante gobierno mexicano pues, además de fungir como negociador oficial en el diálogo con las FARC, se desempeña como asesor externo de Peña Nieto en materia de seguridad. Proceso complejo El dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), Carlos Lozano, un profundo conocedor de las FARC, consideró que la negociación que se iniciará en La Habana constituye un hecho histórico para su país después de una década de guerra frontal ininterrumpida durante la cual la guerrilla sufrió fuertes golpes –como la muerte de su máximo comandante, Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011—, mientras que el gobierno, a pesar de sus éxitos en el campo de batalla, llegó a la conclusión de que el fin de conflicto requiere una salida política ante la inviabilidad de imponer una solución militar. “Después de los diálogos del Caguán (que se rompieron en 2002), creo que el solo inicio de esta negociación es un paso importante, algo histórico, pero hay que reconocer que arranca con posiciones muy distantes que tendrán un efecto real sobre el proceso. Este va a ser un proceso difícil y complejo, en el cual tenemos que ayudar todos los colombianos”, señaló el director del periódico del PCC, Voz, y dirigente de Marcha Patriótica, un movimiento político y social a través del cual podrían participar en la vida política los integrantes de las FARC, en caso de que el proceso de paz concluyera de manera exitosa con la desmovilización de la guerrilla. De acuerdo con el abogado, quien conoce a varios de los actuales comandantes de las FARC que militaron en el PCC antes de adherirse a la lucha armada, “si aspiramos a resolver el conflicto colombiano en su componente militar por la vía del diálogo, por la vía amistosa, por la vía pacífica y democrática, pues hay que ser tolerante, hay que saber escuchar al otro. “La guerrilla tiene que aprender a escuchar al gobierno, el gobierno tiene que aprender a escuchar a la guerrilla, y ambos tienen que aprender a escuchar a la sociedad civil. De eso se trata, si realmente hay interés de construir un nuevo país”, planteó Lozano, quien discrepa con las FARC en la vía armada como forma de lucha. Luego de 48 años de conflicto armado interno y varios procesos de paz que resultaron fallidos --en 1984 en el suroriental departamento del Meta; el de Tlaxcala, en 1992, y los del Caguán, entre 1998 y 2002—, amplios sectores del país se encuentran escépticos ante los diálogos que se iniciarán en La Habana, aunque la mayoría de colombianos respalda los encuentros. Según una encuesta de Gallup Colombia del 31 de octubre, cerca de 72% de los colombianos está de acuerdo con negociar la paz con las FARC, pero sólo 39% de los consultados considera que las negociaciones alcanzarán un final exitoso. De igual manera, 65 de cada cien ciudadanos de este país consideran que el diálogo es la mejor manera de solucionar el conflicto armado, y sólo la tercera parte respalda una salida militar. Moderado optimismo Entre los críticos más acérrimos del proceso de paz con las FARC se encuentra el expresidente Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuyo gobierno desató una fuerte ofensiva militar contra esa guerrilla y el que sostiene que esa organización es un grupo “terrorista” al que el Estado colombiano nunca debió reconocer como interlocutor político. La presencia de los generales Mora y Naranjo entre los negociadores oficiales del gobierno constituye un gesto a las Fuerzas Armadas y policiacas que emprendieron la guerra contra las FARC en los últimos años. “Los uniformados tienen que respaldar a su jefe, el presidente Santos, que es el que está empeñado en esto, pero yo a este proceso no le veo futuro”, dijo el general retirado Harold Bedoya, un militar de línea dura que apuesta por una salida militar al conflicto. En cambio los empresarios colombianos se inclinan en forma mayoritaria –según Gallup, en un porcentaje superior a 77%-- por negociar la paz, aunque 46 de cada 100 no cree que se logrará un acuerdo. Ellos también tienen en la mesa de negociaciones a un connotado representante, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Luis Carlos Villegas. “Desde el punto de vista empresarial hay un cierto grado de escepticismo frente al proceso por las experiencias anteriores (que culminaron con la reanudación de la guerra), pero también hay una clara conciencia, en el sentido de que aquí hay una oportunidad y esa oportunidad hay que permitírsela al país”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, Javier Díaz Molina. De acuerdo con el dirigente empresarial, “los conflictos armados se pueden ganar o perder pero también hay una tercera vía: se pueden resolver por el camino de la negociación política, y creo que si uno logra esa tercera vía, gana el país, ya que los costos de esta guerra son muy altos por las vidas que se pierden. “Es por eso que los empresarios respaldamos el proceso y le damos toda nuestra colaboración y ayuda. El apoyo político al gobierno en este proceso es total”, sostuvo Díaz Molina. Según estimaciones de grupos humanitarios, a lo largo de los 48 años de conflicto armado interno que ha vivido Colombia se han registrado unas 92 mil muertes y más de 4 millones de campesinos han sido desplazados. El presidente Santos, vocero único del gobierno en el proceso de paz, ha dicho que asume estas negociaciones “con moderado optimismo pero desde el absoluto convencimiento de que es una oportunidad que no podemos desaprovechar para alcanzar una paz que no sólo conviene a los colombianos, sino al mundo entero". Primer escollo Los diálogos en La Habana iniciarán el jueves 15 con la negociación del punto número uno de la agenda acordada por las partes: política de desarrollo agrario integral, que para muchos analistas es el nudo gordiano del conflicto armado en Colombia. Para el investigador del grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos de la Universidad de Antioquia, Germán Darío Valencia, el problema agrario es un factor central del conflicto armado y su solución es necesaria para terminar la guerra interna en este país, la cual tiene un origen rural y campesino, igual que las FARC. “El abordar la cuestión agraria como primer punto de la agenda tiene una gran ventaja, ya que es clave para el éxito del proceso. De lograrse consenso sobre el tema, se podrían abordar con mayor facilidad los otros cuatro puntos de la agenda (participación política de la guerrilla, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y reparación a víctimas). “En este conflicto hay 4 millones de desplazados, la mayoría proceden del campo y muchos de ellos buscan una devolución de tierras despojadas y programas de apoyo económico para el sector rural”, sostuvo el catedrático. El vicepresidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) de Colombia, Rafael Mejía, coincidió en que el tema fundamental en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC será el agrario y advirtió que esa guerrilla debe entender que el único camino que le queda es la paz. El dirigente del organismo que agrupa a todos los gremios empresariales colombianos sostuvo que ese es el asunto que más incidirá en las negociaciones, aunque descartó que la solución del problema rural pase por una reforma agraria. “Aquí nunca se ha hablado de una reforma agraria que lleve al final del conflicto. La reforma agraria tuvo su momento hace muchísimo años. Aquí hay muchísima tierra ociosa en manos del mismo gobierno porque se la ha incautado al narcotráfico o a los paramilitares”, afirmó el vicepresidente del CGN y dijo que con esas tierras y con programas de apoyo social y productivo a los campesinos es factible resolver el problema agrario, la base del conflicto armado. El año pasado, el Congreso colombiano aprobó una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que está vigente y que busca dotar de predios rurales a los desplazados del conflicto. Según estimaciones del presidente Santos, el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras requerirá de más de 22 mil millones de dólares –cifra equivalente a casi 7% del PIB-- en los próximos 15 años por concepto de reparaciones, reparto de predios, desarrollo social y apoyos productivos a los campesinos, principales víctimas del conflicto armado. “Los empresarios sabemos que hay mucho en juego en esa mesa de negociaciones, pero la paz es factible y el país está empeñado en que esto salga adelante. Harán falta muchos recursos, pero confiemos”, sostuvo Mejía, quien además de ocupar la vicepresidencia del CGN es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SGC). Para las FARC es imprescindible una reforma agraria, mientras que el gobierno estima que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras brinda el marco jurídico propicio para resolver el asunto rural, por lo que la negociación del tema constituirá la primera prueba de fuego de este proceso. Acompañamiento Cuba, país sede de las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua de América Latina, es garante del proceso junto con Noruega, mientras que Venezuela y Chile fungen como naciones acompañantes. Para Lozano, “la ayuda de estos países será muy importante, pero para el éxito del proceso se va a requerir que los voceros de las FARC y del gobierno encuentren un punto medio de acuerdo hacia una paz con democracia y justicia social. No va a ser fácil ni va a ser tan corto como pretende el gobierno, que ha hablado de meses”. El integrante del Comité Ejecutivo Central del PCC sostuvo que el trasfondo de “realismo” tanto de las FARC como del gobierno constituye un elemento positivo, ya que la guerrilla “entiende, y tiene que entenderlo, que el marco del conflicto ha cambiado, que llega a la mesa de negociaciones con fuertes golpes y debilitada militarmente”, mientras que el presidente Santos (quien fue ministro de Defensa de Uribe Vélez entre 2006 y 2009) sabe que los insurgentes “no están derrotados ni acabados y que el fin del conflicto se debe negociar”.